Argentina: Agresiones sistemáticas al pueblo indÃgena en la provincia de Salta

José Galarza, cacique Wichí impactado por 40 balas de goma en Salta. Foto COPENOA

Por Agencia de Noticias del Norte Argentino (COPENOA)

07 agosto 2007.- El Estado salteño está quebrando sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas. Desalojos violentos, depredación del medio ambiente en tierras habitadas originariamente por pueblos indígenas son una constante en la provincia del Gobernador Juan Carlos Romero.

La Agencia de Noticias relata algunos de los innumerables casos de violaciones a los derechos de los pueblos originarios en la provincia de Salta, los que están siendo sometidos a vivir en extrema pobreza, desnutridos y sin servicio de educación.

Comunidad Ava Guaraní El Tabacal

A principios del mes de septiembre del 2003 las familias de esta comunidad decidieron recuperar sus tierras conocidas como La Loma de donde habían sido desplazados por el Ingenio San Martín. Poco después, el 16 de septiembre, fueron desalojados mediante una brutal represión policial, sin orden judicial escrita, como consecuencia de una denuncia por usurpación realizada por el Ingenio San Martín, hoy en manos de la multinacional Seabord Corporation.

Se llevaron niños detenidos y muchas personas permanecieron presas durante una semana. Las 5000 hectáreas, reclamadas como propias al Ingenio, eran habitadas por los Avá Guaraní desde tiempos inmemoriales. A partir de la década del 40, por acción del Ingenio, comenzaron a ser desplazados compulsivamente.

Aún así, los pobladores originarios, instalados en la vecina localidad Hipólito Irigoyen, continuaron haciendo uso de las tierras, tanto para la caza y la recolección de leña como para visitar a los antepasados que descansan en el cementerio allí ubicado. En una situación similar a la aquí descripta se encuentra la Comunidad Río Blanco.

Wichí muere abandonado por falta de asistencia médica

La Comunidad aborigen de la Misión Emmanuel 'Dios con Nosotros', de Saravia Departamento de Anta habían solicitado al Intendente de Apolinario Saravia, Samuel Cabrera que trasladara urgente al hospital de Saravia, al aborigen Juan Brete que se encontraba en estado grave.

Así lo confirmaron a Copenoa el Dirigente Wichis Santos Ríos y el Cacique Sixto Gray afirmando que el Intendente de Apolinario Saravia abandonó a Juan Brete que falleció tirado en su choza, esperando el traslado.

Los dirigentes acreditaron con numerosas notas el pedido al Intendente Cabrera de hacer transitable el camino que una la misión distante a 25 kilómetros de Saravia, donde viven 57 familias de escasos recursos y con discapacidad física.

40 balazos de goma para un anciano

El juez provincial del Distrito Norte, Nelson Aramayo había dado lugar a una denuncia radicada por un empresario que aducía que los wichis habían retenido una camioneta del empresario. Aramayo no escuchó a los indígenas que planteaban que el hacendado alambraba tierras indígenas, según denunciaron a Copenoa. Tampoco el juez garantizó con su presencia el respeto y derecho de los pueblos indígenas Wichis que concluyó como un siniestro y descontrolado operativo policial.

Galarza en el informe 2006 de amnistía Internacional

La fotografía de las heridas de balas de Galarza e informes periodísticos que realizó la Agencia de Noticias Copenoa fueron reproducidos por medios nacionales e internacionales y la Organización Amnistía Internacional publicó en su informe anual 2006 el caso Galarza, detallando 'José Galarza, de 73 años, cacique del pueblo indígena wichi en Pozo Nuevo, provincia de Salta, resultó gravemente herido al ser alcanzado por los perdigones de las balas de goma disparadas por la policía cuando ésta entró en tierras de los indígenas para recuperar el vehículo de un hacendado. Los wichis se habían apoderado del vehículo para protestar por el alambrado de unas tierras que, según ellos, pertenecían a su comunidad' se lee en el informe de Amnistía.

Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat

Pese a encontrarse en proceso de solución amistosa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para obtener la titulación de las tierras que ocupan ancestralmente, sufren la destrucción de sus recursos naturales a través de la tala de monte, la extracción de madera y el tendido de alambrados, por terceros ajenos a las Comunidades, sin que el Estado adopte medidas efectivas para evitarlo.

