Servindi, 4 de julio, 2011.- El pasado 29 de junio el defensor indígena Rafael Rodríguez Dircio fue detenido por la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y llevado a una prisión de Ayutla de los Libres, en Guerrero.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que la detención de Rodríguez Dircio es ilegal y que lo acusan falsamente de un delito que no cometió.
El además integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) enfrenta una acusación basada en pruebas que han sido consideradas ilegales e inconsistentes en al menos diez casos similares anteriores.
Rodríguez Dircio se encuentra actualmente a disposición del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla, Licenciado Inocente Garduño Magallón. El martes 5 de julio se determinará si se le dicta auto de formal prisión o libertad.
Se trata de la misma acusación por la que fueron detenidos cinco integrantes de la OPIM el 17 de abril del 2008. Entre ellos se encontraba Raúl Hernández Abundio, prisionero de conciencia defendido por Amnistía Internacional y que permaneció encarcelado hasta agosto de 2010.
Además, otros cinco integrantes e la OPIM obtuvieron el amparo de la justicia federal frente a la misma acusación.
Los principales testigos que sostienen la causa penal fueron demolidos en el proceso que siguió al de Raúl Hernández Abundio, dejando en evidencia la falsedad de sus acusaciones.
La detención de Rafael Rodríguez Dircio, es una muestra de la persecución que sufren los defensores indígenas.
Y el hecho ocurre a tres días de realizada la audiencia de supervisión de las medidas provisionales dictadas por la Corte interamericana de Derechos Humanos a favor de ciento siete defensores de derechos humanos en Guerrero.
Si bien la acusación contra el defensor Me’phaa fue gestada en el anterior gobierno de Guerrero, se trata de una prueba para la gestión actual de Ángel Aguirre Rivero y el nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Por las razones expuestas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exige la excarcelación inmediata de Rodríguez Dircio durante el plazo constitucional.
Además, “que el ejecutivo y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero reconozcan la labor fundamental de los defensores de derechos humanos en una sociedad democrática”.
En consecuencia, que “busquen mecanismos jurídicos que conlleven a poner en libertad al defensor indígena Rafael Rodrìguez Dircio”.
También solicitaron que “el poder judicial se apegue a los principios de imparcialidad e independencia y sobre todo tome en consideración que los testimonios y demás probanzas que sirvieron de base para sustentar la acusación han quedado totalmente desvanecidas”.
Por último pidieron que “no se siga criminalizando a las defensoras, defensores y luchadores sociales en el Estado de Guerrero”.
Añadir nuevo comentario