El Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas ha venido dando seguimiento a la reclamación presentada por incumplimiento in toto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el gobierno mexicano desde el 4 de septiembre del 2001, presentando addendums, corrigendums y otras informaciones con comunicaciones sustantivas con el fin de proporcionar la mayor cantidad de elementos al Comité Tripartito nombrado ex-profeso por el Consejo de Administración de la OIT para analizar a fondo dicha reclamación.
Es hasta marzo de 2004 en que el Comité Tripartito emite la Resolución GB. 289/17/3 como resultado de la reclamación presentada bajo el procedimiento rígido del Artículo 24 de la Constitución General de la OIT que exigió un proceso cerrado o confidencial.
El Comité Tripartito en sus conclusiones anotó que con esta reclamación presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Jornada (Sitrajor) en co-patrocinio con el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) se había presentado una situación inédita en la historia de la OIT, y que dada la abundante información proporcionada tanto por los reclamantes como por el gobierno mexicano, les era prácticamente imposible que en el corto tiempo y bajo los procedimientos que un Comité Tripartito dispone al analizar un caso, éste no podría entrar a fondo, así que decidieron turnarlo al Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Ceacer), para que bajo el procedimiento que ofrecen los Artículos 22 y 23 de la Constitución General de la OIT, para que en una visión de largo plazo, diera seguimiento a las recomendaciones de esta resolución, invitando al gobierno mexicano y a los reclamantes a que proporcionaran más informaciones que se les solicitara en cada inciso de ! las recomendaciones emitidas.
Así tenemos que en el inciso g) del párrafo 139 de la III parte de dicha resolución, solicitara información adicional en relación a la esterilización forzosa cometida contra los hombres y mujeres indígenas, tanto al gobierno como a los reclamantes.
En esta resolución, la mayoría de las recomendaciones y peticiones están dirigidos al gobierno mexicano. Sin embargo el nuevo procedimiento menos rígido que se abre en esta nueva etapa de seguimiento para de esta resolución bajo los Artículos 22 y 23 de la Constitución General de la OIT no impiden que nuevas informaciones producidas en México, a propósito de las nuevas violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas que se produzcan, puedan ser enviadas al Ceacer bajo este procedimiento en curso.
Dada la necesidad de que los propios pueblos indígenas puedan dotarse de una estructura organizativa propia, sin intermediarios, han nombrado su propia Comisión Nacional Indígena de Seguimiento a la Resolución GB.289/17/3 y otros instrumentos jurídicos de carácter internacional que protegen los derechos de los pueblos indígenas, en la Sesión del 28 de julio de 2006 en el Taller de Capacitación Para Líderes Indígenas Para Dar Seguimiento a la Resolución GB.289/17/3, integrada ésta por tres Diputados Federales Electos de la 60 Legislatura Federal y 8 indígenas nombrados por los 103 participantes de este taller de 16 estados del país, más un representante de cada uno de los Estados participantes, con la que quedó constituida esta Comisión.
Cabe hacer notar que en el 68º. periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, el gobierno mexicano en su informe CERD/C/473/Add.1 presentado ante ese Comité, en los párrafos 153, 154 y 155, el gobierno mexicano acepta que se ha cometido el delito de la esterilización forzosa en México, aunque sólo sea una práctica administrativa, como la apunta la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación General 04, la cual constituye una violación a los derechos humanos de los miembros de las comunidades indígenas respecto a la obtención del consentimiento libre e informado para la adopción de métodos de planificación familiar.
En las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de las Discriminación Racial, en el párrafo 17, dicho Comité reiteró su preocupación por la condición de los hombres y mujeres indígenas sometidos a esterilización forzosa de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca entre otros, tomando como base la Recomendación General 04 de la CNDH, al mismo tiempo que el comité exhorta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para poner fin a la práctica de esterilizaciones forzadas, a que investigue de manera imparcial y a que se procese y castigue a los autores y ejecutores de las prácticas de esterilizaciones forzadas. El Estado parte debe velar también porque las víctimas dispongan de recursos justos y eficaces, incluso para obtener indemnización.
El delito de esterilización forzosa como una práctica gubernamental para impedir el nacimiento de niños en grupos étnicos, está considerado en la Convención de la ONU sobre Genocidio, como un crimen de lessa humanidad.
Es responsabilidad de las organizaciones de los pueblos y comunidades indígenas hacer que se respeten y se cumplan todas y cada una de las partes de las disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT, por tal razón, es necesario que se documenten los casos de esterilización forzosa, con el fin de seguir presentando nuevas informaciones al Ceacer.
Este Comité nombrado en el Taller de Capacitación para Líderes Indígenas para dar seguimiento a la resolución GB.289/17/3, además de tener la responsabilidad de organizar este seguimiento, tiene entre otras responsabilidades, llamar a la constitución de una nueva organización amplia, plural e incluyente que pueda luchar por la vigencia y respeto pleno a los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, así como por nuestro derecho al desarrollo, en tal sentido, además de los objetivos originales, se propone llamar a la constitución del Parlamento Indígena de México, cuya primera Asamblea Nacional Preparatoria se realizará en la Cámara de Diputados, el 11 y 12 de octubre de 2006.
