El Tribunal Constitucional (TC) resolvió, en un caso sin precedentes, declarar fundada la demanda de Acción de Cumplimiento interpuesta por pobladores de La Oroya contra el Ministerio de Salud (MINSA) y la Dirección General de Salud (DIGESA), mediante la cual en un plazo de 30 días ambas instituciones deberán cumplir con implementar una sistema de emergencia para atender la salud de personas contaminadas por plomo en La Oroya, con énfasis en niños y mujeres gestantes.
Esta medida implicará también la realización de un diagnóstico de línea base para que puedan implementarse los planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire en La Oroya.
La Resolución señala, además, que el MINSA cumpla con operar las acciones necesarias para declarar el estado de alerta en La Oroya; y que DIGESA haga lo propio para establecer programas de vigilancia epidemiológica y ambiental. Todas estas exigencias deberán ser informadas formalmente al TC finalizado el plazo para su implementación.
Finalmente, el TC exhorta al Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya, MEM, CONAM y empresas privadas como Doe Run Perú, entre otras que desarrollan actividades mineras en la zona, a participar con urgencia en las acciones necesarias para asegurar la salud de los pobladores de esta localidad y la calidad del medio ambiente.
Sentencia sienta precedente
Después de casi cuatro años de haber sido presentada esta demanda de Acción de Cumplimiento (6 de diciembre de 2002), es meritorio destacar la decisión del Tribunal Constitucional quien con esta decisión atiende aquello que pareciera no quiso ser considerado por la autoridad minera al autorizar la prórroga del PAMA de la empresa Doe Run en fecha reciente.
Esta es una buena noticia para la población de La Oroya, que ha encontrado respuesta en la justicia peruana a partir de esta resolución; y que a pesar de haber sido amenazados, perseguidos y en algunos casos agredidos por esto, siempre tuvieron confianza en una solución positiva.
Este proceso ha sido largo y arduo, pero hoy debe iniciarse una nueva etapa para ellos, declaró el Dr. Carlos Chirinos, Director del Programa de Defensa del Interés Ciudadano de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA, institución que asumió la representación de los pobladores de La Oroya durante estos cuatro años que duró el proceso.
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Si desea conocer la sentencia completa del Tribunal Constitucional dé un clik aquí (pdf 210 k)
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