Funcionarios fueron cómplices de blanqueo de madera ilegal

El Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés) hace público la investigación "Autorizado para robar" donde identifica a una serie de funcionarios del sector forestal que permitieron blanquear la madera ilegal de la Amazonía peruana. Además, el informe revela los nombres de cada uno de los responsables de los procesos en toda la cadena de suministros de los productos forestales, a partir del análisis de 1024 Guías de Transporte Forestal, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto del 2017.

Servindi, 17 de julio, 2019.- Una nueva investigación del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés) revela un grupo de funcionarios del sector forestal que sistemáticamente permitieron blanquear madera ilegal de la Amazonía peruana.

Se trata de la investigación titulada Autorizado para robar: Redes de crimen organizado blanquean madera ilegal de la Amazonía Peruana que describe la forma en que se realizan los contratos forestales, los Planes de Manejo Forestal (PMF) y Guías de Transporte Forestal (GTF) para dar la apariencia de legalidad a productos forestales extraídos ilegalmente.

Los documentos oficiales, de acuerdo con el estudio, son otorgados por funcionarios de las oficinas de la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) en los departamentos de Loreto y Ucayali.

Para la investigación, CIEL analizó 1024 Guías de Transporte Forestal correspondientes a los meses de junio, julio y agosto del 2017 que fueron otorgadas por diferentes ARFFS.

En ellas se identificaron 250 contratos forestales, donde los permisos forestales en CC. NN. y las concesiones forestales maderables son los contratos más utilizados. También se encontraron 196 PMF que avalaron el transporte y comercialización del producto forestal declarado.

Sin embargo, revela el estudio, que entre el 35 y 46 por ciento de los PMF de dichos contratos no fueron revisados por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). Tampoco se consignó el número de la resolución que aprueba cada PMF.

Además, CIEL determinó que el 51 por ciento de los Planes de Manejo Forestal de permisos en predios privados y el 30 por ciento en bosques locales no fueron reportados a OSINFOR.

Punto focal

La investigación determinó que los departamentos de Ucayali y Loreto concentran el 92 por ciento de la madera que se transportó y se comercializó con el aval de las GTF evaluadas.

“Por lo tanto, estas dos regiones son un punto focal para identificar cómo operan las redes de crimen organizado en el lavado de madera de origen ilegal”, señala el estudio.

Teniendo en cuenta que la legalidad de un producto está garantizada por la supervisión de OSINFOR, CIEL observó que de las GTF evaluadas para el informe, solo el 44 por ciento amparadas en los PMF fueron supervisadas. Del otro 48 por ciento, se desconoce su condición.

Ello se debe, según el estudio, a que no se reportaron los instrumentos de gestión de bosque al OSINFOR, la imposibilidad para identificar si el PMF fue supervisado ya que el GTF no indica el número de la resolución o, simplemente, los PMF no fueron supervisados.

Asimismo, se halló que el 8 por ciento representa a plantaciones forestales donde OSINFOR no tiene facultades para supervisar ni fiscalizar. Además, a pesar de que la norma que ordena a la ARFFS remitir al OSINFOR los PMF hasta 15 días hábiles después de su otorgamiento, no se cumple.

Irregularidad en las GTF supervisadas

Del total de las Guías de Transporte Forestal analizadas por el estudio y que fueron supervisadas por OSINFOR, de acuerdo con el Sistema de Información Gerencial del OSINFOR (SIGO), el 58 por ciento se encuentra dentro de la “lista roja”.

Ello se debe a que durante la supervisión de campo se encuentran “irregularidades muy graves, incluyendo información falsa, extracción de madera de zonas no autorizadas, por lo que se presume que estos Planes de Manejo Forestal fueron utilizados en el lavado de madera ilegal”.

Por su parte, para que un Plan de Manejo Forestal se encuentre en la “lista verde” se “requiere un nivel tolerable de riesgo o carecen de riesgo de ilegalidad”.

