"Desde hoy nos movilizaremos para impedir que Chile se convierta en un peón más de la Monsanto. Creemos que el gobierno debe cumplir con el deber de proteger la salud, la producción de alimentos, el medioambiente y el bienestar de los chilenos, especialmente de sus sectores sociales más pobres y agredidos.
Igualmente creemos que el parlamento tiene el deber de fiscalizar la actividad gubernamental e impedir que el Ministerio de Agricultura apoye a empresas transnacionales en desmedro del bienestar y el futuro de todos nosotros".
La CLOC - Vía Campesina Chile, representada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) , la Confederación Nacional Ranquil y Plataforma Rural por la Tierra, junto a la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, representada por la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina (RAP-AL Cono Sur), el Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL), informan a las organizaciones sociales y a la ciudadanía que:
El 26 de marzo recién pasado, la empresa transnacional Monsanto y el Ministerio de Agricultura anunciaron que Monsanto ha elegido a Chile para sembrar hasta 20.000 hectáreas de soya transgénica para la producción de semillas.
Monsanto además indica su intención de introducir en Chile maíz y raps transgénicos. De acuerdo a entrevista publicada en El Mercurio, la iniciativa tiene el pleno apoyo del Ministerio de Agricultura.
La inciativa de Monsanto se suma a otras agresiones en contra de la agricultura campesina y la salud de todos los chilenos. Los actuales programas de INDAP continúan embarcando a las familias campesinas en aventuras productivas mal diseñadas y mal fundamentadas, que sólo agravan el endeudamiento y pérdida de la tierra.
Hay una presión sistemática de parte del Ministerio de Agricultura para eliminar la diversidad de la producción campesina y encadenarla a las grandes empresas agroexportadoras.
La producción agroexportadora continúa basándose en la explotación extrema de trabajadores y especialmente trabajadoras temporeras, y en la contaminación del ambiente y las personas.
Monsanto es la mayor productora de semillas transgénicas en el mundo y una de las más grandes productoras de agrotóxicos, incluyendo el "agente naranja", utilizado como arma química en Vietnam durante la invasión por parte de Estados Unidos.
Es también el mayor impulsor de semillas "Terminator, es decir semillas estériles que obligan a los agricultores a comprar semilla año tras año. Desde 1996 ha desarrollado una estrategia de contaminación transgénica deliberada de cultivos y alimentos, que ha incluido el contrabando de semillas, la violación de normas de seguridad y el soborno directo a funcionarios gubernamentales.
Así como Monsanto ha promovido la contaminación genética, el Estado chileno tiene una larga historia de incapacidad o desinterés para evitarla. A pesar de que en Chile la ley prohíbe los alimentos transgénicos, las grandes empresas alimenticias han introducido por años alimentos y materias primas transgénicas. Cuando una decisión judicial del 2002 aplicó la ley y ordenó retirar del comercio todo alimento con contenido transgénico, la SOFOFA indicó que eso era imposible, ya que habría que retirar cerca del 75% de los alimentos envasados.
El gobierno por su parte, en vez de aplicar la ley, emitió un decreto, permitiendo oficialmente la contaminación transgénica de nuestra alimentación. Incluso en el 2003, levantó la prohibición de incluir materiales transgénicos en los alimentos para niños. Todos los chilenos estamos consumiendo alimentos transgénicos sin que siquiera se nos permita informarnos al respecto y nuestras posibilidades de acceder a productos campesinos sanos y variados están siendo destruidas por políticas agrícolas en favor de las grandes cadenas de supermercados.
La falta de fiscalización se combina además con la falta de transparencia. El SAG se ha negado a informar sobre la ubicación de los cultivos transgénicos en Chile, y a decir quién o quiénes son los funcionarios que finalmente autorizan tales cultivos.
Dado el historial de Monsanto, no nos sorprendería que la falta de transparencia dé pie para que esta transnacional, en cooperación con el Ministerio de Agricultura cree programas "reservados" (secretos) para enrolar agricultores en la producción de transgénicos, ya sea a través del ofrecimiento de créditos o alguna otra forma de presión.
Chile ya fue sindicado como fuente de contaminación algunos años atrás, al descubrirse contaminación en bancos de germoplasma de Estados Unidos que habían reproducido su semilla en nuestro país.
