Mundo: Adoptan Declaración de Manila sobre pueblos indígenas e industrias extractivas

Servindi, 30 de marzo, 2009.- Con motivo de la "Conferencia Internacional sobre Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas" 85 representantes indígenas del mundo, organizaciones y expertos adoptaron la "Declaración de Manila" en Manila, Filipinas.

La declaración exige el respeto de los derechos de los pueblos indígenas frente a las actividades extractivas de grandes compañías mineras y de hidrocarburos. Para ello, hace un llamado a la participación activa de comunidades indígenas, indigenistas, sociedad civil, compañías, inversionistas, Estados, Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas (FPCI) y otros organismos multilaterales.

En la declaración, los representantes indígenas pidieron un proceso justo para quienes se oponen a las industrias extractivas, los que frecuentemente son "víctimas de violaciones de derechos humanos".

"Pedimos una compensación y restitución por los daños hechos a nuestras tierras, territorios y recursos y rehabilitación de nuestro medioambiente, degradado a causa de proyectos de las industrias extractivas que no tuvieron nuestro libre consentimiento informado previo", demandaron los signatarios.

Los signatarios demandaron a los inversionistas a que garanticen información transparente en relación con todas las inversiones en industrias extractivas en territorios indígenas y pidieron que no inviertan en proyectos relacionados con los hidrocarburos.

La reunión, organizada por la Fundación Tebtebba, se realizó entre el 23 y el 25 de marzo y concluyó con la declaración que fue presentada al Taller de Expertos sobre Industrias Extractivas y Pueblos Indígenas.

Dicho taller, organizado por la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y Tebtebba, se celebró también en Manila tras la reunión de pueblos indígenas, los días 27, 28 y 29 de marzo.

Los resultados del taller de expertos se presentarán en la sesión del Foro Permanente que tendrá lugar en la sede de la ONU en Nueva York las dos últimas semanas de mayo de este año.

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Declaración de Manila de la Conferencia Internacional sobre Industrias Extractivas y Pueblos Indígenas

23-25 de marzo de 2009

Legend Villas, Metro Manila, Filipinas

Cuando se hayan talado todos los árboles,

Cuando se hayan cazado todos los animales,

Cuando todas las aguas estén contaminadas,

Cuando el aire sea irrespirable,

Sólo entonces os daréis cuenta de que el dinero no se puede comer.

Profecía Cree

Trata bien a la tierra, no te la han dejado tus padres, te la han prestado tus hijos. No heredamos la Tierra de nuestros ancestros, nos la prestan nuestros hijos.

Jefe Seattle

Nosotros, los Pueblos Indígenas y grupos de apoyo de 35 países de todo el mundo y representantes de muchas más Naciones Indígenas, nos hemos reunido en esta Conferencia Internacional sobre Industrias Extractivas y Pueblos Indígenas. Como Pueblos Indígenas tenemos una cosmovisión propia, diversidad de idiomas, historia, espiritualidad y territorios, que han existido desde tiempos inmemoriales. Pero ahora nos encontramos dentro de las fronteras de los Estados, que han establecido normas y leyes de acuerdo a sus intereses. Debido a esto, hemos sufrido de forma desproporcionada el impacto de las industrias extractivas, porque en nuestros territorios se encuentra más del 60% de los minerales más ambicionados del mundo. Esto ha supuesto muchos problemas para nuestros pueblos, ya que ha atraído a las corporaciones de industrias extractivas para explotar insosteniblemente nuestras tierras, territorios y recursos sin nuestro consentimiento. El resultado han sido las peores formas de degradación ambiental, violaciones de los derechos humanos y desposesión de nuestras tierras y la contribución al cambio climático.

La degradación ambiental incluye, entre otros factores, la erosión de nuestra frágil diversidad biológica, la contaminación del suelo, del aire y del agua y la destrucción de sistemas ecológicos enteros. Las industrias extractivas, especialmente las extractoras de combustibles fósiles, han contribuido además, de manera significativa, al cambio climático que está destruyendo nuestra Madre Tierra.

