Servindi, 2 de abril, 2020.- La nueva Ley de Protección Policial en Perú abre espacios para la impunidad sostuvo Jan Jarab, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Según Jarab, varios aspectos de la citada norma contravienen los estándares internacionales de los derechos humanos, y significaría un retroceso en la normativa que viene desarrollando Perú en materia del uso de la fuerza.
El Representante Regional del ACNUDH en América del Sur, con sede en Santiago de Chile, hizo un llamado urgente al Congreso peruano y a las autoridades competentes a revisar y revertir los efectos de la nueva Ley 31012 dictada en el marco del estado de emergencia por la propagación del Covid-19.
Recalcó que Perú ha suscrito varios instrumentos internacionales de derechos humanos y tiene la misión de investigar todas las denuncias de violación del uso de la fuerza por los responsables de hacer cumplir la ley.
Esto sería contradictorio con la Ley No. 31012 recién promulgada debido a que contiene disposiciones que no se alinean con dichos estándares internacionales, y que rigen la actuación de las fuerzas del orden y la seguridad.
El principio de proporcionalidad
El representante del ACNUDH sostiene que la nueva norma deroga el principio de proporcionalidad, principio de rango constitucional que tiene por función controlar todo acto de los poderes públicos en los que pueden verse vulnerados los derechos humanos.
El principio de proporcionalidad impide que las fuerzas policiales actúen de forma arbitraria, como también que se siga legitimando la exención de los mismos en el uso de la fuerza.
Respecto a la prohibición de dictar mandatos de detención preliminar judicial Jarab, explicó que «la adopción de una medida cautelar debe ser resuelta exclusivamente por un juez, con base en los antecedentes de la causa y audiencias de las partes».
«La policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población frente a COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad
«De esa manera no se dejará espacio a arbitrariedades o a la impunidad, sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy», añadió Jarab.
Por último, el representante de la ONU instó a las autoridades peruanas a desplegar esfuerzos para dotar de capacidades adecuadas a las fuerzas policiales, invertir en su profesionalización y en la mejora de sus condiciones laborales, así como en su rendición de cuentas.
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Con información de la Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH con sede en Santiago: https://bit.ly/2X8DCJQ
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Un derecho humano es a la
Un derecho humano es a la vida y no poner en riesgo la vida de otros. Agradecidos por su preocupación pero en vez de emitir opinión y velar por el dizque cumplimiento de dichos acuerdos. Pensemos antes en la vida y la capacidad de respuesta que tienen los paises del Sur, nuestros recursos a nivel salud están lejos en comparación a otras partes del Globo. Hay personas que no son conscientes o no les interesa los efectos letales que pueden generar su indiferencia ante esta pandemia. Pensemos más bien, en positivo, que las disposiciones legales instauradas por el gobierno no crearán impunidad ni servirán para el abuso. Sólo deseamos que el virus no se propague. Si dichos organismos internacionales quieren apoyar a esta causa bienvenido sea, todo suma. Un apoyo tangible que se materialice y contribuya, por ejemplo, presenten una propuesta de qué otros mecanismos el Gobierno podría emplear para garantizar que el virus no se siga propagando. Es momento de demostrar que realmente las naciones están unidas y unidas para un fin común el control y eliminación de este virus el covid19.
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