Enlace permanente Enviado por RODRIGO QUIÑONE... (no verificado) el Lun, 10/22/2018 - 08:50
La madera ilegal y la corrupción estatal van de la mano; con ese fin fue creado; los funcionarios del gobierno peruano (2006 – 2011) no vieron mejor oportunidad para enquistarse en el poder, como botín de guerra tomaron el sector forestal; a partir del TLC Perú – USA se crearon una serie de instituciones, empezando por OSINFOR, posteriormente, se emitieron una serie de normas legales, entre ellas dos (02) leyes forestales (DL 1090 y 29637).
Nadie en su sano juicio podría estar en contra de la lucha contra la tala ilegal, sin embargo, existe un problema que viene desde el año 2004 (año en la que se entregaron las Concesiones Forestales en la región Loreto – Perú) que las autoridades nacionales ni los grupos internacionales quieren ver.
En Noviembre de 2003, para el caso de Loreto, se convocó el Concurso Público N° 004-2003-INRENA, éste tenía doble propósito: a) Generar fuentes de trabajo en la amazonía peruana, lugar donde la presencia del Estado es nula; b) Aprovechar de la experiencia de la población amazónica en este tipo de actividades; el Concurso fue convocado como producto de un cambio de política económica por medio de la cual se necesitaba la participación de capitales privados en los procesos productivos y generación de riqueza por medio de las exportaciones.
En las Bases del Concurso se describió la Base Legal aplicable, se proponía a los postores una serie de beneficios, entre ellos: El uso de madera, provenientes de concesiones forestales, en los proyectos de infraestructura; la inscripción de los derechos de concesión en los Registros Públicos con la finalidad de que éstos sean utilizados como herramientas financieras y garantizar sus operaciones por medio de garantías hipotecarias y/o fiduciarias.
El sector industrial maderero y las grandes empresas exportadoras, junto a los que manejan el sector forestal, le negaron el desarrollo a los pequeños concesionarios que obtuvieron la buena pro en el concurso público, dejándolos solos, abandonándolos en medio proceso. Ha pasado CATORCE (14) años desde que se dieron las concesiones forestales, hasta ahora no se inscribe los derechos de las concesiones, a pesar de que en el contrato se muestra como una “Atribución y Obligación” del concedente.
En el año 2008 se crea el nuevo OSINFOR, adscrito al PCM; se elimina al concedente inicial, es decir INRENA, se otorga funciones a los GORES (Gobiernos Regionales); se emiten una serie de cambios en las normas legales; todas ellas en aras de combatir la tala ilegal, lo cual nos parece correcto…, sin embargo, no se respeta el derecho de los concesionarios obtenidos mediante Concurso Público, no se modifica el contenido del contrato, no se llama a éstos para preguntarles, al menos, si quieren seguir como concesionarios o renunciar a la concesión porque las reglas de juego han cambiado; es más, renunciar a la concesión en ese momento era un imposible ya que te abrían un Procedimiento Administrativo Sancionador con ejecución de garantías.
El Departamento de Investigaciones del Congreso de la República del Perú emite un informe señalando dos problemas: a) Las concesiones forestales se otorgaron a las personas equivocadas; b) Las próximas concesiones deben ser entregadas a personas naturales y/o jurídicas de alta solvencia económica; crea corriente de opinión y se generaliza el concepto.
Nadie quiere escuchar el clamor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES (253) concesionarios de la región Loreto que fueron estafados por el gobierno peruano, el nuevo OSINFOR entró en acción e inició Procedimientos Administrativos Sancionadores, multas, embargos, judicializaciones, apoyado en su propio y nada imparcial Tribunal Forestal, a sabiendas que no tiene competencia para ello.
Entonces, cuando vemos a Rolando Navarro quejarse hasta las lágrimas ante la prensa nacional e internacional, no le creemos, de él dependía que las concesiones forestales de la amazonía peruana caminen por la vía legal, primero: cumpliendo y haciendo cumplir respetuosamente la normatividad legal, sin contravenir a la Constitución Política del Perú ni las normas legales, que crea vicios de nulidad en todo sus actuados; Segundo: Respetando el Contrato de Concesión Forestal.
Si tan solo se pudiera prestarle un poco de atención al Contrato de Concesión Forestal, estoy seguro que cualquier persona con dos dedos de frente pudiera darse cuenta de la cadena de abusos y atropellos cometidos en contra de los concesionarios forestales; más aún cuando la solución al problema se encuentra ahí mismo, en el Contrato.
Por último, si el Estado o la opinión pública internacional considera que las concesiones forestales fueron otorgadas equivocadamente a personas que no cumplen con ciertas calificaciones, está bien, pídanles que las devuelvan por temas de interés nacional o mundial, pero satanizarlas, dejarlas sin trabajo, judicializarlas, embargarles sus pocas pertenencias; por el amor a Dios… Rolando Navarro, eres sirvengueza.