Las violaciones de los derechos humanos van desde las violaciones del derecho de los Pueblos Indígenas a la libre determinación (que incluye el derecho a determinar el desarrollo, económico, social y cultural propio) a los derechos a las tierras, territorios y recursos, además de desplazamientos y violaciones de los derechos civiles y políticos más fundamentales, como detenciones y arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones forzosas y asesinatos.

Nuestra diversidad cultural se ha visto también muy erosionada por la destrucción de la diversidad biológica y de las tierras, territorios y recursos, en los que se basan nuestras culturas, por causa de las industrias extractivas. Esta erosión de nuestra diversidad cultural es también resultado de la imposición de sistemas coloniales y de la invasión de no indígenas. Las corporaciones entran en nuestros territorios prometiendo desarrollo a través de empleos, construcción de infraestructuras y pago de impuestos al gobierno. A pesar de estas promesas, sigue habiendo una situación de pobreza absoluta entre aquellos que viven cerca del proyecto. Esta situación ha atizado los conflictos entre los Pueblos Indígenas, el Estado y las corporaciones de las industrias extractivas, causando además divisiones dentro de las propias comunidades indígenas.

Del 6 al 16 de mayo de 1996, se llevó a cabo una primera "Consulta sobre Minería y Pueblos Indígenas" que tuvo como resultado la "Declaración de los Pueblos Indígenas sobre Minería". Esta Declaración llamó la atención sobre los conflictos que se producen entre nuestras comunidades y las corporaciones. Reiteró que los Pueblos Indígenas deben ser quienes tomen la decisión de si debería desarrollarse minería en sus comunidades o no y las condiciones bajo las que puede hacerse.

Han pasado casi trece años desde la celebración de esa Conferencia pero, en conjunto, nuestra situación en el terreno no ha mejorado sensiblemente. Las nuevas oportunidades y amenazas desde la Conferencia de 1996 incluyen:

•la bienvenida adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre 2007;

•los nuevos mecanismos de la ONU para la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, como el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

•un mayor interés en la relación entre los derechos humanos y el comportamiento corporativo, que incluye el trabajo del Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales;

•el reconocimiento de la responsabilidad social corporativa y una creciente voluntad de las corporaciones, al menos en el discurso, de negociar acuerdos directamente con los Pueblos Indígenas, aunque hasta ahora esto se ha quedado en papel o promesas, y no se ha visto en la práctica,

•la crisis del cambio climático, que en gran parte se debe a la dependencia de la economía moderna de los combustibles fósiles. Estos recursos se extraen en nuestras tierras y muchos de nosotros nos vemos afectados desproporcionadamente por tales actividades; y

•la crisis financiera mundial, causada por la liberalización no regulada de las finanzas.

Debido a todo lo anterior, afirmamos que:

•los Pueblos Indígenas somos titulares de derechos, con vínculos inseparables con la tierras, territorios y recursos que hemos poseído, ocupado o utilizado o adquirido en cualquier otra forma, y no debemos ser tratados como simples partes interesadas. Tenemos derecho a la libre determinación de nuestra condición política y a elegir libremente nuestro desarrollo económico, social y cultural (artículo 3 de la Declaración);

•nuestros derechos son inherentes e indivisibles y queremos el reconocimiento pleno de nuestros derechos sociales, culturales y económicos y también de nuestros derechos civiles y políticos.

•deben condenarse todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la presunta superioridad de ciertos pueblos y concepciones coloniales.

•contribuimos a la diversidad y riqueza de las culturas que conforman la humanidad y creemos que podemos enseñar lecciones valiosas al resto del mundo, a través de nuestros valores y visiones, sobre cómo tratar a la tierra con respeto;

•debe ponerse fin a la destrucción de los lugares sagrados y las áreas de importancia espiritual y cultural de los pueblos indígenas;

•debe reconocerse la vulnerable situación de las mujeres y los jóvenes en relación con los impactos de la minería, incluida la pérdida de medios de vida, la violencia y los impactos en la salud y bienestar;