No todo esta dicho, la historia que viene, está por escribirse, y serán los pueblos indígenas quienes de manera colectiva y decidida, podrán escribirla con sus propios puños.
* Síntesis de la ponencia presentada por Marcelino Díaz de Jesús en el Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en Iguala, el 9 y 10 de agosto de1 2006.
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Declaración de San Lázaro
Adoptada en el Taller de Capacitación Para Líderes Indígenas Para Dar Seguimiento a la Resolución GB.289/17/3 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, celebrado en la Cámara de Diputados los días 27 y28 de Julio del 2006 en la Ciudad de México, D. F.
Hermanos y hermanas indígenas de México
La historia de los pueblos indígenas es una historia de despojos y agravios. Los poderes del Estado han perdido la oportunidad histórica para resarcirnos de todos los daños que nos han hecho. La historia de México la padecemos a pesar de haberla construido con todas nuestras fuerzas.
Observamos con tristeza que la oportunidad de diálogo no ha rendido los frutos esperados. La palabra de los pueblos indígenas no ha sido escuchada, se cerraron los oídos de la sociedad dominante y del Estado en todo este tiempo. Ahora reina el silencio de los muertos. Para la clase política mexicana, no estamos en su agenda política. Nuevamente somos los excluidos.
Pero nos llena de preocupación que sean ahora los vientos de la inestabilidad y la incertidumbre política los que soplan fuerte en todo el territorio mexicano y amenazan con dejarnos fuera de las prioridades nacionales.
En esta turbulencia política estamos concientes que no podemos dejar de participar y expresar nuestra palabra. Millones de mexicanos y mexicanas salen a las calles a demandar el respeto al sufragio efectivo, que se abran las urnas y se cuente voto por voto y casilla por casilla. Esa demanda también es nuestra para despejar toda duda y no padezcamos un nuevo sexenio de incertidumbre.
Los pueblos indígenas nos oponemos a otros seis años de invisibilidad y manipulación política. Estamos en el límite de la paciencia por tanta desigualdad, por tanta discriminación, exclusión, marginación y racismo; por la ausencia de una efectiva política del Estado mexicano para con los pueblos indígenas, a pesar de ser un potencial económico y cultural.
Lo anterior se traduce en la aplicación de políticas públicas que permiten el despojo de nuestros territorios y la depredación de nuestros recursos naturales, el saqueo de nuestra biodiversidad y el pillaje de nuestros conocimientos y saberes.
Pero además, la violación sistemática de nuestros derechos humanos, manifestándose en la represión y encarcelamiento de autoridades y dirigentes indígenas.
No obstante que los pueblos indígenas somos los primeros mexicanos y mexicanas, los más antiguos, nuestro futuro está prácticamente cancelado porque carecemos de derechos claros y precisos que garanticen nuestro derecho al devenir.
Tenemos presente aún la afrenta que nos propinaron con las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, realizadas por el legislativo en el año 2001, que no responden a nuestras demandas históricas.
Por eso, reafirmamos que no descansaremos hasta lograr una profunda reforma del Estado que reconozca a plenitud nuestros derechos fundamentales consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
En este contexto, dirigentes y legisladores indígenas de varios Estados del país, nos hemos reunido en la Casa de la nación mexicana, en el Taller de capacitación para líderes indígenas para dar seguimiento a la Resolución GB.289/17/3 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y resolvimos lo siguiente:
Que ratificamos el compromiso con nuestros pueblos y comunidades indígenas de México, en la defensa de la autonomía y libre determinación, de nuestros territorios y recursos naturales, genéticos, la biodiversidad y nuestra cultura, cosmogonía y espiritualidad, como son los casos de la Tribu Yaqui, de Chicontepec, Ver., del Estado de México, La Parota, Teotihuacan, entre otros.
Además seguimos exigiendo nuestro derecho a la representación política en el Congreso de la Unión y los Congresos Locales, porque las puertas de representación nacional deben abrirse por disposición expresa de la ley. No podemos aceptar un sistema político monoétnico, monoculturalista y mestizocrático que excluye la diversidad de identidades indígenas La Cámara de Diputados y Senadores, no pueden ser espacios exclusivos de una sola etnia nacional.
Al mismo tiempo demandamos el control, la administración y la operación de medios de comunicación de los pueblos, comunidades u organizaciones indígenas, así como el acceso a medios de comunicación públicos y convencionales.
En esta lucha es imprescindible el reconocimiento de los derechos de las mujeres, jóvenes, niños, niñas y ancianos indígenas, pero también los derechos de los migrantes quienes nos hemos visto en la necesidad de abandonar nuestros lugares de origen de manera voluntaria o forzosa ante de la falta de condiciones para nuestro desarrollo y el derecho a una vida digna.
