Servindi, 20 de noviembre, 2008.- Una multitudinaria movilización indígena entregó ayer una propuesta de Ley de Agua al coro de "¡Correa, escucha, el agua no se vende... el agua se defiende!".
La marcha fue organizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sus filiales ECUARUNARI, CONAICE y CONFENIAE.
Se trató de aproximadamente 10 mil hombres y mujeres que llegaron a los Páramos del Cajas, en los límites de Imbabura y Pichincha con la exigencia de que el estado garantice el pleno ejercicio del derecho al agua.
Los Páramos del Cajas es un lugar de valor simbólico pues representa a muchos sitios que dan nacimiento al agua, que fecundando la tierra y generando vida a través de los Andes, llega al Océano Pacífico y a la Amazonía.
Se espera que la propuesta indígena sea aprobada por la Comisión Legislativa Nacional, al amparo de la nueva Constitución Política que reconoce que el agua es un derecho humano fundamental.
La citada propuesta legislativa recoge el carácter imprescriptible y universal del derecho humano al agua, de la cual derivan otros derechos como el de la alimentación, salud, trabajo y los derechos culturales.
Asimismo, se señala que el agua es uno de los factores determinantes para la soberanía alimentaria.
La construcción de la propuesta siguió un proceso de amplia participación comunitaria y organizativa de todo nivel.
La Ley de Agua se fundamenta en el derecho internacional sobre los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos ambientales, de la naturaleza y las generaciones futuras.
La propuesta se apoya además en instrumentos internacionales de respeto obligatorio para el Estado Ecuatoriano.
Marlon Santi, Presidente de la CONAIE, afirmó que "este día es importante porque hace ver la realidad y la presencia del movimiento indígena, rica de un pasado, fuerte en el presente y proyectada al futuro del país. Esto implica la integración y aplicación de la plurinacionalidad", señaló.
La acción pública también ratificó su rechazo a la Ley Minera, a la que calificaron de inconstitucional y violatoria de derechos.
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