Perú: Alan GarcÃa: Viva la muerte, por Rodrigo Montoya Rojas

Con extraordinaria rapidez y eficiencia el partido aprista improvisó en Lima el viernes 19 de enero una espontánea manifestación de algunos centenares de gentes por el centro de Lima. Fueron recibidos en el patio de palacio de gobierno y Alan García salió a agradecer el homenaje que tanto necesita, ahora que redobló sus energías para conseguir un referéndum que apruebe la pena de muerte para los violadores de niños. Este pequeño fragmento del pueblo peruano y el presidente de la República cantaron a dos voces ¡Viva la muerte! El Sr. García estaba conmovido, feliz, en comunión de ideas, de sudores, de saltos y gritos con su pueblo.

Unas semanas atrás, el Congreso peruano rechazó y archivó un proyecto de ley presentado por el propio García para matar a los terroristas que vuelvan a aparecer en el horizonte peruano. Sus amigos esperaban que luego de esa derrota García no insistiría en el tema. Grave error, volvió con un nuevo proyecto en mente: un referéndum para matar legalmente a los violadores de niños. El mítin debidamente improvisado fue hecho siguiendo el modelo exacto del ciudadano japonés Alberto Fujimori que gobernó Perú entre 1990 y 2000 y su siamés Montesinos. La ley prohíbe manifestaciones políticas en el centro de Lima, pera ésta contó con la venia y el aplauso de los gobernantes y policías. Cuando el pueblo protesta por abusos o exigiendo un aumento de salarios e intenta llegar a la plaza de Armas es recibido con bombas lacrimógenas, potentes chorros de agua, golpes policiales y detenciones en las comisarios. A quienes quieran llegar a palacio gritando ¡Viva la muerte!, los policías les saludan, les dejan pasar y Alan García, conmovido, les recibe con un gran discurso agradeciéndoles por la profunda identificación con él. No recuerdo qué presidente peruano dijo alguna vez, A los amigos todo, a los enemigos, la ley. Fantástico modo de entender eso que se llama democracia.

El argumento principal del Sr. García es que un presidente tiene el deber de pensar como el pueblo. Si el 85 por ciento del pueblo quiere la pena de muerte para los violadores de niños, el presidente tiene el deber de cumplir con ese mandato. Si al 85 % del pueblo le gusta el cine de los fortachones norteamericanos como Conan o los chismes de la señora Magali Medina, la política del gobierno debe seguir esas pautas. En otras palabras: basura como línea de política cultural. La pregunta es ¿qué pasa con el Sr. García? Sus amigos europeos de la llamada Internacional socialista deben estar perplejos. En mi artículo Alan García: ojo por ojo, como hace diez mil años, del 11 de agosto de 2006, escribí:

Si examinamos con más atención esta campaña a favor de la pena de muerte, es pertinente preguntarnos si no hay cartas guardadas debajo de la mesa, como parte de otra intención que se escuda en el silencio. Cualquiera que sea el camino escogido para reimplantar la pena de muerte, Perú se pondría al margen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los ciudadanos peruanos perderíamos la posibilidad de apelar a esa corte para defendernos de los fallos de las cortes peruanas. Esta conquista es mucho más importante de lo que se supone y perderla significaría un enorme paso atrás. En este punto es inevitable apelar a nuestra memoria. En tiempos muy recientes, Alberto Fujimori, ciudadano japonés que nos gobernó entre 1990 y 2000, intentó denunciar parcialmente el acuerdo de San José con el propósito de impedir que los militares responsables de miles de asesinatos, debidamente probados por la Comisión de la Verdad, sean liberados de culpa. Fracasó en su intento y su ley de amnistía a los criminales del comando terrorista Colina y otros militares fue felizmente rechazada. Habría que ser muy ingenuos para suponer que el ataque a la Comisión de la Verdad en las últimas semanas por parte del cardenal Cipriani, de los militares en retiro y del propio García y otros dirigentes apristas no tenga nada que ver con este deseo de reimplantar la pena de muerte. Lo que los militares, la clase política, con honrosas excepciones, y la cúpula de la iglesia católica quieren es que el olvido entierre a la memoria, que no se juzgue a nadie, que todos los crímenes cometidos queden impunes porque habrían sido cometidos para salvar a la llamada democracia peruana. García Pérez quisiera que nunca más se hable de su responsabilidad en el asesinato de los presos en los penales y de otras masacres cometidas cuando él era jefe supremo de las fuerzas armadas.

