Servindi, 6 de octubre, 2011.- “La demarcación del hábitat y tierras es la principal política pública que el gobierno nacional debería desarrollar en los pueblos y comunidades indígenas”, manifestó el abogado Luis Bello, en un conversatorio sobre este tema.
En el evento fue organizado por la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Territorio Habitado por Indígenas, del Parlamento indígena de América, Grupo Parlamentario Venezolano (PIA-GPV).
El mismo fue instalado por los diputados José Gregorio Díaz Mirabal, presidente de la citada comisión; y José Luis González, primer vicepresidente de PIA-GPV; y presidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional.
Asimismo, Lilibeth Montes acudió en nombre del vicepresidente de la República, Elías Jaua, coordinador de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas.
Territorios indígenas deben ser demarcados
En su disertación, Luis Bello recalcó que la demarcación es una política pública con base constitucional (Art. 119 de la Constitución), donde se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la demarcación de sus tierras.
Explicó que tras el arranque inicial en que se avanzó en la construcción de la normativa legal y administrativa, el proceso de demarcación entró en una fase de estancamiento, sobre todo en el año 2009.
Bello dijo que hasta ahora sólo se ha demarcado una ínfima parte de las áreas ocupadas por los indígenas, apoyándose en datos suministrados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades indígenas.
Contó que se han otorgados 40 títulos que benefician a unas 73 comunidades – entre ellas los pueblos Kari´ña, Pumé, Jivi, Cuiva, Warao y Yukpa – ubicadas en los estados Apure, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia.
Criticó que estados como Amazonas y Bolívar, donde existe gran cantidad de pueblos indígenas, no hayan iniciados las aperturas de los expedientes por parte de la Comisión Regional, aun cuando los pueblos y comunidades han cumplido con la demarcación.
De las tres mil comunidades censadas por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas sólo un tres por ciento han sido demarcadas y tituladas, explicó.
De ese tres por ciento, hay comunidades que han objetado el título otorgado por el Estado alegando inconstitucionalidad, como es el caso de la comunidad Kari´ña Palital del estado Anzoátegui.
Participación de voceros
Al término de la ponencia del doctor Bello se abrió un debate sobre el tema de la demarcación del hábitat y tierras indígenas, en la que voceros de los pueblos Warao, Bari, Yuckpa y Baré, Wayuu, Pemón, Kari’ña, entre otros, expresaron su preocupación por el estancamiento en estos procesos.
Los voceros plantearon la necesidad de consolidar la unidad del movimiento indígena y asumir la corresponsabilidad en el proceso de demarcación, para poder avanzar, pues reconocen que es una labor que corresponde tanto al Estado como a las comunidades y sus organizaciones.
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