La madera ilegal y la
La madera ilegal y la corrupción estatal van de la mano; con ese fin fue creado; los funcionarios del gobierno peruano (2006 – 2011) no vieron mejor oportunidad para enquistarse en el poder, como botín de guerra tomaron el sector forestal; a partir del TLC Perú – USA se crearon una serie de instituciones, empezando por OSINFOR, posteriormente, se emitieron una serie de normas legales, entre ellas dos (02) leyes forestales (DL 1090 y 29637).
Nadie en su sano juicio podría estar en contra de la lucha contra la tala ilegal, sin embargo, existe un problema que viene desde el año 2004 (año en la que se entregaron las Concesiones Forestales en la región Loreto – Perú) que las autoridades nacionales ni los grupos internacionales quieren ver.
En Noviembre de 2003, para el caso de Loreto, se convocó el Concurso Público N° 004-2003-INRENA, éste tenía doble propósito: a) Generar fuentes de trabajo en la amazonía peruana, lugar donde la presencia del Estado es nula; b) Aprovechar de la experiencia de la población amazónica en este tipo de actividades; el Concurso fue convocado como producto de un cambio de política económica por medio de la cual se necesitaba la participación de capitales privados en los procesos productivos y generación de riqueza por medio de las exportaciones.
En las Bases del Concurso se describió la Base Legal aplicable, se proponía a los postores una serie de beneficios, entre ellos: El uso de madera, provenientes de concesiones forestales, en los proyectos de infraestructura; la inscripción de los derechos de concesión en los Registros Públicos con la finalidad de que éstos sean utilizados como herramientas financieras y garantizar sus operaciones por medio de garantías hipotecarias y/o fiduciarias.
El sector industrial maderero y las grandes empresas exportadoras, junto a los que manejan el sector forestal, le negaron el desarrollo a los pequeños concesionarios que obtuvieron la buena pro en el concurso público, dejándolos solos, abandonándolos en medio proceso. Ha pasado CATORCE (14) años desde que se dieron las concesiones forestales, hasta ahora no se inscribe los derechos de las concesiones, a pesar de que en el contrato se muestra como una “Atribución y Obligación” del concedente.
En el año 2008 se crea el nuevo OSINFOR, adscrito al PCM; se elimina al concedente inicial, es decir INRENA, se otorga funciones a los GORES (Gobiernos Regionales); se emiten una serie de cambios en las normas legales; todas ellas en aras de combatir la tala ilegal, lo cual nos parece correcto…, sin embargo, no se respeta el derecho de los concesionarios obtenidos mediante Concurso Público, no se modifica el contenido del contrato, no se llama a éstos para preguntarles, al menos, si quieren seguir como concesionarios o renunciar a la concesión porque las reglas de juego han cambiado; es más, renunciar a la concesión en ese momento era un imposible ya que te abrían un Procedimiento Administrativo Sancionador con ejecución de garantías.
El Departamento de Investigaciones del Congreso de la República del Perú emite un informe señalando dos problemas: a) Las concesiones forestales se otorgaron a las personas equivocadas; b) Las próximas concesiones deben ser entregadas a personas naturales y/o jurídicas de alta solvencia económica; crea corriente de opinión y se generaliza el concepto.
Nadie quiere escuchar el clamor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES (253) concesionarios de la región Loreto que fueron estafados por el gobierno peruano, el nuevo OSINFOR entró en acción e inició Procedimientos Administrativos Sancionadores, multas, embargos, judicializaciones, apoyado en su propio y nada imparcial Tribunal Forestal, a sabiendas que no tiene competencia para ello.
Entonces, cuando vemos a Rolando Navarro quejarse hasta las lágrimas ante la prensa nacional e internacional, no le creemos, de él dependía que las concesiones forestales de la amazonía peruana caminen por la vía legal, primero: cumpliendo y haciendo cumplir respetuosamente la normatividad legal, sin contravenir a la Constitución Política del Perú ni las normas legales, que crea vicios de nulidad en todo sus actuados; Segundo: Respetando el Contrato de Concesión Forestal.
Si tan solo se pudiera prestarle un poco de atención al Contrato de Concesión Forestal, estoy seguro que cualquier persona con dos dedos de frente pudiera darse cuenta de la cadena de abusos y atropellos cometidos en contra de los concesionarios forestales; más aún cuando la solución al problema se encuentra ahí mismo, en el Contrato.
Por último, si el Estado o la opinión pública internacional considera que las concesiones forestales fueron otorgadas equivocadamente a personas que no cumplen con ciertas calificaciones, está bien, pídanles que las devuelvan por temas de interés nacional o mundial, pero satanizarlas, dejarlas sin trabajo, judicializarlas, embargarles sus pocas pertenencias; por el amor a Dios… Rolando Navarro, eres sirvengueza.