Video de la muerte del líder indígena Simião Vilhalva, en Mato Grosso do Sul.
Por Jean Chicana
Servindi, 25 de setiembre, 2015.- La ausencia de políticas firmes de parte del gobierno de Brasil para demarcar tierras y la codicia de los empresarios, agricultores, madereros y acaparadores de tierras son las principales causas del aumento de la violencia contra los pueblos indígenas.
Según la última denuncia realizada por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), el miércoles 23 de setiembre un grupo de hombres armados atacó una furgoneta escolar que transportaba alumnos del pueblo Pataxó de la Tierra Indígena Comexatibá, residentes en la aldea Cahy.
De acuerdo a la información del periodista Luis Miguel Modino, los atacantes detuvieron el vehículo con una barricada en la carretera para luego disparar indiscriminadamente.
No se reportaron víctimas mortales, ya que los estudiantes pudieron huir rápidamente y esconderse en medio de la floresta. No obstante, los pistoleros se ensañaron con la furgoneta y la incendiaron.
Más ataques
El pueblo Pataxó de la aldea Cahy, ubicada en el municipio de Prado, donde residen al menos 72 familias, viene sufriendo un acoso constante por parte de empresarios y terratenientes desde el 11 de agosto, tal como lo denunció la Asociación Nacional de Acción Indígena (ANAI).
En el primer ataque, un grupo de hombres armados invadió la aldea, incendió las chozas y disparó contras las casas de barro. Los días siguientes hubo casos de pistoleros en motocicleta disparando contra las viviendas.
El 7 de setiembre, el CIMI condenó un ataque perpetrado contra un vehículo que trasportaba al cacique de Cahy y a otros tres indígenas cuando regresaban de una reunión desde la aldea Mukuje.
Aunque no hubo heridos que lamentar, los nativos expresaron que estos actos corresponden a represalias de los empresarios que ambicionan sus territorios.
A fines de julio de este año, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) publicó el Informe Circunstanciado de Identificación y Delimitación de la Tierra Indígena Mexatibá donde reconoció poco más de 28 mil hectáreas para la demarcación.
Este hecho sería una de las causantes del hostigamiento empresarial, además de la existencia de disputas legales entre la FUNAI y algunos empresarios, como es el caso de la demanda contra Catarina Azevedo Pompeu, a quien se le acusa de tener propiedades sobre territorios indígenas.
Es importante mencionar que a finales de agosto, algunas autoridades locales del municipio de Prado y el estado de Bahía se reunieron con José Eduardo Martins Cardozo, ministro de Justicia, para exigirle mejoras en el procedimiento de la demarcación de tierras indígenas.
Vivienda en la aldea Cahy luego del incendio perpetrado por desconocidos. Foto: cimi.org.br
Guaraníes - Kaiowá
Los hechos de violencia también acontecen en el estado sureño de Mato Grosso do Sul, en la frontera con Paraguay, donde el pueblo Guaraní-Kaiowá está siendo el más amenazado.
El pasado 30 de agosto, en la hacienda Primavera, localizada en el municipio de Antônio João, se reportó el asesinato de Simião Vilhalva, líder Guaraní-Kaiowá, cuando intentaba defender las tierras recuperadas por su comunidad.
Trascendió que los nativos venían reclamando al Estado la finca Ñanderu Marangatu, de casi 9.500 hectáreas de extensión, en disputa con los hacendados desde hace una década, sin que el Tribunal Supremo dé una solución.
El CIMI denunció que los terratenientes se sirven de “fuerzas paramilitares” que operan en la región de frontera con “impunidad” y “complacencia” de las autoridades brasileñas.
Denuncia ante la ONU
Para denunciar la amenaza extrema que viven los indígenas brasileños a raíz de su demanda de territorios, Eliseu Lopes, líder Guarani-Kaiowá participó de la 30ª Sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se celebró el pasado 22 de setiembre en Ginebra, Suiza.
Lopes denunció que entre 2003 y 2014, fueron asesinados 390 indígenas sólo en Mato Grosso do Sul, además de otros 707 casos de suicidio desde el año 2000 al 2014.
Asimismo, expresó que están cansados de esperar y no confían más en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pues el Gobierno, sostuvo, sólo defiende los intereses de las grandes empresas y terratenientes, que envían pistoleros para atacar y matar sin piedad.
Por ello, Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a las autoridades brasileñas tomar medidas en el caso, para evitar nuevas expulsiones y demarcar correctamente todos los territorios indígenas.
Al finalizar su discurso, Lopes entregó el documento “Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil – 2014”, elaborado por el CIMI, para representantes de la Santa Sede, la Unión Europea, el Alto Comisionado y Relatores Especiales de la ONU sobre Derechos Indígenas.
Eliseu Lopes, líder Guarani-Kaiowá, en la 30ª Sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Foto: cimi.org.br
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