La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió admitir la denuncia realizada por la Asociación Lhaka Honhat en la cual se reivindica el derecho de propiedad de las comunidades aborígenes sobre sus tierras de uso tradicional.
La denuncia fue presentada ante la CIDH en 1998 por la Asociación Lhaka Honhat -que nuclea a 45 comunidades indígenas de la zona (alrededor de 6.000 personas)-, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
La Comisión, sostuvo que el Estado ha tenido múltiples oportunidades de resolver el asunto de fondo, es decir, la tutela efectiva del derecho a la propiedad de los miembros de la Asociación Lhaka Honhat.
Asimismo, agregó que los hechos denunciados por los peticionarios sobre la falta de implementación de una política de demarcación y titulación de tierras por parte de la Provincia de Salta, a través de una forma legal respetuosa de la forma de vida de las comunidades y la demora indebida en el pronunciamiento de una sentencia final constituirían una violación a los derechos políticos y de propiedad, así como a las garantías judiciales protegidas por el sistema interamericano.
En el año 2000, el Estado Nacional aceptó iniciar un proceso de solución amistosa. En el marco de ese proceso se mantuvieron numerosas reuniones y negociaciones para la distribución de las tierras y la entrega de un título único de propiedad a nombre de todas las comunidades indígenas, así como la realización del correspondiente informe de impacto socio-ambiental y la consulta a las comunidades respecto de un conjunto de obras viales proyectadas en la zona.
Lamentablemente, ante la falta de avances concretos en el reconocimiento del derecho de propiedad de la tierra indígena por parte del gobierno de Salta y la falta de voluntad para arribar a un acuerdo, en el 2005 la Asociación Lhaka Honhat decidió romper el proceso conciliatorio y solicitó a la CIDH que se expidiera sobre el caso.
Este informe de admisibilidad es la instancia previa para llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos -máxima autoridad del sistema de protección regional de derechos humanos- para resolver la responsabilidad internacional del Estado en la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Ante este escenario, el Estado Nacional y la Provincia de Salta deben arbitrar todos los medios para resolver este conflicto y evitar una posible condena internacional.
Para más información, comunicarse con el Área de Comunicación del CELS
al 4334-4200 o al 155-638-3107
o con Lhaka Honhat al (03875)490129
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