Del análisis realizado por CIEL, el 75 y el 26 por ciento de la madera que proviene de Loreto y Ucayali, respectivamente, se encuentran en la “lista roja”.

“A pesar de que la cifra de Ucayali es menor que la de Loreto, en los últimos años se ha reportado que la pérdida de bosque en la región de Ucayali se está incrementando de forma acelerada por el cambio de uso”, advierte el estudio.

En este sentido, se sospecha que “la madera de origen ilegal que se está extrayendo en estas áreas se está lavando con documentos de los contratos y Planes de Manejo Forestal de la región de Loreto”.

Inicio de la cadena de blanqueo

La investigación identificó que el blanqueo de la madera de origen ilegal se inicia en la elaboración, suscripción e implementación de Planes de Manejo Forestal (PMF), a cargo de los regentes forestales, “responsables de garantizar la sostenibilidad del recurso forestal”.

En este sentido, al revisar los expedientes administrativos generados por OSINFOR, CIEL descubrió que 13 regentes forestales elaboraron y suscribieron PMF con información falsa, específicamente con árboles inexistentes mayor a 40 por ciento.

“Estos documentos presentan un nivel de inexistencia con poca probabilidad de haber sido cometido por un error inocente. Los PMF en donde no existe más de 40% de los árboles facilitan el otorgamiento de las Guías de Transporte Forestal para el lavado de madera ilegal”, aclara el informe.

En todo el Perú, solo ocho regentes forestales fueron suspendidos. Además, el análisis de CIEL muestra que Hugo Paima Ríos es uno de los regentes que presentó mayor número de PMF en la “lista roja” y con procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Otros regentes que elaboraron y suscribieron PMF con árboles inexistentes también son Roberto Carlos Balseca, Enrique Montes Salazar, Lee Marlon Liclan, Luis Alberto Morey Flores, Manuel Saboya del Castillo, Roldan Pinedo Ríos, Laster Isminio Rodriguez, Carlo Nino Vela Gonza, Andrés Tello Mendiola, Elías Pezo Mejía, José Luis Orbe Iñapi y Henry Ruiz Fernández.

Simular existencia de árboles

Para constatar el origen legal de los productos forestales se realiza la verificación de los árboles en campo, según lo declarado por el titular del contrato forestal y el regente forestal.

Para CIEL, este punto de la cadena es crucial porque es donde se determina la existencia real de los árboles que fueron declarados en el PMF presentado a la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre.

“Si en este nivel se verifica los árboles actuales en campo, como declarado, se estaría aportando significativamente a la disminución de las tasas de lavado de comercio de madera ilegal en Perú”, advierte la investigación.

Sin embargo, el análisis de la investigación determinó que, entre junio y agosto del 2017, se consideraron PMF “en donde no existían más del 40 por ciento de los arboles declarados”.

Además, en esta etapa de la cadena de suministro se identificó a “ocho profesionales que emitieron informes sobre inspecciones oculares de los censos forestales que fueron realizados previo a la aprobación del Plan de Manejo Forestal”.

De ellos, Carlos Eduardo Shapiama de Castillo, Julio Fachin Navarro, Jorge Luis Galindo Vela y Felipe Ramiro Díaz Collantes se encuentran registrados en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). Mientras que Llon Max Armas Vela, Juan Arirama Ijuma, Percy Paull Ruiz Manuyama y Luis Gustavo García Tina no están en el CIP.

Inventario sin árboles

Al analizar las Guías de Transporte Forestal, entre junio y agosto del 2017, la investigación determinó que diez funcionarios de Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre “motivaron la evacuación y la aprobación de los contratos y los PMF con inventarios en donde no existía más de 40% de los árboles”.

“(…) es posible que gran parte de la madera provenga de las diferentes zonas de pérdida de cobertura boscosa por deforestación generada en las regiones de Loreto y Ucayali a lo largo de estos últimos años”, refiere el estudio.

