El río Caura es el tercero más caudaloso del país, y en ese entorno conviven las etnias ye’kuana y sanema. Foto: laparaulata
Por Natalie García
Correo del Caroni, 22 de octubre, 2012.- Las organizaciones Kuyujani y Medewadi denuncian atropellos a los que son sometidas las etnias ye’kuana y sanema por parte del Ejército. Desde 2006, con la penetración de mineros ilegales en el Caura, el Gobierno ha establecido planes destinados a evacuarlos de la zona, un importante pulmón vegetal.
Sin embargo, lejos de esa meta, tales programas, principalmente el Plan Caura, se han convertido en maquinarias represivas para los indígenas, según denuncian las organizaciones Kuyujani y Medewadi.
La minería ilegal sigue desangrando el corazón de uno de los pulmones vegetales más importantes de Venezuela: el Caura. Su acción en la zona del río Yuruani no sólo implica devastación ambiental; también es una influencia nefasta para las 48 comunidades indígenas aledañas que han visto cómo en menos de una década su población emigra en torno de una actividad contraria a su cosmogonía.
La Fundación Kuyujani lo sabe y por eso lanza constantes alertas sobre lo que ocurre. La última denuncia fue hecha en agosto ante todas las instituciones competentes incluyendo la cancillería y las embajadas de Brasil, Guyana y Colombia, por estar incursos ciudadanos de esos países.
Asdrúbal Sarmiento, presidente de la organización que defiende el territorio de los indígenas ye’kuana y su cultura, detalla que todos sus reclamos parecen haber sido pasados por alto. Mientras esto ocurre, los mineros avanzan en destrozos y daños a los aborígenes.
“La situación con la minería sigue igual. Ahora debe haber unos 500 mineros en el Yuruani y más de 30 máquinas. Estamos en espera de que el Ministerio del Ambiente nos diga algo, pero ya nos han informado que no hay presupuesto y que es competencia del ministerio en el estado”.
Explica el directivo que por más esfuerzos que han hecho para frenar la devastación no han conseguido apoyo. Sólo los investigadores y las ONG parecen prestarle atención a un problema tan grave en un área protegida por cinco figuras jurídicas, una de ellas reserva forestal.
Ineficacia gubernamental
La entrada de los mineros a la zona inició en 2006. Desde entonces, el gobierno ha desplegado varios planes para combatirlos sin lograrlo. Los dos proyectos más grandes fueron: la reconversión minera, que pretendía sacar a los explotadores y hacer que estos se dedicaran a otros oficios, y el Plan Caura, implementado desde abril del 2010 y que desalojó solo a una parte de los ilegales.
Para llegar al Yuruani, en el municipio Sucre del estado Bolívar, hay dos caminos. El primero por Maripa, capital de la localidad, donde está el bajo Caura. Allí se navegan seis horas hasta el Playón, dependiendo del caudal del río, y desde allí son dos horas caminando por la selva hasta el alto Caura en el salto Pará. Luego se requieren seis horas más en curiara y otras tantas de caminata hasta llegar al campamento.
Entre el bajo Caura y el alto Caura hay tres puntos de control: el primero en el sector Jabillal, próximo a Maripa, en que está el Ejército, la Guardia Nacional y la Armada. Hay un segundo control en el Playón, comunidad ye’kuana, y un último puesto en salto Pará.
La segunda ruta para llegar a los yacimientos es por La Paragua, en el municipio Angostura. Sarmiento asegura que este camino es más corto y el que carece de controles. Las máquinas para la minería son introducidas por allí.
Aunque hay un camino con puestos de control y otro que no tiene, muchas personas optan por el primero. Los indígenas han hablado con los superiores de los puestos para preguntarles el porqué de la ineficacia de los controles, y la repuesta es “lavarse la manos”.
“Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos ¿Por qué habiendo tres puestos de control los mineros ilegales siguen subiendo? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto que nunca obtenemos respuestas?”, señala Asdrúbal Sarmiento.
Peligro indígena
Por su parte Ramón Tomedes, presidente de la Fundación Medewadi encargada y ex presidente de Kuyujani, considera que la situación es muy grave y se subestima el problema, ciñéndolo solo al tema ambiental, aunque va más allá.
“Yo temo un genocidio. Las comunidades abandonan su territorio, los jóvenes se van a la mina. Se le enseña al indígena un oficio al que no está acostumbrado y que no es parte de su cultura. Las comunidades están desapareciendo y hay contaminación”.
Para este líder ye’kuana los “criollos” y los extranjeros que ejercen la minería están propiciando la desaparición de los habitantes indígenas locales para poder trabajar a sus anchas, sin testigos ni impedimentos.
Durante este fin de semana esto fue objeto de análisis por parte de los capitanes de las comunidades, quienes se reunieron en torno a esa preocupación, el abandono de los poblados y la emigración de los miembros jóvenes en busca de dinero en detrimento de su cultura.
“Ya no hay danza, no hay canto, no hay cultura y esto nos afecta mucho. Hay una tendencia de las comunidades a buscar las minas, el dinero y se pierde todo lo demás. Los capitanes estamos decepcionados, porque la minería es una mala influencia. En el caso de los sanema, consideramos que son muy vulnerables ante lo que pasa y pueden desaparecer de la zona. Yo reitero que temo un genocidio”.
Vista gorda
Sobre la actuación militar en el lugar, Tomedes también opina que ha sido nula y más que controlar se ha prestado para “legalizar” la minería y criminalizar a los indígenas que son víctimas constantes de atropellos.
“Pareciéramos estar en la frontera. A los indígenas, que son los que menos tienen, los revisan, los humillan, le decomisan las cosas aún teniendo factura y por más que conversamos con el comandante, esto no para. Yo considero que para entrar a mi casa no necesito permiso, y el Caura es nuestra casa. Muchas cosas no salen a la luz pública, pero es la realidad”.
Añade el representante de Medewadi que a todo esto se suma el contrabando de combustible que alimenta la explotación minera. “Los tambores son transportados en la noche los traen desde Mapire, (ubicada a orillas del Orinoco en Anzoátegui) son 10 y 20 mil litros que pasan a pesar de los controles”.
“¿A quién podemos acudir? ¿Si denunciamos a los militares pasará algo? Lo dudo. Hay controles pero se atropella al indígena y se olvidan del combustible. El Plan Caura persigue a los indígenas, no a los mineros”, lamenta Tomedes.
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Importancia globalEl río Caura es el tercer río más grande de Venezuela, y el segundo principal tributario del río Orinoco. Su longitud es de 725 kilómetros, y su cuenca está protegida por cinco figuras jurídicas, entre ellas la de reserva forestal con una superficie de 5 millones de hectáreas. Hasta hace poco se podía decir que los bosques del Caura eran los más vírgenes de toda la América. Su preservación está en riesgo de que se dejara penetrar la minería ilegal que está menoscabando el ambiente y la calidad de vida de los indígenas. La explotación del oro incluye el uso de mercurio, metal pesado cuya exposición genera afectación en humanos y especies animales y vegetales |
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