El caso demostró que en nuestro país no se cumple con mínimas normas de seguridad y la fiscalización es deficiente. Las 20.000 nuevas hectáreas anunciadas por Monsanto y la posible introducción de maíz y raps multiplican de manera dramática las posibilidades de contaminación.
Los cultivos de semillas transgénicas producirán además una gran cantidad de granos de desecho, los que debido a la falta de fiscalización probablemente irán a parar a la alimentación animal o a la producción de aceite para consumo humano, agravando así la contaminación transgénica de alimentos en el país.
Si Chile adquiere fama de país contaminado genéticamente, corren riesgo inmediato las exportaciones de semillas, miel, alimentos envasados, productos pecuarios y el conjunto de la producción agropecuaria orgánica. Ante esta amenaza, la aseveración del gobierno de que es posible la coexistencia de cultivos transgénicos, no transgénicos y orgánicos carece de fundamento técnico y económico.
El Ministerio de Agricultura y el representante de Monsanto intentan presentar la producción de semillas transgénicas como una gran oportunidad para los agricultores, especialmente los pequeños.
Ninguno de los dos menciona que la producción de soya transgénica en los demás países del Cono Sur ha significado la desaparición de miles de familias campesinas, el abandono del campo, la pérdida de la tierra y la intoxicación de miles de personas, hasta la muerte de niños y adultos.
Monsanto se caracteriza por imponer contratos abusivos -incluso por sobre la ley- que reglamentan cada paso del proceso productivo, obligan al consumo de glifosato y otros plaguicidas fabricados por la transnacional y le dan poder para inspeccionar cada detalle de la actividad agrícola y comercial de quienes acepten trabajar con ellos, incluso si tales detalle no tienen relación con el contrato con Monsanto. Ésta corporación ha demandado judicialmente a cientos de agricultores canadienses, estadounidenses y argentinos que no han podido cumplir con las cláusulas abusivas, llevando a la ruina y a la pérdida de la tierra a muchos de ellos.
Resaltamos que lo que Monsanto intenta hacer no se traduce necesariamente en mayor producción de alimentos, ni para Chile ni para otros países. La introducción de transgénicos en Chile significará la presencia de cultivos tóxicos, no aptos para el consumo humano, como el maíz para la producción de biocombustibles o de fármacos de distinto tipo.
Es alarmante también que el representante de Monsanto diga que producirán en Chile porque aquí se respeta la propiedad intelectual, y que pida reglamentación para el cultivo de transgénicos. Chile en este momento está elaborando las llamadas normas de bioseguridad que reglamentarán los organismos transgénicos en el país.
Adicionalmente, producto del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Chile se encuentra a las puertas de cambiar su ley de propiedad industrial y permitir el patentamiento de semillas y animales. Las declaraciones del representante de Monsanto son parte de la presión política que esta y otras transnacionales junto al gobierno de Estados Unidos están haciendo sobre el gobierno y el parlamento chilenos a fin de obtener las máximas garantías para operar en Chile. Entre otros, buscan la absoluta libertad para el cultivo y consumo de transgénicos, junto a leyes que convertirán en delito la práctica milenaria de reproducir libremente animales y semillas.
Informamos a la opinión pública, al Parlamento y al Gobierno que desde hoy nos movilizaremos para impedir que Chile se convierta en un peón más de la Monsanto. Creemos que el gobierno debe cumplir con el deber de proteger la salud, la producción de alimentos, el medioambiente y el bienestar de los chilenos, especialmente de sus sectores sociales más pobres y agredidos. Igualmente creemos que el parlamento tiene el deber de fiscalizar la actividad gubernamental e impedir que el Ministerio de Agricultura apoye a empresas transnacionales en desmedro del bienestar y el futuro de todos nosotros.
Llamamos a los campesinos y campesinas y a sus organizaciones, así como a las organizaciones sociales y ciudadanas, a movilizarse junto a nosotros, para que gobierno y parlamento cumplan con su deber, y para que la presión social impida que Monsanto nos sume a su larga lista de abusos.
Fuente: Centro de Comunicación e Investigación Indìgena Chaskinayrampi
Comentarios
el problema de monsanto se replica casi en todas las naciones latinoamericanas con complicidad de los gobiernos de turno
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