Pero nuestra agenda no termina allí. Seguimos insistiendo en impulsar una verdadera educación indígena intercultural que respete y aproveche la sabiduría de nuestros pueblos en todos los campos del conocimiento. Una educación que facilite el acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología. Una educación que mejore nuestras perspectivas de desarrollo y eleve la calidad de nuestras vidas. Una educación que respete la rica diversidad cultural y fortalezca nuestra identidad, y un paso inicial, es el reconocimiento de las universidades promovidas por nuestros pueblos y comunidades indígenas.
Mientras tanto acordamos realizar las siguientes acciones:
Designar a un Comité Promotor para dar seguimiento a la Resolución GB.289/17/3 de la Organización Internacional del Trabajo, y otros acuerdos o convenios internacionales referentes a derechos de pueblos indígenas.
Exigimos a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, reconocer los derechos indígenas establecidos en los Acuerdos de San Andrés, además de otros derechos asentados en la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y retomar como prioridad la creación de la Sexta Circunscripción Plurinominal para Pueblos Indígenas, guardado en el tintero de la Cámara de Diputados desde 1992.
Por la importancia que reviste para los pueblos indígenas estas reivindicaciones acordamos:
1.- Promover desde este momento la creación del Parlamento Indígena de México.
2.- Exigir la transparencia del proceso electoral del 2 de julio, pidiendo para ello al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la apertura de las urnas, contando voto por voto, casilla por casilla.
3.- Constituir una Comisión Alterna para los festejos del Bicentenario de la Independencia de México, por que no podemos aceptar ningún festejo, en tanto los pueblos indígenas estemos excluidos. Festejo sí, pero sin exclusión.
4. Llamamos a las Fracciones Parlamentarias de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, para que la Comisión de Asuntos Indígenas, sea presidida por un Diputado Federal indígena, que esté realmente involucrado en el movimiento indígena de sus pueblos o comunidades. Los participantes de éste evento proponemos entre ellos a Humberto Alonso Razo, legislador electo por el distrito de Zacapu, Michoacán o Marcos Matías Alonso, electo en el distrito de Chilapa, Guerrero o Wenceslao Herrera Coyac, del distrito de Zacapoaxtla, Puebla.
Es el tiempo de los pueblos indígenas. Que se acabe el silencio.
Con las palabras del libro sagrado de nuestros hermanos y hermanas mayas: Chilan Balam, decimos al mundo:
Pero llegará el día en que alcancen a Dios las lágrimas y de sus ojos baje la justicia y de un golpe sobre el mundo
Palacio Legislativo de San Lázaro, Julio 28 2006.
ACUERDOS.
Taller de capacitación para líderes indígenas para dar seguimiento a la Resolución GB.289/17/3 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Los participantes del Taller nombramos las siguientes comisiones:
1. Comisión Nacional de Seguimiento (se conforma por todos los miembros del Comité Técnico y el Comité de Enlace)
2. Comité de Enlace –uno por Estado-
3. Comisión Técnica
Tendrá entre otras las siguientes tareas:
- La Comisión propondrá la ampliación de los Acuerdos de San Andrés.
- Dará seguimiento de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de pueblos indígenas.
- La Comisión Técnica integrará la agenda de trabajo para lo cual se dará a la tarea de contactar a las diferentes organizaciones y expresiones del movimiento indígena.
- Preparará un recorrido por el interior de México a fin de dar a conocer los acuerdos asumidos en el Taller.
Los participantes asumen la tarea de informar de los acuerdos en los Estados de la República Mexicana.
La Comisión Técnica promoverá y llamará a la realización de una Asamblea Nacional Preparatoria para los día 11 y 12 de Octubre en el mes de Octubre del 2006, a celebrarse en la Cámara de Diputados, para revisar la agenda legislativa y avanzar hacia la constitución formal del Parlamento Indígena de México.
Comisión Técnica:
Humberto Alonso Razo (Dip. Fed. Electo)
Marcos Matías Alonso (Dip. Fed. Electo)
Wenceslao Herrera Coñac (Dip. Fed Electo)
Marcelino Díaz de Jesús
Saúl Vicente Vázquez
Margarito Ruiz Hernandez
Berenice Sánchez
Brigida Chautla Ramos
Luz del Carmen Rendón
Noemí León Hernández
Lorenzo Andrade
Comisiones de Enlace
Oaxaca:
Artemio Vázquez
Aristeo Pérez
Rubén Guevara (oaxaqueños en el D. F.)
Hidalgo:
Pedro Hernández Flores
Yucatán:
Bernardo Caamal Itzá
Guerrero:
Gelasio Gática Sánchez
Sonora:
Ernesto Argüelles Méndez
Chiapas:
Jaime Torres Burguete
Michoacán:
Ulises Abad Santos
Chihuahua:
Norma Patricia Peña Haaz
Estado de México:
Mario de Jesús Pascual
Morelos:
Elsa Peña Haaz
Tabasco:
Federico García García
Durango:
Francisco Javier García Ramírez
Mario Yen Fernandez
D. F.
Consuelo Bonilla Grana
Puebla:
Ubaldo Jarillo Vázquez
Veracruz:
Alondra Donají Pérez Cruz
Baja California:
Esther Ramírez (migrante)
Ofelia Guadalupe Muñóz Aldama (nativa)
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