Perú: Pueblos Indígenas: Rezagos de una oligarquía

- A pesar de la Independencia, el colonialismo aún persiste en la visión estatal de desarrollo.

Por Nelson Manrique*

27 de junio, 2009.- Al fundarse la República, el propósito inicial de los libertadores fue constituir una comunidad nacional que integrara a los indígenas a la ciudadanía. Con esa intención, el general José de San Martín decretó que se sustituyera el apelativo

de "indio" por el de "peruano". Pero la posición social de los criollos, que impulsaban la independencia de América Latina con relación a los indios, planteaba problemas complejos. En su famosa Carta de Jamaica (1815), el general Simón Bolívar señaló de manera descarnada el conflicto:

"(los criollos) no somos indios, ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles; en suma, siendo nosotros americanos por nacimiento, y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar éstos a los del país, y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores; así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado».

Los criollos peruanos que rompieron con España no estaban interesados en destruir las estructuras coloniales de dominación sino que pensaban en usufructuarlas en su propio beneficio.

La Independencia fue una revolución política -pasar de Virreinato a República- pero no una revolución social. Apenas cinco años después de proclamada la Independencia se restituyeron algunas de las instituciones coloniales que más firmemente mantenían la exclusión de la población indígena: el cobro del tributo indígena y el trabajo obligatorio gratuito de los indios para el Estado y las municipalidades. Es hondamente significativo que a lo largo del siglo XIX los indígenas llamaran "República" a esta obligación.

En un sentido, la condición social de los indígenas empeoró con la República. La supresión de los títulos nobiliarios que decretó Bolívar terminó de liquidar los liderazgos étnicos indígenas, los curacazgos y la estructura de poder a través de la cual los indios se articulaban con la sociedad mayor. Desaparecida la nobleza indígena, la condición social de "indio" terminó equiparándose con la de "pobre", y los indios terminaron relegados a lo más bajo de la estructura social.

Los libertadores soñaban con una República de pequeños propietarios independientes y la comunidad de indígenas aparecía como una traba para conseguir este objetivo, por lo que se la despojó de reconocimiento legal. Pero esto no favoreció la expansión de la pequeña propiedad, sino que se abrió el camino a las sucesivas ofensivas terratenientes que a lo largo del siglo XIX, y principios del XX, despojaron a las comunidades campesinas de sus territorios, arrinconándolas a las peores tierras.

La precariedad institucional del orden recién fundado permitió la afirmación del gamonalismo que, a decir de José Carlos Mariátegui, representó toda una estructura social. El gamonalismo se constituyó en la valla fundamental para el desarrollo del agro serrano y en la institución que más tenazmente se opuso a la integración del indio, no sólo a cualquier proyecto de desarrollo, sino al ejercicio de cualquier derecho. De allí que la educación se constituyera en una reivindicación fundamental para los campesinos y que ésta fuera ferozmente resistida por los gamonales. La oligarquía organizó su poder sobre la base de la exclusión de los indígenas de la ciudadanía, utilizando como justificación el racismo antiindígena colonial. El racismo "naturalizó" el orden social, sustentándolo en la biología y en las "eternas" leyes de la Naturaleza, presentándolo así como inmutable. De esta manera, el carácter estamental de la sociedad peruana, en la que cada quien debe "mantenerse en su lugar", excluyendo la movilidad social como una opción legítima, aparecía como el resultado de leyes científicas y no de un orden social históricamente construido.

Los indios carecieron de reconocimiento legal durante la primera centuria de vida republicana. Eran considerados, a lo más, como una especie de peruanos en potencia, protoperuanos; individuos que eventualmente podrían llegar a ser ciudadanos previa "redención", pero que de por sí no eran miembros de la nación. De allí que el problema nacional terminara confundiéndose con el «problema del indio» y una cuestión fundamental tratara sobre cómo "integrar al indio a la nación". Incorporarlo era sinónimo de "civilizarlo" u "occidentalizarlo", sacarlo del estado de barbarie, o no-cultura, en el que vivía. Quedaba pues descartado que los indígenas pudieran aportar algo estimable a un proyecto de desarrollo nacional.

Esto planteaba una irónica paradoja. En la época de la Independencia se consideraba que los indios constituían más de la novena parte de la población peruana, pero estaban excluidos de la ciudadanía. Así, la soberanía popular quedaba depositada en manos de menos del 10% de "peruanos": la fracción criolla y mestiza que se sentía la encarnación de la nación. El resultado inevitable fue la existencia de una profunda brecha entre el Estado y la sociedad.

