Por Rodrigo Arce Rojas*
4 de agosto, 2013.- La capacidad para lograr la gobernanza forestal implica el nivel de competencia que tiene una sociedad para alcanzar y aplicar acuerdos efectivos en materia forestal, a través de políticas, leyes, instituciones, normas y mecanismos de cumplimiento (Iza y Stein, 2011).
Desde otra entrada, la gobernanza forestal se refiere a quién toma decisiones, cómo se toman las decisiones, tipos de decisiones que se toman y características de las decisiones con relación a los bosques (Petkova y col., 2011).
Se pueda afirmar que la gobernanza forestal es el proceso mediante el cual la sociedad define objetivos y prioridades relacionadas a la conservación y aprovechamiento sostenible de bienes y servicios de los bosques y establece mecanismos de cooperación a escalas locales, nacionales y regionales (Grupo Técnico de Trabajo en Gobernanza Ambiental en Napo, 2013).
De las diversas formas de definir la gobernanza forestal nos quedan claras las siguientes premisas:
- La gobernanza forestal alude a la capacidad que tiene una sociedad para ponerse de acuerdo en materia forestal
- La gobernanza forestal se pone de manifiesto en la construcción social de objetivos comunes en material forestal
- La gobernanza forestal tiene que ver con la forma cómo nos organizamos como sociedad para la toma de decisiones en materia forestal
- La gobernanza forestal tiene que ver con los arreglos sociales, no solo para construir participativamente políticas y normas, sino también para cumplirlas efectivamente
Existen diversas formas cómo la sociedad se pone de acuerdo (incluyendo al Estado y la Sociedad civil y en éste último considerando a las organizaciones locales, empresariado y grupos religiosos). Además de las políticas también se pueden dar los “Acuerdos Nacionales/sub-nacionales” o los Pactos. Estos diversos instrumentos pueden tener diverso grado de exigibilidad o vinculancia dependiendo del valor que le da la sociedad a la palabra. Lamentablemente estos compromisos no siempre se cumplen lo que terminan muchas veces deslegitimando al instrumento.
Las políticas tienen mayor fuerza legal pero vemos que en procesos de construcción participativa no siempre los diversos actores involucrados tienen la capacidad de pensar más allá de sus directos intereses o de lo que llaman sus derechos. Se puede aludir a enfoques sistémicos, ordenamiento territorial, gestión de cuencas, ecología de paisajes, no obstante, no logran traducirse en propuestas integradas. ¿Cuáles son los factores que explican tal situación? Ensayo algunas respuestas con la finalidad de motivar procesos de diálogo que nos lleven a reconocer algunos de los aspectos críticos necesarios a abordar para acercarnos a la plausible aspiración social de tener la capacidad para ponernos de acuerdo en materia forestal y por tanto avanzar en nuestra gobernanza forestal.
Un factor tiene que ver con el hecho que los propios profesionales forestales durante mucho tiempo hemos circunscrito nuestro accionar a la dimensión biofísica y ecológica de los bosques. No es sino en las últimas décadas que empezamos a apreciar una apertura en el tratamiento de los bosques incorporando miradas provenientes de las ciencias sociales, proceso aún en construcción, en el que los aportes de la antropología forestal tienen mucho que ofrecer.
La certificación forestal voluntaria, y posteriormente los procesos preparatorios sobre REDD+, han tenido la virtud de abrir la visión hacia otros aspectos que anteriormente no se trataban o eran débilmente tratados. Por ejemplo, ahora existe mayor sensibilidad sobre la situación de los trabajadores forestales y los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, los avances varían de país a país o región a región.
Una extremada simplificación de las contradicciones refiere al hecho de polarizar la conservación y el desarrollo como procesos excluyentes. Incluso se habla del derecho a convertir los bosques como condición indispensable de desarrollo. Bajo estas consideraciones, se genera una contradicción entre quienes consideran que los bosques deben ser tratados desde enfoques productivistas (entendidos como consustanciales al desarrollo) y quienes consideran que deben ser tratados desde enfoques conservacionistas.