•debe rechazarse el modelo de desarrollo basado en el consumo y producción insostenibles y en la globalización corporativa, que empuja la entrada de las industrias extractivas en nuestros territorios;

•los proyectos de industrias extractivas no pueden tener preferencia sobre nuestro derecho a las tierras, sin que importe si nuestros derechos están reconocidos legalmente o son derechos de usufructo;

•debe terminar de inmediato la criminalización de la resistencia de las comunidades, la intimidación violenta, el acoso y el asesinato de nuestros dirigentes, activistas y abogados que trabajan en defensa de nuestras tierras y vidas;

•los proyectos de las industrias extractivas no deben tener preferencia sobre el derecho humano al agua. El agua es especialmente importante en nuestras vidas y es sagrada para nosotros. Además, las mayores reservas de agua dulce se encuentran en nuestros territorios.

•el derecho al agua es un derecho humano fundamental que debe reconocerse. Condenamos, por tanto, la conducta del Consejo Mundial del Agua que reduce el derecho al agua a una "necesidad básica";

•las negociaciones sobre cambio climático no pueden ser conducidas únicamente por los estados y las organizaciones internacionales a menos que haya una participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas. Además, las medidas de mitigación y adaptación en relación con el cambio climático deben diseñarse e implementarse respetando los derechos de los Pueblos Indígenas;

•debe acabarse con la imposibilidad de hacer que las industrias extractivas rindan cuentas en los países en los que operan y en sus países de origen y deben crearse de inmediato mecanismos para la rendición de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones; y

•la implementación de iniciativas interestatales de infraestructuras, como la Iniciativa de Infraestructuras Regional de Sudamérica (IIRSA) que suponen el desarrollo de megaproyectos en nuestras tierras sin obtener antes nuestro consentimiento libre, previo e informado (CLPI) son destructivas para nuestras culturas y nuestra supervivencia y niegan nuestro derecho a la libre determinación.

Por todo lo anterior y para garantizar el respeto a los derechos reconocidos en la Declaración, además de la integridad ecológica de nuestro planeta y nuestras comunidades, pedimos:

•que se detenga el expolio de nuestras tierras, territorios y recursos;

•una moratoria sobre nuevos proyectos de minería, petróleo y gas que afectan o amenazan a nuestras comunidades hasta que se hayan adoptado estructuras y procesos que garanticen el respeto a nuestros derechos humanos. Quienes determinen cuándo se ha cumplido con esta exigencia solo pueden ser las comunidades cuyas vidas, medios de vida y medio ambiente se ven afectados por estos proyectos;

•debido proceso y justicia para los opositores a las industrias extractivas que son víctima de violaciones de derechos humanos;

•revisar todos los proyectos en ejecución que se aprobaron sin respetar nuestro CLPI ni nuestros derechos de libre determinación; y

•compensación y restitución por los daños hechos a nuestras tierras, territorios y recursos y rehabilitación de nuestro medioambiente, degradado a causa de proyectos de las industrias extractivas que no tuvieron nuestro libre consentimiento informado previo.

Pedimos a las comunidades indígenas y a quienes les apoyan:

•que participen activamente en la red global de pueblos indígenas sobre industrias extractivas que se ha establecido en esta conferencia internacional y que tendrá el objetivo de fortalecer las capacidades de organización local a través de la información compartida, educación y programas de capacitación, investigación y defensoría para la defensa de nuestros derechos;

•que se coordine investigación sobre las compañías mineras, sus procesos y fuentes de inversiones para empoderar a las comunidades, elaborar planes estratégicos y garantizar el reconocimiento de nuestros derechos;

•que afirmen su derecho a controlar la autorización de proyectos y, cuando se haya otorgado el CLPI, que las actividades extractivas en tierras y territorios indígenas se llevan a cabo bajo el derecho consuetudinario indígena;

•que creen un mecanismo para recopilar antecedentes legales de sentencias judiciales relevantes sobre Pueblos Indígenas e industrias extractivas;

•que se construyan relaciones con grupos no indígenas preocupados por el problema de las industrias extractivas, a nivel nacional e internacional, para encontrar puntos en común; y

•que se establezca un Día Internacional de Acción sobre Industrias Extractivas y Pueblos Indígenas;

Pedimos a las organizaciones de la sociedad civil:

•que aumenten su apoyo y solidaridad de un modo que respete las cuestiones indígenas;

•a las ONG de conservación, en particular, que no se impongan ni nos impongan sus opiniones sino que respeten a nuestras autoridades legítimas y busquen el CLPI de las comunidades antes de intervenir. Esto también se aplica a los académicos, incluidos los antropólogos.