En este caso, además, el Gobierno de Salta se muestra renuente a reconocer y efectivizar la entrega de sus tierras bajo un título de propiedad comunitario. Actualmente, pese a la existencia de un Grupo de Trabajo, integrado por representantes de los indígenas y criollos que habitan en la zona y autoridades del Gobierno Nacional y Provincial, que trabaja para realizar una propuesta de distribución de las tierras, el Gobierno de la Provincia de Salta ha enviado ingenieros, para realizar mensuras y amojonamientos, con la finalidad de efectivizar entregas individuales de tierras.

Cabe destacar que el reclamo de esta comunidad data del año 1991 y que hasta la fecha sus derechos no han sido materializados. Asimismo, ya en dicho año el Gobierno de Salta se había comprometido, mediante decreto 2609, a entregar una superficie sin subdivisiones y mediante título único de propiedad.

Comunidades Kolla Tinkunaku de San Andrés, Rio Blanquito, Los Naranjos y Angosto del Paraní

En el año 1949 fue la primera vez en que fue reconocido el derecho estas comunidades a través de la sanción de una ley de expropiación provincial sobre la tierra de Finca San Andrés, cuyo título de propiedad estaba en manos del Ingenio San Martín.

Posteriormente, en 1986, mediante decreto provincial 2845, se donó una fracción de las tierras altas a favor de las Comunidades, pero la titularización no se efectuó. En 1993 tras una prolongada movilización en Buenos Aires, las comunidades de San Andrés, Río Blanquito, Los Naranjos y Angosto de Paraní, lograron la aprobación de la ley nacional 24242 de expropiación parcial de las tierras, sobre otra fracción de su territorio, también de propiedad del Ingenio San Martín.

Contra ello, el Ingenio inició acciones judiciales contra el Estado Nacional. A fines de 1996 el Ingenio San Martín y refinería El Tabacal-Seabort Corporation desconoce el decreto de donación 2845/86 y declaran que la Comunidad está usurpando las tierras altas e inician acciones judiciales para revocar la donación. A partir de entonces las comunidades sufren amenazas constantes y persecuciones y hasta la fecha no se ha resuelto el problema atienente a la propiedad de las tierras.

A esta situación de inestabilidad en cuanto a sus tierras, se suma el hecho de que, en 1999, se construye el paso del gasoducto Nor Andino que transportará gas a Chile. El trazado aprobado afecta casas, zonas de cultivo y pastoreo y el cementerio de las familias Kolla. Si bien en un comienzo mediante una medida cautelar se logró paralizar las obras, posteriormente la prohibición fue levantada y se permitió su continuación.

Posteriormente, el trazado del gasoducto fue modificado pero no como lo solicitaba la Comunidad y muchos de los daños que se produjeron son irreparables. Ante esta situación, los miembros de la organización Tinkunaku fueron obligados a aceptar una indemnización por los daños, pero no se implementó ninguna medida para reparar los danos ambientales ocasionados y los que se ocasionarán en el futuro.

Actualmente, el Gobierno ha autorizado la realización del Proyecto 'Corredor Ecológico del Alto Bermejo' con Coordinación de la Fundación Proyungas, éste proyecto se desarrollará en el territorio de éstas comunidades sin consentimiento informado previo.

Comunidad Wichí Hoktek T'oi

Sufre por la devastación irracional del monte emprendida por un particular que compró las tierras con la comunidad adentro de ellas. Si bien existe una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una ley de expropiación nacional, la titulación todavía no ha sido efectuada.

Actualmente, la comunidad presentó un amparo por mora de la Administración con el fin de que no se frustre la expropiación. (Cfr. Datos aportados por la Comisión de Juristas Indígenas).

Comunidad Wichi Eben Ezer

Habita en el Chaco Salteño desde tiempos inmemoriales ha sido condenada por el Gobierno de la Provincia de Salta al destierro, a cambiar sus forma de vida tradicionales y a la pérdida de sus recursos naturales, los cuales constituyen su fuente de alimentación y supervivencia, ya que el Gobierno de la Provincia vendió la reserva natural del Departamento de Anta en donde habita esta comunidad a un particular para el cultivo de soja. La Legislatura de la Provincia aprobó la desafectación de la reserva General Pizarro en el mes de marzo de 2004 y el 24 de junio se concretó la subasta.

Comunidad Kolla Guaraní del Paraje Río Blanco Banda Norte del departamento de Orán

Fueron desalojadas treinta familias con ancianos y niños, desde el 2 al 5 de marzo de 2004, causando la pérdida de la cosecha, la destrucción de los hogares, agresiones y amenazas a los pobladores. La empresa Higamar además se apropió de los animales y de todas las pertenencias de esta comunidad.

