Publicamos un breve informe acerca de los planes de erradicación de coca en la región del Putumayo y cómo en opinión de los pueblos indígenas el gobierno incumple acuerdos suscritos. Asimismo, señalan que "la segunda fase del Plan Colombia está formulada en términos generales para toda la población, sin contemplar ningún tipo de proceso que tenga en cuenta la diversidad étnica y cultural de los indígenas".
Volar, Tomado del periódico Actualidad Étnica, Bogotá, 21 de Abril.- En el 2003 la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-383 ordenó a las entidades estatales adelantar procesos de consulta con los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana en lo referido al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos.El proceso de consulta culminó el 14 de noviembre de 2003 con la suscripción de un acta de acuerdo entre las autoridades y organizaciones de los pueblos indígenas de la amazonía colombiana y el gobierno nacional representado, por Juan Carlos Vives Mennoti, Ministro de Justicia y del Interior (E) y María Inés Restrepo Cañón, directora del Programa Presidencial Plan Nacional de Desarrollo Alternativo.
En el mencionado documento se acordó que la erradicación de cultivos ilícitos en los territorios indígenas se realizaría de manera concertada, incluyendo mecanismos de verificación, así como la definición de un programa de sustitución y desarrollo alternativo adecuado a las particularidades culturales de los pueblos indígenas.
Además de ello, también se incluyó el compromiso de dar continuidad a las acciones de erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco del Acuerdo Mutuo y la Mesa Permanente del Pueblo Kofán.
Teniendo en cuenta la existencia de acuerdos previos en materia de erradicación de cultivos ilícitos, se acordó hacer una evaluación de los programas "Acuerdo Mutuo para la sustitución de cultivos de uso ilícito de coca en el departamento del Putumayo" "Plan Integral Raíz por Raíz por la pervivencia de los pueblos indígenas" y "Mesa Permanente del Pueblo Cofán", por parte de las entidades estatales y los representantes de los pueblos indígenas firmantes.
El acuerdo mutuo fue suscrito el 26 de julio de 2001 por el gobierno nacional y los pueblos indígenas del Putumayo. Se trató de un Plan Integral para la pervivencia de los pueblos indígenas, en el cual se plantearon alternativas para atacar el problema de los cultivos de coca con fines ilícitos. Al mismo tiempo también se incluyeron estrategias para reivindicar el uso ceremonial de la hoja de coca.
En ese sentido y a partir del reconocimiento de la diferencia, uno de los objetivos del acuerdo fue construir una base productiva lícita, en consonancia con las perspectivas culturales y de conservación de la cultura ancestral de los pueblos indígenas. El principal compromiso de dicho acuerdo fue la sustitución voluntaria y manual de los cultivos ilícitos, a partir de un proceso de reconversión de la economía y del fortalecimiento de la organización social.
En esa línea de acción, la sustitución estaría acompañada por el gobierno, a través de acciones concretas para apoyar los planes de vida, los procesos organizativos, los proyectos productivos a corto, mediano y largo plazo, los proyectos de seguridad alimentaría, la titulación de tierra y la recuperación de la memoria colectiva.
Al amparo del Acuerdo Mutuo, se ejecutó el Programa Raíz por Raíz o Programa de seguridad Alimentaría, cuya finalidad fue contribuir a la reconstrucción de la economía comunitaria con énfasis en el autoconsumo, y generando excedentes para el intercambio, fortaleciendo la territorialidad, el gobierno y la cultura, y mejorar la infraestructura social comunitaria.
En contraprestación las comunidades y los cabildos se comprometieron a sustituir los cultivos ilícitos de coca de sus territorios y a no establecer nuevos cultivos[i]. La principal apuesta del programa fue aportar al fortalecimiento organizativo de las comunidades, en ejercicio de su derecho al autogobierno, con el objeto de que ellas mismas gestionaran, mantuvieran y fortalecieran su propio proceso.
A pesar de estos acuerdos, durante el año 2002, se reanudaron las fumigaciones aéreas con glifosato sobre los territorios que hacían parte de la sustitución manual de cultivos ilícitos, afectando con ello los cultivos de pancoger, así como los proyectos productivos que se estaban ejecutando como parte del programa Raíz por Raíz. El incumplimiento de los acuerdos suscritos por parte del gobierno y los hechos denunciados por los pueblos indígenas del Putumayo fueron verificados por la Defensoría del Pueblo.
