Por Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
25 de mayo, 2017.- Una épica victoria consiguieron los pueblos indígenas del Perú. Bien liderados por el Pacto de Unidad consiguieron un hecho sin precedentes: la derogatoria del Decreto Legislativo 1333, que autorizaba expropiación de sus territorios, la reubicación de poblaciones indígenas y además la injerencia en órganos internos de las comunidades nativas y campesinas.
Este logro legislativo basa su éxito en el excelente trabajo de las organizaciones indígenas que de manera excepcional explotaron al máximo los procedimientos parlamentarios, la incidencia social, el litigio estratégico y una notable campaña comunicacional.
Así primero, se expuso lo lesivo de la norma al Grupo de Trabajo encargado del Control Constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, y luego a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso que finalmente recomendó la derogación de la “Ley del Despojo” por inconsulta y afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas.
La batalla por el derecho de propiedad comunal y la libre autodeterminación de los pueblos indígenas se reavivó el 28 de abril, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inicio su campaña de desinformación y acudió a maniobras reñidas con la buena fe, al tratar de hacer pasar reuniones con organizaciones indígenas como indicador de que se había llegado a acuerdos con las mismas y que no se debería derogar el Decreto Legislativo No 1333. Solo había que maquillarlo y modificarlo levemente.
Lo más triste de esta campaña del MEF fue que el Viceministerio de Interculturalidad apoyó su propuesta e hizo caso omiso al Congreso de la República y a la Defensoría del Pueblo que recomendaron derogar esta norma por inconsulta y lesiva a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Quedó claro entonces que la institucionalidad indígena no responde a la defensa de los derechos indígenas y requiere una urgente reforma.
Allí se hizo grande el Pacto de Unidad que sobre la marcha interpuso una acción de amparo a través de la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP), con el respaldo legal de IDLADS. De manera simultánea, cada semana emitió persistentes pronunciamientos de rechazo, a los que se adhirieron importantes organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, DAR, IBC, Servindi, entre otras, y dio lugar a una intensa campaña en medios así como en el Congreso de la República.
Fuente: ONAMIAP
Frutos de ese titánico esfuerzo consiguieron hoy 25 de mayo de 2017, un logro histórico: el Congreso de la República con 82 votos derogó el Decreto Legislativo 1333 por inconsulto, y de paso dejó una lección al todopoderoso ministerio “dueño de la billetera”, a quién se le recordó que ya no podrá aprobar normas de espaldas ni a escondidas de los pueblos indígenas sino consultándoles y respetándolos y que es así como debe funcionar una auténtica democracia.
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