Comunidad Tupí Guaraní del Paraje Río Blanco Banda Sur, departamento de Orán

Fue desalojada con topadoras destruyendo todos los sembrados, quemando las casas, volteando toda la producción de la tierra. La comunidad se defendió ante estos atropellos realizando un escudo humano, en esas condiciones todavía resisten desde el mes de octubre de 2003.

El 5 de julio del corriente año el Ingenio San Martin del Tabacal (azucar chango) ha realizado un operativo cerrojo con docenas de guardias de 'search' (vigilancia privada) abriendo paso a las topadoras que limpiaban el camino arrasando los cultivos.

Los guardias, golpearon a los hermanos que hacían una muralla humana para impedir lo que fue imposible. La policía liberó la zona para que los guardias actuaran impunemente, golpeando salvajemente a ancianos, mujeres y niños. los mismos guardias, al mando de Marcelo Romero, pisotearon y quemaron la bandera Argentina al tiempo que gritaban 'bolivianos indocumentados'. .. después, ellos mismos radicaron la denuncia policial y los policías regresaron a apresar a siete hermanos, sin ninguna orden escrita, todos golpeados y con graves lesiones.

Benjamín Flores (quien denunció a Jakulica por intento de asesinato a un menor) es el mas golpeado, y se encuentra internado en el hospital 'San Vicente de Paul' (Oran) con graves lesiones, hematomas y golpes internos.

Organización Zlaqatahyi (Unión Wichí del Itiyuro- Comunidades de Lapacho Mocho, Tonono y Pacará), Departamento San Martín

Se oponen a la depredación de los recursos naturales, la biodiversidad y el equilibrio ecológico de su territorio ancestral. Reclama que se frene la deforestación del corredor, que habitan las tres comunidades mencionadas, situado entre el Gasoducto sobre Ruta 86 hasta el Lote fiscal 4, de la Ciudad de Tartagal.

Comunidad Wichí Misión Tolaba de General Mosconi

Denuncia que hace 18 años iniciaron un juicio de posesión veinteñal y desde julio del 2001 está a disposición del Juez (Dr. Nelson Aramayo). Durante estos años sufrieron todo tipo de atropellos: irregularidades en la certificación de las pruebas, intentar confundirlos en el vencimiento de los plazos, el juez en contra aunque estaba inhibido en la causa, etc.

El Consejo de Organizaciones Indígenas de Salta junto con el Consejo de Ancianos de Finca Santiago y la Asociación indígena I.S.N.A.T., con sede en Tartagal, exigen la normalización del Instituto Provincial del Indígena de Salta, IPIS, y que los fondos de la coparticipación hidrocarburífera (2%) sean enajenados y se los deposite en el Banco de la Nación Argentina, para ser administrados por los propios beneficiarios.

El Consejo de Coordinación de las organizaciones de los Pueblos Indígenas de Salta , COPISA (Guaraní, Wichí, Chorote, Toba, Chulupí, Chané), con sede en Tartagal, solicita urgente intervención para la obtención de los títulos de las tierras que ocupan en la zona de los Departamento San Martín y Rivadavia Banda Norte y Sur de la región Chaco Salteño.

Pizarro

Reserva Natural de General Pizarro, Departamento Anta, Salta, de 25 mil 300 hectáreas, creada en 1995, fue desafectada, dividida en siete lotes y en menos de 24 horas (el 24 de junio de 2004) el gobierno le entregó todas las tierras a tres empresas distintas, todas dedicadas a la explotación agrícola-ganadera.

El Gobernador de Salta, Juan Romero, autorizó esto con un proyecto de ley que envió en marzo a la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, en que argumenta que necesita obtener recursos para pavimentar rutas provinciales, y dar las tierras en licitación para la producción de soja. Los legisladores aprobaron el proyecto.

Se trata de los lotes Fiscales N°32 con catastro N°8373, y Lote Fiscal N°33 con catastro N°8375 donde viven ancestralmente comunidades originarias wichís, kollas y desde hace décadas miles de campesinos, son cerca de 3.000 habitantes.

Se han hecho presentaciones legales por parte de los apoderados de los hermanos Wichi, por viol ación a los derechos de la Constitución Argentina. Además la reserva constituye uno de los últimos remanentes del bosque nativo de yungas (la llamada selva de montaña, o selva nublada, vinculada con la cordillera de los Andes), que será arrasado por las empresas en busca de la expansión de la frontera agrícola-ganadera.

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Fuente: Propia, Libro 'Orden Represión y Muerte' de Marco Díaz Muñoz y Centro de Documentación Mapuche.

Tomado de Argenpress, prensa argentina para todo el mundo