Perú: Alcaldes defienden derecho a la consulta y participación de comunidades

Alcaldes de la región norte han suscrito un comunicado para defender el proceso de consulta y participación de la población para que exprese su opinión frente al proyecto minero de la empresa Minera Majaz y expresan su extrañeza por un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) referido a la legalidad de las consultas.

Los organismos electorales no pueden violar el derecho de participación de la población

Los Alcaldes de los Municipios Distritales de Carmen de la Frontera, de Ayabaca y Pacaipampa en la provincia de Ayabaca, nos dirigimos a la opinión pública piurana, nacional e internacional para manifestar:

1. Ante todo, queremos expresar, nuestra solidaridad con el pueblo y los alcaldes del departamento de Ica, en los momentos dramáticos que viven por el violento terremoto acontecido el pasado miércoles 15 de agosto.

2. Que, nuestras poblaciones viven momentos de zozobra y confrontación social desde el 2003, cuando inició su actividad en nuestras localidades la empresa Minera Majaz S.A., que pretende hacer labores de explotación en zonas de ecosistemas frágiles, conformadas por páramos y bosques de neblina generadores de agua para las cuencas de los ríos Chinchipe (San Ignacio, Cajamarca) y Quiroz (Piura), así como para parte de la cuenca amazónica. Son ecosistemas con una gran biodiversidad, que albergan a algunas especies en riesgo, como el tapir andino y el oso de anteojos.

3. Que, la Defensoría del Pueblo corroboró, además -mediante un informe-, que la presencia de esta compañía es ilegal, por lo que las comunidades iniciaron acciones legales por delito de usurpación, en contra de sus funcionarios y accionistas.

4. Que, nuestras municipalidades, las comunidades campesinas y las organizaciones afectadas por la empresa –unidos todos en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FPDSFNP)- impulsamos, en este contexto, un proceso de diálogo con el anterior gobierno, del presidente Alejandro Toledo.

5. Que, este diálogo fue interrumpido y el actual gobierno no lo ha retomado, lo que ha bloqueado los canales para una resolución pacífica del conflicto. Por eso, nuestras municipalidades han generado un mecanismo de participación, a fin de que nuestros vecinos den a conocer, de manera transparente y democrática, su opinión respecto de la realización de la actividad minera en nuestras localidades.

6. Que, esto nos parece justo porque dicha actividad afecta la planificación del desarrollo y del territorio de nuestros distritos, así como su medio ambiente, competencias que nos corresponden de acuerdo a ley. Estamos amparados por la Constitución Política y por la normatividad internacional, que protege el derecho a la participación.

7. Que, nuestras municipalidades, a fin de fortalecer la legitimidad que tiene el proceso de consulta vecinal, han entregado las Ordenanzas y Acuerdos de Concejo correspondientes a la ONPE, con el fin de solicitar su apoyo. Y si bien estamos extrañados por el comunicado del JNE respecto de la legalidad de las consultas, consideramos importante su preocupación y más bien lo invitamos públicamente a apoyar este proceso.

8. Que, el apoyo técnico con que cuentan nuestras municipalidades para la consulta ha generado diversos mecanismos de transparencia e información, entre ellos la página web: www.consultavecinal.org, donde se puede obtener toda la información necesaria sobre la consulta, sin ningún tipo de confusión interesada.

9. Que, contamos con un Comité de Ética que esta conformado por personalidades de renombre a nivel nacional y con el apoyo de observadores nacionales e internacionales, como la Asociación Civil Transparencia. Hemos solicitado, asimismo, la participación de la Defensoría del Pueblo.

10. Que, hechos como el comunicado del JNE y la decisión de la Dirección Regional de Educación de no facilitar los colegios para que sean locales de votación o la decisión del gobierno de suscribir convenios de estabilidad jurídica con la empresa minera nos hacen sospechar sobre una campaña destinada a evitar que la población ejerza su derecho a participar. Rechazamos esto y esperamos haya una rectificación.

11. Finalmente, denunciamos públicamente el atentado sufrido por Carlos Martínez Solano, alcalde provincial de San Ignacio y Presidente del FPDSFNP el pasado martes 14 de agosto, a quien le presentamos nuestra solidaridad. Sobre este hecho, exigimos una profunda investigación con el fin de dar con los responsables.

Ayabaca, Carmen de la Frontera, Pacaipampa, 16 de agosto de 2007

Concejo Municipal de Ayabava - Gobierno Local Municipal Provincia Fronteriza de Ayabaca - Región Piura

Municipalidad Distrital Rural y Fronteriza El Carmen de la Frontera - Huancabamba

Municipalidad Distrital de Pacaipampa - Ayabaca