CNR, Lima 03 de julio de 2007.- Diversas autoridades de Huancabamba y Ayabaca anunciaron que el 30 de setiembre se llevará a cabo una consulta vecinal, para que sean los residentes de dichas provincias quienes decidan si permiten las actividades de la minera Majaz en esas zonas del departamento de Piura.
El alcalde de la provincia de Ayabaca, Humberto Marchena, señaló que fue la propia población de estas localidades quienes solicitaron la realización del referéndum, cuyo resultado pidió sea respetado y aceptado por el Ejecutivo y la compañía Majaz, a cargo del proyecto Río Blanco.
Esta consulta vecinal debe ser aceptada por el Gobierno central; la democracia, en la que decimos que participamos, debe ser obedecer lo que el pueblo manifieste el 30 de setiembre, declaró Marchena a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).
Por su parte, el presidente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, Carlos Martínez, reiteró que Majaz incumplió con lo establecido en la Ley de Comunidades Campesinas y Nativas, que señala que para que una minera pueda realizar trabajos de exploración debe primero contar con la aprobación de dos tercios de los comuneros calificados de la zona.
La Defensoría del Pueblo emitió un oficio en el que se demuestra la ilegalidad y la usurpación, además de la vulneración de procesos administrativos en el permiso de concesión que se le dio a la minera. Ante esto, el pueblo, en búsqueda de una solución, está llevando a cabo el proceso de consulta vecinal, sostuvo.
Esta consulta vecinal se realizará en los distritos de Carmen de la Frontera (en la provincia de Huancabamba), Ayabaca y Pacaipampa (en Ayabaca), como respuesta a la pasividad con que el Ejecutivo ha tomado el caso de la empresa Majaz.
Cabe precisar que esta consulta popular no tiene carácter vinculante; es decir, no existe ley que señale que el Gobierno deba aceptar el resultado de la misma.
La empresa Majaz, recientemente adquirida por el grupo chino Zijin Consortium, opera en los territorios de Ayabaca y Huancabamba, sin contar con la autorización de ley por parte de las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas, respectivamente.
A pesar de esta evidencia, advertida también por un informe de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no se pronuncia al respecto. Mientras, los comuneros han advertido el peligro que constituyen las operaciones mineras para las cuencas hidrográficas locales.
Comentarios
quisiera que me tenga informado sobre el proyecto rio blanco lesagradeceria mucho
Añadir nuevo comentario