Es una vergüenza que el Estado peruano haya estado promoviendo la explotación petrolera a través de concesiones que se otorgaron sin existir un ordenamiento territorial-ambiental realizado a través de consultas previas y ZEE cabalmente efectuados; en todas las cuencas productivas, especialmente donda existen comunidades indígenas. La superposición de las áreas concedidas sobre tierras ancestrales de las comunidades sin haber cumplido los requisitos expuestos constituye, bajo mi óptica, un delito ambiental y un delito de lesa humanidad, casi un genocidio por la cantidad de indígenas afectados por la contaminación originada por la exploración petrolera (en esto PLUSPETROL debería pagar, sí o sí, sus multas y pasivos ambientales antes de que se les permita retirarse. Si ambientalmente PLUSPETROL ha estado contaminando en forma irresponsable, es preocupante lo que podría suceder con PETROPERU manejando el lote 192). En todo caso, sería importante que a nivel del GOREL se establezca un grupo supervisor de todo el accionar petrolero, imparcial, bien remunerado, y con acciones resultantes con responsabilidad civil y penal. Teniendo en cuenta los pasivos ambientales y el hecho que el cambio climático golpeará severamente a la Amazonía, y en especial a las comunidades nativas, el Gobierno Regional de Loreto debería promover a nivel del CIAM que se decrete una Emergencia Ambiental Amazónica precautoria, apelando el Principio Precautorio de la ONU.