La exclusión de los indios se justificaba argumentando su supuesta incapacidad "natural" para convertirse en sujetos políticos, legalmente responsables. La inferioridad de los indios se atribuía en unos casos a su ignorancia y en otros a la degeneración biológica inducida por la servidumbre, el cocainismo y el alcohol. El filósofo Alejandro Octavio Deustua (Generación del 900) expuso claramente la perspectiva oligárquica cuando afirmó que el indio no era ni podía ser más que una máquina, y que no debía desperdiciarse el dinero del Estado en tratar de educarlo.

El racismo antiindígena es una de las herencias oligárquicas que con mayor fuerza ha bloqueado los intentos de construir un orden moderno en el Perú. La democracia no puede existir allí donde no se reconoce la existencia de una común sustancia humana. La existencia de ciudadanos "de primera" y "de segunda" es la consecuencia necesaria de la convicción, racista, de que existen humanos "de primera" y "de segunda".

En el siglo de las luces y las sombras

Al cumplirse un siglo de la Independencia, en 1920, Augusto B. Leguía reconoció, finalmente, el estatuto legal de las comunidades. Éstas, con el nombre de "comunidades indígenas", alcanzaron finalmente el reconocimiento legal que habían perdido al iniciarse la República. Se proclamó, asimismo, la tutela del Estado sobre los indígenas y se encomendó su ejercicio a la flamante Dirección de Asuntos Indígenas, adscrita al Ministerio del Trabajo. Esto constituyó un avance con relación a la ausencia de reconocimiento legal antes existente, pero mantuvo la exclusión legal de los indígenas de la ciudadanía.

La tutela es un régimen de protección legal que se extiende sobre aquellos que son incapaces de representarse a sí mismos: los niños y los discapacitados. Para la mirada oligárquica los indios eran una suerte de menores de edad agrandados; incapaces de hacerse cargo de sí mismos, y sobre quienes el Estado debía ejercer una tutela protectora. Esto es la expresión de una mentalidad que viene desde la Colonia, que legitima la dominación recurriendo a un discurso racista que atribuye la marginación, la discriminación y la opresión que sufren los indígenas a la Naturaleza; a su "inferioridad biológica". Se trata de un racismo que infantiliza a los indígenas.

La tutela continuaba pues la política de exclusión de los indios de la ciudadanía, legitimada a través de la exclusión de los analfabetos del derecho al voto, que les negaba hasta el documento de identidad ciudadana, la libreta electoral. En un país donde se alfabetiza en castellano, el grueso de los analfabetos adultos son precisamente los monolingües que hablan los idiomas originarios, como el quechua y el aimara. Incluso, en regímenes democráticos, de los pocos que hubo en el siglo XX, como el de José Luis Bustamante y Rivero, las cosas tampoco fueron diferentes. Bustamante miraba al poblador andino como un ser analfabeto, poco higiénico y con un idioma (el quechua) que lo separaba de la unidad nacional. Creía que el indígena por vivir a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, veía afectado su organismo, lo que lo imposibilitaba de una socialización civilizada (1). Recién en la Constitución de 1979 -a un siglo y medio de la Independencia se otorgó el derecho al voto de los analfabetos, reconociéndoles el más elemental derecho ciudadano.

La necesidad de la incorporación de los indígenas a la nación es algo que hoy se acepta, pero está asociada a una especie de chantaje por el cual se les reconoce el derecho a incorporarse como ciudadanos a condición de que dejen de ser indios. El discurso del mestizaje ha terminado asociándose a la idea de la desindigenización: que el indio deje de serlo como condición para ser considerado peruano. De esta manera, se sustituye el etnocidio biológico -la eliminación física de los indígenas- por el etnocidio cultural -la eliminación de su identidad.

Al comenzar el nuevo milenio la humanidad va hacia la afirmación de la diversidad como un derecho humano inalienable. Hoy es posible pensar en la construcción de un Estado-Nación integrado, que concilie el respeto a la diversidad con la unidad nacional; el derecho a la ciudadanía sin tener que renunciar a la propia identidad. Se trata del reconocimiento, con el conjunto de derechos que eso supone, para que los indígenas puedan construir su propio futuro.