Pedimos a las compañías:

•que respeten las normas internacionales tal como se recogen en el marco normativo de los derechos de los pueblos indígenas, en especial las normas mínimas que se recogen en la Declaración, el Convenio 169 de la OIT y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación racial (CIEDR) que incluye, en particular, el derecho a las tierras, territorios y recursos y el derecho derivado de CLPI. Esto debe aplicarse también a los consultores.

•que se sometan a un monitoreo independiente y creíble;

•que rindan cuentas por los desastres ambientales, por la destrucción y por la violación de derechos humanos resultantes de sus operaciones;

•que empleen tecnologías seguras y respeten el principio de precaución a todos los niveles y en todos los proyectos;

•que reconozcan la especial vulnerabilidad de las mujeres indígenas ante los impactos negativos de las industrias extractivas;

•que garanticen una total transparencia en todos los aspectos de sus operaciones y, especialmente, que garanticen que las comunidades afectadas tienen pleno acceso a la información en formas y lenguas que puedan comprender; y

•que lleven a cabo evaluaciones de impacto ambiental, social, cultural y de derechos humanos con los mejores estándares internacionales, garantizando la revisión independiente y la participación de los Pueblos Indígenas;

Pedimos a los inversores:

•que se aseguren de que las políticas en relación con las inversiones en territorios indígenas reflejan los derechos articulados en la Declaración y que los índices éticos que utilizan basan sus recomendaciones de inversión en información de terceras partes y no solo en información de la compañía en la que quieren invertir;

•que garanticen el acceso a la información y la transparencia en relación con todas las inversiones en industrias extractivas en territorios indígenas; y

•que no inviertan en proyectos relacionados con los hidrocarburos.

Pedimos a los Estados:

•que aquellos estados que aún no lo han hecho, adopten la Declaración de la ONU y ratifiquen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que quienes lo hayan hecho, respeten los derechos en ellos recogidos;

•que establezcan, en consulta con los Pueblos Indígenas, mecanismos y procedimientos claros en el nivel nacional para la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales, especialmente la Declaración, el Convenio 169 y la CIERD;

•que revisen las leyes y políticas sobre industrias extractivas que sean perjudiciales para los Pueblos Indígenas y garanticen la coherencia con la Declaración y los instrumentos internacionales de los derechos de los Pueblos Indígenas;

•que reconozcan y apliquen los derechos de los Pueblos Indígenas en relación con el CLPI tal como se recoge en la Declaración y de acuerdo con nuestro derecho consuetudinario y prácticas tradicionales;

•que reconozcan y garanticen la demarcación y titulación de nuestros territorios ancestrales;

•que reconozcan nuestro derecho consuetudinario y mecanismos tradicionales para la resolución de conflictos;

•que apoyen el trabajo de los Pueblos Indígenas en el desarrollo de alternativas económicas frente a las industrias extractivas para aliviar la situación de pobreza que crea una falsa dependencia de las industrias extractivas;

•que supriman los fondos de riesgo y todas las formas de participación privada que no sean transparentes y estén bien reguladas y que distorsionan el precio de los minerales;

•que legislen y regulen, a través de procesos de realización de evaluaciones de impacto ambientales, sociales, culturales y de derechos humanos, con un monitoreo continuado durante todas las fases de la producción y rehabilitación;

•que protejan a los activistas indígenas, defensores de derechos humanos y abogados que trabajan en cuestiones de derechos humanos y, cuando las violaciones sean responsabilidad del Estado, exigimos que acaben con las violaciones de los derechos de nuestros Pueblos;

•que se prohíban ciertas prácticas mineras perjudiciales, incluidos los vertidos de residuos en los ríos, la quema de gas, vertido de aguas residuales, los vertidos submarinos, el desmonte de las cimas de las montañas y la minería a cielo abierto. Dados los riesgos que supone el cambio climático, debe reconsiderarse seriamente la construcción de depósitos de residuos en zonas costeras bajas y en áreas expuestas a fenómenos meteorológicos extremos; y

•que garanticen que sus políticas y programas de cooperación al desarrollo respetan los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular en el contexto de las industrias extractivas y nuestro derecho al CLPI.