En ese momento –dos semanas después de jurar su cargo como presidente por segunda vez- mi argumento pareció muy duro, sobre todo a sus nuevos electores, salidos de los predios de izquierda que vieron en Alan García el mal menor o la última esperanza para evitar que el Perú se hundiese en el caos por obra de un nuevo tigre y caudillo militar, el Sr. Humala. Seis meses después el argumento parece cada día más evidente: lo que Alan García busca es evitar que la Corte Interamericana lo condene por su participación en el asesinato de los presos en la cárceles de Lima, en 1986.

Estoy seguro que Alan García cree firmemente en al pena de muerte. Hay tres razones que sostienen esta proposición.

1. En 1986, cuando él era jefe supremo de las Fuerzas Armadas, alrededor de 250 presos en las cárceles de Lima fueron liquidados en un operativo terrorista de estado. De dos cosas una: o Alan García dio la orden para acabar con los presos o no la dio. Si la dio, es el responsable de ese crimen. Si no la dio, ¿qué oficial de la Fuerza Armada, se atrevió a desafiar su condición de jefe supremo y qué castigo recibió? Sobre eso, solo hay una frase de García se van ellos o me voy yo. No se fueron ellos, tampoco él. Sólo quedaron grandes silencios y pequeños castigos para personas de cuarta o quinta línea. Sabemos que ningún oficial decide la muerte de otras personas si no está protegido por un oficial de rango superior. Alan García era el jefe supremo y por eso tiene inobjetable responsabilidad.

2. Conocido el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos de Costa Rica sobre la muerte de 21 presos senderistas en Lima -en el gobierno de Alberto Fujimori, 1992- el Sr. García tomó el rábano por las hojas y rechazó el fallo. La corte hizo su trabajo y determinó que Fujimori tiene responsabilidad en ese crimen, que los familiares de los presos asesinados deben ser indemnizados y que sus nombres sean simbólicamente reivindicados El Sr. García como los militares y sus amigos de la derecha creen que está bien que mataran a los presos, y que los familiares de ellos y ellas no tienen derecho alguno a una indemnización o a poner sus nombres en un monumento para honrar la memoria de las víctimas de la violencia de todos los terrorismos en Perú. Con el mismo razonamiento, la Corte Interamericana podría establecer la responsabilidad de Alan García en el asesinato de los presos en julio de 1986. Fujimori y García se necesitan para evadir sus responsabilidades. Están convencidos que los presos políticos no tienen derechos y que deben morirse en las cárceles. Si salen después de cumplir sus condenas, los jueces son acusados de favorecer a los terroristas. Sobre el fondo de esa necesidad, las bancadas de los partidos de García y Fujimori votan juntas para evitar que la corrupción y los crímenes sean castigados. Una alianza política aparece ya plenamente visible.

3. En estos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos prepara una sentencia sobre la muerte de Saúl Cantoral, - obrero minero de Saisa, Lucanas, Ayacucho, uno e los más importantes líderes de la Central General de Trabajadores del Perú, CGTP- asesinado en 1988, en tiempos del primer gobierno del Sr. García. De acuerdo al Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y al libro Muerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda, todos los indicios apuntan al Comando Rodrigo Franco, grupo paramilitar probablemente dirigido por el Sr. Mantilla, ex secretario general del Apra, ex ministro del interior y secretario privado del presidente García. Se trata de una pena de muerte más, al margen de la ley pero aplicada con alevosía, premeditación y ventaja.

Por todo lo dicho, sería ideal para el Sr. García que Perú dejase de ser parte de la Corte Interamericana. No la tiene fácil. Una impostura como esa no pasará. Si Alan García fuese un estadista moderno sería un adversario de la pena de muerte como los socialistas que gobiernan España, por ejemplo. Ocurre que él no es socialista y sí cree firmemente en la pena de muerte, hace 21 años y ahora. En ninguna Constitución, código o manual democrático se establece que en Perú alguien tiene el derecho de acabar con la vida de los presos o de cualquier ciudadano. Lo que sí está escrito es que corresponde al Estado garantizar sus vidas y a los presidentes respetar las leyes, los tratados internacionales y defender las vidas de todas y todos los peruanos.

Lima, 22 de enero de 2007