La comunidad campesina del siglo XXI

Para definir la condición social de los indígenas es necesario definir la importancia de las comunidades campesinas (sierra) y nativas (selva), las instituciones fundamentales de las que aquellos forman parte. En el Perú existen 5,680 comunidades reconocidas que controlan el 39.8% del total de las tierras en uso agropecuario; el número de comuneros registrados es de 711,571, una cantidad que supereen términos absolutos a los 611,327 productores agrarios que en el último censo agropecuario declararon pertenecer a algún otro tipo de organización (rondas campesinas, comités, asociaciones, juntas, etc.). Las comunidades cumplen un papel muy importante en la modernización de las áreas de montaña y en la defensa del patrimonio más importante de los indígenas: la tierra.

Las comunidades están habitadas por más de 2'500.000 de personas, lo que equivale al 40% de la población rural total. Son importantes abastecedoras de alimentos para el mercado interno, y su participación en la oferta agropecuaria nacional oscila entre el 25% y el 30% del valor bruto de la producción. Las comunidades permiten la reproducción social, cultural y económica de un amplio sector de la población peruana, en gran parte marginada por las políticas del Estado. Son uno de los pocos espacios institucionales y organizativos que se mantienen vigentes en el país, en medio de un contexto caracterizado por una creciente debilidad institucional.

La mayor parte de las tierras que controlan las comunidades son pastos naturales, situados en las regiones montañosas y pobres del país; precisamente aquellas ricas en minerales, que se constituyen en el motivo de conflicto con las empresas mineras interesadas en explotar esos recursos. Los comuneros han construido con sus recursos e iniciativa más escuelas y kilómetros de caminos rurales que todo lo realizado gracias a la inversión pública. Las comunidades tienen un gran potencial modernizador, pero las bloquean políticas discriminatorias o que simplemente no las toman en cuenta.

En enero de 2005, se constituyó en el Congreso, de acuerdo con la Ley Nº 28150, una Comisión Especial, con la participación de organizaciones representativas de las comunidades campesinas y nativas, para revisar la legislación que les atañía. De allí salió un proyecto de Ley que ordenaba y actualizaba las normas vigentes, como la Ley General de Comunidades Campesinas y la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva. Recogiendo lo expresadepor la Ley General del Ambiente y el Convenio 169 de la OIT, se reconoció el derecho de las comunidades a participar de los beneficios derivados del aprovechamiento por las empresas de los recursos existentes en su territorio, y a que se las indemnice adecuadamente por los perjuicios derivados de sus actividades.

La política del “Perro del hortelano”

Pero la situación cambió radicalmente con el cambio de régimen. A un año de la inauguración de su gobierno, el presidente Alan García publicó un artículo que definía su posición con relación a las comunidades campesinas y nativas (2). Este texto constituye una importante definición programática en torno a la forma en que concibe el gobierno aprista la participación de los indígenas en el desarrollo nacional y es el marco dentro del cual el Parlamento ha promulgado muy importantes leyes. García parte de la idea que en el Perú "hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo". Su preocupación fundamental se centra en la propiedad del suelo, especialmente en la de las comunidades.

Para sacar a los campesinos de la miseria y el atraso, García propone incorporarlos al mercado a través de la venta de sus tierras, con el objetivo de atraer capitales y tecnología. Su propuesta está dirigida a concentrar la propiedad en manos de grandes empresas, en desmedro de las comunidades nativas de la selva, las comunidades campesinas de la sierra y los pequeños propietarios. Para Alan García las tierras de las comunidades deben entregarse a grandes propietarios. Así, para impulsar las explotaciones forestales en la Amazonía, "se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología".

Se refiere a las tierras de las comunidades nativas de la selva. Igualmente debiera venderse las tierras de las comunidades campesinas de la sierra, que, afirmó, han sido sustraídas al mercado debido a la influencia de ideologías retrógradas: "la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú, sin saber que fue una creación del virrey Toledo para arrinconar a los indígenas en las tierras no productivas" (3).

La propuesta de Alan García no busca mejorar las condiciones productivas de los campesinos indígenas sino allanar la venta de sus tierras: "Esa misma tierra (la de las comunidades) vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento. El perro del hortelano". Para los campesinos la venta de sus tierras significaría perder tanto la condición de comunero cuanto los medios materiales para la reproducción social de su existencia. Su destino más probable, si tal cosa sucediera, sería desarraigarse y unirse a la vasta migración hacia los grandes cinturones de miseria creados en torno a las grandes ciudades.

