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El Estado se resiste a reconocer el derecho de las comunidades a ser consultadas, y eso podría ser un indicio de que algo no está conforme a ley. No obstante los posibles beneficios de un proyecto de esta envergadura, es innegable reconocer que estos proyectos tambien pueden traer efectos colaterales indeseados como la extracción ilegal de madera, de minerales, prostitución, entre otros. Las comunidades ya conocen de este tipo de impactos y el Estado también, de ahí la probable resistencia a la consulta.

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