Aunque en su acepción original el concepto de conservación incluye la protección y el manejo en el camino ha habido sectores que han simplificado el concepto de conservación a su dimensión proteccionista vaciándolo de contenido. Por ello es que surgió la necesidad de especificar el lenguaje y se desarrolló la frase “conservación y aprovechamiento sostenible de los bosques” (que usamos también líneas arriba) e incluso se ha separado entidades de conservación y entidades de aprovechamiento de bosques. Esto genera la idea que en las Áreas Naturales Protegidas solo se hace conservación (restringida a su acepción de protección) y en los departamentos de aprovechamiento de bosques solo se hace producción. Por las características del sector forestal resulta inconcebible que la producción forestal pueda estar separada de aspectos ecológicos que garanticen el mantenimiento de los bosques. Esta extremada simplificación tiene importantes impactos negativos sobre la forma de aprovechamiento que termina convirtiéndose en explotación.
Todavía predomina en nuestra sociedad la creencia que el progreso y la civilización implica la transformación de la naturaleza hacia otros usos de la tierra. Esto conjuga perfectamente con el crecimiento demográfico y el incremento de necesidades de una sociedad fuertemente individualista y consumista. Aunque hemos desarrollado una serie de conceptos que intentan conciliar estas tensiones como por ejemplo los sistemas agroforestales o en un campo mayor hemos promovido procesos de zonificación ecológica y económica e incluso en algunos casos de Ordenamiento Territorial pero nos enfrentamos con la concepción de desarrollo que tienen los políticos.
Un gran tema se refiere entonces a la forma cómo cada grupo social entiende el desarrollo y cómo entiende el papel de los bosques en este esquema de desarrollo. De ello depende si los bosques son vistos cómo extensas áreas para el desarrollo agrícola o ganadero, como reservas de tierra para la agroexportación industrial, como territorios para la explotación de recursos naturales renovables o no renovables, como áreas para el manejo forestal, como áreas para desarrollar bionegocios forestales a partir de bienes y servicios ecosistémicos, como áreas de conservación de valores ecológicos y espirituales de las comunidades locales, o como territorios para el bienestar de los pueblos indígenas y comunidades locales. Aunque los procesos de zonificación ecológica y económica (ZEE) y de Ordenamiento Territorial (OT) son mencionados como mecanismos para organizar los diversos usos y ocupación del suelo, en la práctica las políticas que favorecen la inversión privada para explotación de recursos naturales no renovables, terminan debilitando el instrumento. Con la aparición de la conciencia pública de la importancia de los bosques para hacer frente al cambio climático los bosques adquieren una inusitada importancia pero todavía se mueven en un campo incierto.
En consecuencia, para avanzar hacia una mejor gobernanza forestal, y por tanto orientar de mejor manera el camino hacia la sostenibilidad, tenemos que desarrollar nuestra capacidad de poder ponernos de acuerdo. Ello significa deponer miradas parciales e intereses particulares para abrir las perspectivas de los múltiples actores con visión que integre lo local, lo sub-nacional, lo nacional y lo global; las dimensiones temporales del pasado, presente y futuro; las necesidades de las generaciones presentes y futuras y los derechos de todos los actores sintonizados con los derechos de la naturaleza. Visto desde este ángulo, el estado actual de los bosques es un indicador del grado de desarrollo que hemos alcanzado como sociedad, de la forma cómo nos hemos organizado para tomar decisiones inteligentes, de los arreglos que hemos construido para respetarnos y respetar la naturaleza que nos cobija. El reto está planteado y tenemos que rendir cuentas ante la sociedad y la naturaleza.
Literatura revisada:
- Grupo Técnico de Trabajo en Gobernanza Ambiental en Napo. 2013. Propuesta de Modelo de Gobernanza Ambiental para la Provincia de Napo. Proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza ambiental en la planificación territorial en Napo”. Tena: CONDESAN/Programa BioCAN, MAE, GADPN, GIZ. 20 p.
- Iza, A. y Stein, R. (Eds). 2011. NORMAR - Reformando la gobernanza del agua. Gland, Suiza: UICN. 138 p.
- Petkova, E., Larson, A. y Pacheco, P. (eds) 2011 Gobernanza forestal y REDD+: Desafíos para las políticas y mercados en América Latina. CIFOR, Bogor, Indonesia. 320 p.
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*Rodrigo Arce Rojas es ingeniero forestal. Su correo es: [email protected]
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