Para Alan García, la propiedad del suelo por parte de las comunidades en cuyos territorios hay riquezas naturales explotables por el gran capital -como los recursos mineros y el petróleo- es una traba aun mayor para el progreso. Nuevamente, quienes piensan de otra manera son retrógrados interesados en prolongar la situación de atraso del país: "contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático no conectado'; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por cada barril".

Frente a la preocupación por el impacto de la explotación minera sobre el medio ambiente el presidente García sostiene que este es un tema del siglo pasado: "en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas y en todo caso eso depende de lo estricto que sea el Estado en la exigencia tecnológica a las empresas mineras". Por desgracia, casos como el de la empresa minera Doe Run -que durante varios años ha ido postergando el cumplimiento de sus compromisos ambientales contando con la complicidad del Estado en contra de La Oroya- alimentan la desconfianza de los indígenas.

El Estado contra las comunidades

Pero la fuente principal de conflictos entre las comunidades y el Estado es la nula voluntad de diálogo de éste. Recientemente el Parlamento aprobó un paquete de leyes elaboradas por el Poder Ejecutivo (dos leyes y siete decretos legislativos), al amparo de facultades legislativas que aquel le otorgó para legislar sobre aspectos relativos al TLC con Estados Unidos. Se trata de los D.Leg. 994, 995, 1060, 1064, 1020, 1081, 1083, 1089 y 1090.

Estas normas vulneran múltiples derechos de las comunidades y su propósito manifiesto es facilitar la enajenación de sus tierras. Una Comisión Multipartidaria del Congreso recomendó su derogación, sosteniendo que vulneran la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero el gobierno ha decidido continuar con su ofensiva privatizadora, lo cual lo ha enfrentado contra el campesinado indígena, especialmente por el D.Leg. 1015.

El D.Leg. 1015 busca facilitar la venta de las tierras de las comunidades, a través de una sustancial alteración del sistema de votación vigente. Hasta ahora, la decisión de vender las tierras de las comunidades a terceros (empresas mineras, por ejemplo) requería la aprobación del 66% de los comuneros calificados. Perela nueva norma reduce esta cantidad al 50%, no de los comuneros calificados, sino de los asistentes a una asamblea. Una asamblea sería regular con un quórum del 50% más uno de los comuneros calificados, y bastaría la votación de la mitad más uno de éstos para que pudieran decidir por todos. De esta manera, la cuarta parte de los comuneros calificados podría decidir hasta la venta de las tierras y la liquidación de la comunidad. Y si se hace convocatorias sucesivas, para instalar a asamblea con los comuneros asistentes, aunque en la primera convocatoria no hubiera el quórum reglamentario, esta valla se podría reducir aun más.

Estas medidas son discriminatorias contra el campesinado indígena pobre, que constituye el estrato más desprotegido del país y han sido denunciadas desde el mismo interior del aparato del Estado. La Defensoría del Pueblo ha declarado que el D.Leg. 1015 viola la Constitución y ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Según la Defensoría, el D.Leg. 1015 "vulnera los derechos de identidad cultural (reconocido por el inciso 19 del artículo 2º y el artículo 89º de la Constitución Política del Perú), de participación y de consulta de las comunidades campesinas y nativas". Viola asimismo tratados internacionales suscritos por el Perú, como el Convenio Nº 169 - OIT, ratificado por el Perú en 1993 mediante la Resolución Legislativa Nº 26253. De acuerdo al Artículo 55° de la Constitución del Perú: "Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional", por lo que el Estado está obligado a cumplirlos. Finalmente, afirma la Defensoría, el D.Leg. 1015 padece de "vicios de inconstitucionalidad formal". Estas leyes, además, chocan frontalmente con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Pero lo más grave es que estas leyes se han elaborado y aprobado sin consultar con los interesados, lo que ha provocado el reclamo de los gremios campesinos, primero, y luego el anuncio de medidas de lucha y un paro general de todas las organizaciones indígenas de la Amazonía, después de intentar inútilmente durante largos meses ser escuchados. Los resultados de la ofensiva anticomunal están a la vista: los conflictos sociales han aumentado un 150% entre el 2008 y el 2009 (de 93 a 238). Los conflictos socioambientales generados por la industria extractiva constituyen hoy casi la mitad (49%) del total de los conflictos sociales en curso y estos comprometen a 108 localidades; poblaciones donde impera la pobreza y la pobreza extrema, donde el analfabetismo sobrepasa el 50%, como en Llusco y Chumbivilcas, Cusco (4). Los campesinos reclaman que su medio ambiente es agredido por la contaminación de sus recursos naturales, debido al incumplimiento por parte de las empresas de los compromisos pactados con las comunidades (5).