Entre los funcionarios de la Autoridad Regional Forestal que recomendaron la aprobación de los PMF mayor a 40% de árboles inexistentes se encuentran Marcos Patricio Soares Torres, Carlos Roni Saldaña Shapiama, Alberto Edison Arévalo López, Rosaula Corina Torres Vargas Manuel Angel Fasabi Paima, Jorge del Águila Bocanegra y Nicky Sandoval Maceto, todos ellos inscritos en el CIP, así como Érika Rossana Arce Núñez que no está en el CIP.

Por otro lado, los funcionarios que de la Autoridad Regional Forestal que aprobaron los PMF mayor a 40% de árboles inexistentes son Jhon Lao Chung Amasifuén, Kathia Janeth García Ayachi, Winder Loja Yhuaraqui, Erik Manuel Ramírez Rodríguez, Ricardo Segundo Mayhuasque Hernández, Ernesto Gonzáles Dávila, Robert Nolorbe Tenazoa, Denilson Marcell del Castillo Mozombite, Carlos Augusto Román Vela y Mauricio Manuel Pereira Fachin, todos ellos registrados en el CIP.

Además, la investigación identificó a Ernesto Gonzales Dávila como el responsable de firmar la resolución de aprobación de tres planes forestales “con inventarios en donde no existían árboles: dos de ellos contenían 63% y 72% respectivamente; y el tercero fue de 100% de inexistencia de árboles”.

“Gonzáles Dávila, oficial clave dentro de la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto, también jugó un papel en el caso de la incautación de madera de la embarcación de Yacu Kallpa en el año 2015”, recuerda CIEL.

En aquel entonces, Gonzáles Dávila no solo firmó los PMF que contenían información falsa, sino que también remitió un oficio a favor del gerente de la Empresa Forestal Corporación Industrial Forestal SAC que fue utilizado como argumento de defensa para que recupere la madera incautada en el puerto de Houston, EE. UU.

Guías de Transporte Forestal

La data analizada para la investigación identificó a funcionarios que canjearon y firmaron las Guías de Transporte Forestal, así como sus oficinas correspondientes.

En este sentido, de las 1024 GTF analizadas, Leydi Noelia Campos Martín de la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) de Pucallpa firmó y canjeó cerca del 59 por ciento.

Por su parte, Víctor Javier Vidalon Ríos, también de la DGFFS de Pucallpa otorgó y firmó el 22 por ciento, mientras que Francisco da Silva Chosna, de la DGFFS de Aguaytía, hizo lo propio con el 15 por ciento de GTF evaluadas para el informe.

“Estos profesionales contaban con capacidades para lograr la activación de una alerta sobre las solicitudes de las GTF, lo cual hubiera permitido no movilizar madera de contratos forestales y Planes de Manejo Forestal con alto riesgo 'lista roja'”, aclara el informe.

Transformar la realidad

Tras el análisis de los documentos y los principales hallazgos, CIEL sostiene que las autoridades cuentan con “numerosas oportunidades” para empezar a “transformar esta realidad” ya que los procesos tienen momentos para “verificar la veracidad y validez de los PMF para así garantizar el origen legal de los productos forestales”.

“No obstante, con demasiada frecuencia se utilizan estos momentos para legitimar un producto forestal ilegal que al haber entrado en un proceso de comercialización ya no sale”, advierte.

Asimismo, sugiere que se debe fortalecer el trabajo de OSINFOR, “así como el de otras agencias forestales y ambientales importantes, incluyendo la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), los fiscales especialistas en materia ambiental y las ARFFS".

“La tala ilegal y su comercio asociado, los abusos, los desplazamientos e inclusive las muertes se podrán evitar cuando impere un entendimiento generalizado de los daños irreversibles que se están causando a las personas y al ambiente”, concluye.

Descarga el informe completo en el siguiente enlace: 

• Autorizado para robar: Redes de crimen organizado blanquean madera ilegal de la Amazonía Peruana (PDF: 56 páginas)

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