Dicha entidad, a través de la Resolución Defensorial No. 26 del 9 de octubre de 2002, instó a las entidades estatales involucradas en la política de erradicación de cultivos a evaluar las acciones adelantadas y dar cumplimiento a los compromisos asumidos con los pueblos indígenas durante el 2001.
Luego de esto, la OPIAC (Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana) instauró una acción de tutela en contra de la Presidencia de la República y otras entidades públicas, para efectos de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de esta parte del país que venían siendo vulnerados como consecuencia de la fumigación de cultivos ilícitos.
Este caso fue revisado por la Corte Constitucional y su sentencia determinó la suscripción del acuerdo del 14 de noviembre de 2003, referido a la concertación de los mecanismos de erradicación con los pueblos indígenas. El pasado 22 de marzo, en el Putumayo se hizo la presentación de la segunda fase del Plan Colombia, denominado Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal (ADAM). Se trata de un programa financiado por ARD, USAID y FUPAD, cuyos recursos serán manejados a través de acción social.
El programa pretende generar opciones en materia de desarrollo productivo y de fortalecimiento de los gobiernos locales, en noventa municipios con graves problemas de cultivos ilícitos. Para evitar las dificultades que se han presentado en los últimos años con la erradicación de cultivos, el gobierno anunció que se han venido implementando mecanismos para trabajar de manera conjunta con las alcaldías, gobernaciones y líderes comunales.
La intención de esta segunda fase del Plan Colombia es dinamizar las economías locales a partir del fomento de cultivos alternativos enfocados en la producción y comercialización regionales. Ante esta nueva fase del Plan Colombia, los Pueblos Awa y Embera, a través de sus representantes presentaron, un derecho de petición al Ministro del Interior y de Justicia, así como al Alto Consejero Presidencial para la Acción Social, en el que manifestaron algunos desacuerdos en relación con el programa ADAM.
Los pueblos indígenas del Putumayo manifiestan que, luego de dos años de la firma del último acuerdo el gobierno no ha cumplido con la evaluación del Acuerdo Mutuo firmado en el 2001, ni con su ejecución que debe hacerse de manera concertada. De otra parte, expresan que esta segunda fase del Plan Colombia esta formulada en términos generales para toda la población, sin contemplar ningún tipo de proceso que tenga en cuenta la diversidad étnica y cultural de los indígenas.
De otra parte, los dirigentes señalan que el programa de erradicación de cultivos en el marco del Acuerdo Mutuo y del programa Raíz por Raíz, no produjo el resultado esperado que era acabar con todos los cultivos de coca en el Putumayo. La primera fase, que era el proyecto de asistencia alimentaría funcionó bien y en ella se empezaron a ejecutar varios proyectos productivos formulados desde la perspectiva diferencial de los pueblos indígenas.
Sin embargo, los líderes señalan que el programa Raíz por Raíz se acabó y con ello se acabaron también los recursos para las fases posteriores del proceso. Esto paralizó los proyectos productivos debido a que los indígenas no contaban con la asesoría técnica para poder continuar. Además de este fracaso, es importante señalar que la inexistencia de la infraestructura necesaria para comercializar los productos lícitos ha impulsado a indígenas y campesinos a hacer una resiembra de la hoja desde comienzo de año.
Actualmente, esta parece ser la única alternativa económica en el departamento. En ese sentido, los Awa y Embera del Putumayo afirman que no es posible la ejecución del programa ADAM en los territorios indígenas hasta tanto no se evalúe y ejecute el último acuerdo, que hasta el momento viene siendo incumplido por el gobierno nacional.
Ello implica de manera necesaria habilitar espacios efectivos de participación y diálogo con las comunidades, para lo cual solicitaron al gobierno programar una reunión de evaluación sobre los avances en la sustitución de cultivos de coca con fines comerciales en territorios indígenas, en la que participarían la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia y las comunidades indígenas.
Nota:
[i] OZIP, CECOIN, CORFAS. Desarrollo indígena y sustitución de cultivos ilícitos de coca. Experiencia del Programa Raíz por Raíz. Bogotá, febrero de 2003. p.30
Fuente: Recibido de Prensa Indígena
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