Los obispos de la Amazonía, ante el paro de los pueblos amazónicos reclamando la derogatoria de estos dispositivos, emitieron un importante pronunciamiento en el que afirman: "en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros. Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados y sustancias tóxicas como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control. Podemos afirmar que no se atiende el clamor de las poblaciones indígenas y ribereñas que desean un desarrollo integral, desconociendo el Estado el uso y ocupación de esas tierras por generaciones. En la práctica no se ha tomado en cuenta el derecho de los pueblos amazónicos a ser escuchados (...) Debemos expresar que la Iglesia valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano' (Documento Aparecida 472)". Finalmente, sostienen los obispos que las normas legales que el Estado ha promulgado en el 2008 "no aportan al desarrollo integral de la población amazónica. Por el contrario surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región" (6).

Los indios y el desarrollo

¿Qué demandan los indígenas? ¿Qué proyecto de desarrollo defienden? En una conferencia de prensa en que informaba al país sobre la decisión de los nativos amazónicos de radicalizar sus medidas de lucha, Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la organización gremial que agrupa 1.350 comunidades (donde viven 350.000 hombres y mujeres indígenas, agrupados en 16 familias lingüísticas), afirmó que los beneficios materiales que les ofrece el modelo de desarrollo actual servirán poco si se destruye el medio en el que viven, porque se les despojan de su dignidad, sus tierras y se desintegra a sus familias. "No estamos en contra del desarrollo", declaraba, "estamos en contra de ese tipo de desarrollo".

Los indígenas contemporáneos peruanos defienden el patrimonio cultural de quienes produjeron la más grande revolución agrícola de la historia de la humanidad. Los Andes han aportado a la cultura universal la mayor cantidad de plantas domesticadas de la historia, así como el desarrollo de técnicas muy sofisticadas de manejo sustentable de uno de los medios naturales más complejos del mundo. Debiera preservarse ese patrimonio inestimable y promover su desarrollo. No tratar de liquidarlo en nombre de una visión unilateral y reduccionista de lo que es el desarrollo, que contempla los intereses de unos pocos, amenazando un patrimonio que, como en el caso de la Amazonía, es de interés no solo de las comunidades de la selva, sino de toda la humanidad.

Notas

(1) Bustamante y Rivero, José Luis. Mensaje al Perú, Lima, Editorial Universitaria.

(2) Alan García, "El perro del hortelano". Lima: El Comercio, 28 de octubre de 2007. En los párrafos siguientes nos referimos a este texto.

(3) Cuando en 1570 el virrey Francisco de Toledo decidió la organización de las reducciones o pueblos de indios -que constituyen el referente más remoto de muchas comunidades contemporáneas la tierra era abundante, debido a que la población indígena se redujo en cuatro décadas a menos de la mitad de la que existía al momento de la conquista, en 1532, y siguió reduciéndose durante los dos siglos siguientes; no era necesario pues "arrinconar a los indígenas en las tierras no productivas". Los objetivos de Toledo fueron otros: facilitar el control político de la población, el cobro del tributo, la organización de los turnos de la mita a la que debían ir los indios y la evangelización.

(4) Defensoría del Pueblo, Reporte Nº 61, Lima, marzo del 2009.

(5) De los 116 conflictos socioambientales, 82 tienen que ver con la actividad minera.

(6) "Pronunciamiento de los Obispos de la Amazonía ante el paro de los pueblos amazónicos". Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAAAP. 5 de mayo de 2009. http://www.caaap.org.pe/archivos/pronunciamiento_obispos_amazonia.pdf

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* Nelson Manrique es doctor en Historia y Civilizaciones (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París) y magister en Sociología (Pontificia Universidad Católica del Perú). También profesor principal de la Universidad Católica y autor de numerosos libros y ensayos. Tiene una columna semanal de análisis político en el diario Le República.

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Fuente: Nelson Manrique: "Pueblos Indígenas: Rezagos de una monarquía", en"Pobreza, Desigualdad y Desarrollo en el Perú", Informe anual 2008-2009 de Oxfam Internacional, Lima, Perú, junio 2009.