Perú: Denuncian que Ãrea Protegida Sierra del Divisor vulnera derechos indígenas

Pronunciamiento de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana  - AIDESEP

El compromiso del Estado peruano a nivel internacional para ejecutar políticas inclusivas a favor de los pueblos indígenas y en especial de los Pueblos en aislamiento voluntario constantemente es burlado por organismos del mismo Estado, por ejemplo, creando la Zona Reservada Sierra del Divisor que se superpone a la Reserva Territorial Indígena creada con R.D. Regional Nº 00201-98-CTARU-DRA de Ucayali, la misma que se encuentra destinada a los pueblos indígenas Isconahua.

Conforme establece la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Zona Reservada es una categoría transitoria dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas y pertenece al Estado, con lo cual se viene consumando el despojo de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y desconociendo sus derechos reconocidos con actos jurídicos administrativos de autoridad competente.

Entre ellos, hacemos referencia al D.S. Nº 024-2005-PCM en cuya Disposición Final se precisa que se garantizará la situación de las Reservas Territoriales existentes y dentro de dicha lista se encuentra la Reserva Territorial a favor de los Pueblos Indígenas Isconahua.

Esta afectación que se viene efectuando no es por error, o causa sintomática, sino es intencionada y sistemática, y desde la categorización de la Zona Reserva Alto Purus en Parque Nacional en su mayoría territorial y seguidamente la Zona Reserva Pucacuro y ahora Sierra del Divisor, no hace más que mostrarnos una vez más su verdadera faz: el Estado y los ambientalistas que solo se ven la amazonía como fauna o flora e ignoran la existencia de los pueblos indígenas, ante la imposibilidad de negar su existencia, también han quebrado su compromiso de reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas suscrito por sus centrales como es el Acuerdo de Tailandia[1].

Ante estas afectaciones, AIDESEP llama a la atención de los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, las entidades estatales e instituciones privadas de las graves transgresiones a los derechos humanos , especialmente de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, cuyos territorios pretenden subsumir en ANP, con fines de investigación, turismo, y actividades extractivas[2], donde está claramente delimitada la Reserva Territorial para los Indígenas; sin embargo no se han previsto restricciones para que puedan desarrollar actividades diversas, contraviniendo el principio de protección de la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario por su condición de alta vulnerabilidad a enfermedades ajenas a las de su medio, lo que generaría muertes masivas que lindan con delitos de lesa humanidad, cuya responsabilidad recae directamente en el Estado.

Finalmente, los pretextos de generar las ANP para salvaguardar la vida de los indígenas y generarles mayor protección ha quedado completamente desvirtuados en tanto que el INRENA y otros entes del Estado que deben controlar esta actividad son burlados en el mejor de los casos, si es que no son parte del sistema de tráfico ilegal de madera, lo que genera enfrentamiento y pérdidas de vida de los miembros de éstos pueblos, por el ingreso de nuestros indígenas en sus dominios y enfrentamientos cotidianos por la defensa de sus posesiones con las poblaciones sedentarizadas.

Frente a ello, se demuestra que el actual es un Estado incapaz de resolver estos problemas generados por falta de políticas forestales, de amazonía y de pueblos indígenas, por lo que nosotros responsabilizamos directamente al Gobierno Central por avalar propuestas ajenas a nuestra realidad, perjudicando a los pueblos indígenas y será responsable por las afectaciones que sufran nuestros pueblos luego de este proceso, todo lo cual nos obliga a asumir la defensa y generar nuevas formas de lucha a falta del cumplimiento de las obligaciones del Estado y la sociedad.

Estando la organización sujeta al mandato del XX Congreso Nacional de AIDESEP, por la defensa de la vida y territorios de los pueblos indígenas, exigimos la inmediata anulación de la norma de creación de la ANP Zona Reservada Sierra del Divisor y el respeto irrestricto de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario reconocidos con anterioridad, por lo que ningún acto posterior que otorgue derechos o declare ANP debe superponerse al territorio ancestral indígena.

Lima, 28 de abril de 2006

Consejo Directivo de AIDESEP

Notas:

[1] Resolución 081, Los pueblos Indígenas, las áreas protegidas y el Programa de Trabajo del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Comisión Mundial de Áreas Protegidas, Miembros de UICN. Bangkok, Tailandia Noviembre de 2004.

[2] Véase el Plan Director del Parque Nacional Alto Purus.