La migración forzada de Venezuela

Antonio Peña Jumpa*

7 de octubre, 2018.- La migración forzada, contraria a la migración voluntaria, es un concepto que normalmente se aplica en situaciones de guerra o violencia política permanente. Ocurre cuando, como consecuencia del sufrimiento por el riesgo de esa situación de guerra o violencia política, se produce el desplazamiento masivo de personas o la población de un país o un grupo social hacía otro país o zona de menor riesgo. La migración es forzada por ese riesgo de peligro o de temor fundado de persecución que produce la guerra o violencia sobre las personas o población. ¿Se aplica dicho concepto para la situación que vive la población de Venezuela?

Si bien en Venezuela no se vive una declarada situación de guerra interna o internacional, y resulta discutible si vive una situación de violencia política permanente, el éxodo de millones de migrantes nos puede conducir a la evidencia de una migración forzada. La movilización masiva de la población venezolana muestra que ésta sufre como si se encontrara en una situación de guerra o violencia política permanente.

De una población calculada en 31.5 millones de venezolanos al año 2016 (Banco Mundial), al menos 5 millones se han movilizado en los últimos dos años (2017-2018) hacía los países vecinos y del norte. Colombia es uno de los países que ha recibido el mayor número de migrantes venezolanos con una cifra mayor al 1.2 millones. Brasil, Perú, México, Panamá, Ecuador, Chile, Argentina, EEUU, España, le siguen como países receptores de la diáspora venezolana. En el caso peruano las cifras oficiales establecen que la población venezolana ha migrado en un número de 456,000 al 29.09.2018 (Ministerio del Interior), pero extraoficialmente se puede comprobar que dicha cifra asciende al millón de venezolanos, especialmente de jóvenes, distribuidos en todas las ciudades de la costa, los Andes y la Amazonía peruana.

En el caso peruano las cifras oficiales establecen que la población venezolana ha migrado en un número de 456,000 al 29.09.2018 (Ministerio del Interior), pero extraoficialmente se puede comprobar que dicha cifra asciende al millón de venezolanos, especialmente de jóvenes, distribuidos en todas las ciudades de la costa, los Andes y la Amazonía peruana.

Un detalle de esta experiencia venezolana es que nos conduce a debatir no solo el concepto de migración forzada sino también de refugiado o asilado. Académicamente, como se mencionó al inicio, no hay duda de considerar como causa de la migración forzada las guerras internas o internacionales o la situación de violencia política. Sin embargo, también existen situaciones diferentes, como los fenómenos naturales, que producen el mismo efecto de migración masiva compulsiva: un terremoto, un huracán, un tsunami, una sequía o los cambios climáticos extremos como las lluvias torrenciales o heladas inesperadas. Pero, ¿se puede justificar el equivalente de estas causas cuando nos encontramos en una situación de crisis económica?

Los políticos y gobernantes europeos y norteamericanos no aceptan la situación de crisis económica como causa de una migración forzada. Esta decisión se explica por lo relativo que significa evaluar una situación de crisis económica, pero también porque aceptar dicha causa produciría un mayor número de migrantes que solicitarían su condición de refugiados o asilados afectando la economía del país receptor: el refugiado o asilado tiene derechos de trabajo, salud, vivienda, educación, entre otros exigibles al país receptor, regulado en los tratados internacionales.

Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 1951, el término “refugiado” se aplica a toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país…” (artículo 1ro.).  Como puede apreciarse, la Convención no regula la causa de “crisis económica” como motivo de persecución para acogerse a la condición de “refugiado”.

En el caso de la masiva migración venezolana se discute si las causas son por violencia política o crisis económica. Dado el número de migrantes, que supera cualquier cifra de país latinoamericano que haya motivado la expulsión de sus nacionales en situaciones de crisis económica, el concepto de migración forzada se aplica. Pero también, dada esta situación especial de movilización masiva o diáspora, las normas internacionales sobre refugiados se hacen extensivas. El pueblo de Venezuela vive, en los hechos, una situación de violencia política permanente con efectos directos en su crisis económica que los lleva a buscar protección en otro país.

En este contexto hay dos efectos inmediatos que brotan de los países receptores de los migrantes venezolanos: uno, brindarles refugio; y dos, cuestionar al régimen que produce la expulsión de su población. En su primer efecto, no solo los gobernantes sino toda la sociedad del país receptor estamos obligados a recibir a los venezolanos. En su segundo efecto, es urgente que los gobernantes de los países receptores de migrantes o refugiados venezolanos actúen coordinadamente para que el régimen culpable de la migración forzada cambie

¿Estamos dispuestos a respetar y actuar en base a estos dos efectos? ¿Cuán tolerantes y proactivos somos, desde la sociedad y los Estados Latinoamericanos, a favor de los migrantes venezolanos? 

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*Antonio Peña Jumpa es profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, magister en CCSS y PhD. in Laws.