Pedimos al Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas (FPCI) y otros organismos multilaterales:

•que lleve a cabo un estudio, con participación de los Pueblos Indígenas, sobre los impactos que les generan las industrias extractivas, consolidando todas las recomendaciones, observaciones y decisiones de los organismos de los Tratados y de la Carta de la ONU en relación con el tema e identificando las medidas que han tomado los Estados en respuesta a las mismas;

•que elabore mecanismos y procedimientos para que los Estados implementen las normas mínimas contenidas en la Declaración, en particular el derecho al CLPI y que pida a los demás procedimientos, mecanismos, agencias y organismos de la ONU y otros organismos multilaterales que también lo hagan;

•que se establezcan procedimientos que den la oportunidad a las comunidades indígenas de solicitar la ayuda de las agencias relevantes de la ONU para el monitoreo y la obtención de información independiente en los procesos de CLPI;

•que apoye la propuesta de que se declare un Día de la Madre Tierra y anime a todas las agencias, mecanismos y organismos de la ONU a que también lo hagan;

•que exija participación y plena y efectiva de los Pueblos Indígenas en todas las discusiones y decisiones relativas a los acuerdos y convenios internacionales que traten de cuestiones sobre la diversidad biológica o el cambio climático;

•que enfatice la necesidad de responder a los impactos directos e indirectos de las industrias extractivas en el cambio climático incluidos los asociados a las medidas de mitigación;

•que enfatice la necesidad de la amplia difusión de la información y del debate crítico entre los Pueblos Indígenas sobre los mecanismos y negociaciones en marcha en relación con el comercio y el mercado de carbono;

•que solicite al Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie, que se relacione activamente con las comunidades indígenas afectadas a través de talleres que traten de los derechos de los pueblos indígenas y las industrias extractivas y que, junto con otros procedimientos, organismos y agencias de la ONU, promueva la promulgación de legislación en los países de origen de las corporaciones transnacionales que permita la aplicación de la jurisdicción extraterritorial en relación con sus actividades;

•que facilite el diálogo entre los pueblos indígenas, los inversores, los gestores de fondos, las corporaciones extractivas y los consultores;

•que recomiende que el Grupo Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales actualicen sus directivas operativas y sus políticas de salvaguarda relativas a los Pueblos Indígenas para incluir el derecho al CLPI tal como se exige en la Declaración. Específicamente que recomiende al Banco Asiático de Desarrollo (ADB) que incluya el requisito de obtención del CLPI en sus políticas de salvaguarda sobre pueblos indígenas, medio ambiente y desplazamiento;

•que recomiende que el Grupo Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, terminen de inmediato con la financiación, promoción y apoyo de proyectos relacionados con los combustibles fósiles y con la minería a gran escala en tierras indígenas y establezca un cronograma para terminar con tal financiación;

•que recomiende que el Banco Mundial deje de influir en el diseño de las políticas nacionales en los países en desarrollo para promover los intereses de las corporaciones transnacionales por encima de los derechos de las comunidades indígenas;

•que recomiende que la Organización Mundial de la Salud considere llevar a cabo un estudio sobre el impacto del cianuro y los metales pesados en el derecho a la salud de las comunidades impactadas por la minería;

•que trate de la urgente necesidad de un reconocimiento genuino de las derechos religiosos, culturales y espirituales indígenas, incluidos sobre sus lugares sagrados, en el contexto de los proyectos extractivos; y

•que recomiende que todos los tratados bilaterales de comercio garanticen el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas.