Recolectores de castaña de Brasil en Puerto Maldonado, Perú. . CIFOR/Gabriela Ramírez Galindo
- La revolución en la tenencia de la tierra no significa necesariamente que las comunidades disfruten de todos los beneficios de los recursos forestales, sostiene Anne Larson del CIFOR.
CIFOR, 19 de julio, 2013.- En las últimas tres décadas, por lo menos 200 millones de hectáreas de bosques han sido transferidas legalmente a comunidades locales o pueblos indígenas. Como resultado de ello, las comunidades ahora son propietarias o gestionan alrededor de más del 11 por ciento de los bosques del mundo – y la cifra es 22 por ciento en países en desarrollo.
“Hay una mayor aceptación de la idea de que las personas que viven en los bosques podrían ser buenos gestores del bosque y/o pueden tener derechos legítimos sobre los mismos”, dijo Anne Larson, científica principal del Centro para la Investigación Forestal internacional (CIFOR), agregando que la revolución en la tenencia de la tierra no significa necesariamente que las comunidades disfruten de todos los beneficios de los recursos forestales.
Como parte de un proyecto de investigación sobre igualdad y medios de vida en el manejo forestal comunitario, Larson y otros investigadores compararon estudios de caso de América Latina, Asia y Africa.
En algunos países asiáticos encontraron que los gobiernos o grandes empresas madereras tenían derechos sobre los bosques de mayor valor y las comunidades recibían tierras degradadas. En varios países africanos, grupos de élite cosechaban las mayores recompensas económicas, en tanto que las comunidades se beneficiaban muy poco de sus bosques.
Las zonas forestales más grandes en manos de las comunidades están en América Latina, donde las comunidades indígenas han ganado la tenencia de manera creciente.
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"La reforma por sí sola no es suficiente. Un título o derecho sobre la tierra no tiene significado si es que no cuenta con el respaldo de un estado que esté dispuesto a hacer cumplir la ley" |
“Las comunidades enfrentan un camino muy largo y difícil desde la obtención de derechos en el papel hasta lograr su implementación, disfrutar los derechos en la práctica y mejorar sus medios de vida”, dijo Larson, quien coordinó la publicación de la investigación en una edición especial de la revista “Conservation and Society” en 2012.
A continuación Larson responde preguntas sobre algunos de los hallazgos de los investigadores.
- ¿Cuánto cambio puede lograr realmente la reforma en la tenencia forestal?
Lo que la reforma logre depende de numerosos factores, como lo demuestran las reformas pasadas que han sido desastrosas para las poblaciones locales – aún aquellas que parecían tener buenas intenciones o fueron lanzadas supuestamente para formalizar o garantizar los derechos locales, con frecuencia han terminado beneficiando a actores externos o a élites, dejando a la población local con menos de lo que tenían anteriormente.
Hay dos preguntas clave: ¿Cómo se garantizarán los derechos y para quién? Aun las reformas con buenas intenciones tienen la probabilidad de enfrentar prácticas complejas que son difíciles de gestionar. Al mismo tiempo, la reforma de la tierra puede ayudar a garantizar los derechos de las poblaciones locales o indígenas sobre sus tierras, lo que puede sentar las bases para una mayor seguridad de los medios de vida.
- ¿Cuáles son las limitaciones de la reforma de la tenencia?
La reforma por sí sola no es suficiente. Un título o derecho sobre la tierra no tiene significado si es que no cuenta con el respaldo de un estado que esté dispuesto a hacer cumplir la ley, como es el caso de la invasión de territorios indígenas por actores externos, por ejemplo. Un título sobre la tierra no ofrece seguridad necesariamente. Se necesita hacer mucho más para entender lo que realmente garantiza la seguridad en la práctica. Adicionalmente, la tenencia segura no se traduce necesariamente en medios de vida mejorados, a no ser que existan políticas adicionales para nivelar el campo de juego para las personas que tienen menos poder.
- ¿Por qué es tan difícil para las comunidades poner en práctica los derechos que han adquirido?
Obtener los derechos en el papel generalmente es una gran batalla, pero implementar esos derechos significa que las comunidades deben desafiar constantemente el status quo y los intereses en conflicto en sus tierras o bosques.
- Cuáles son las claves para una reforma exitosa?
No existen respuestas mágicas. Es importante esforzarse arduamente para entender cada caso específico.
- ¿Qué obstáculos enfrentan las comunidades en la gestión de sus bosques?
Existen tantos que es difícil saber por dónde empezar. Pero fundamentalmente las estructuras legales y reguladoras para la gestión de los bosques – y muchos esfuerzos para apoyar “el manejo forestal comunitario”, especialmente en América Latina, se basan en modelos de extracción de madera a escala industrial que no son apropiados para las necesidades y la situación real de la vasta mayoría de las poblaciones locales.
- ¿Qué temas adicionales deberían estudiar los investigadores para contribuir a una mejor política de gestión de los bosques?
Tenemos muchas preguntas pendientes. ¿Cómo se implementan los derechos? ¿Cómo funcionan las burocracias responsables de la implementación de los derechos?, es decir, ¿qué papel desempeña el gobierno apoyando o dificultando las reformas? ¿De qué manera pueden las poblaciones locales superar las amenazas a sus derechos? También estoy interesada en los temas de poder y autoridad entre las poblaciones locales y dentro de las comunidades. Una vez que se otorga los derechos, ¿cómo se toman las decisiones y se distribuyen los beneficios (tal como en territorios colectivos)? Y ¿cómo se puede fortalecer los derechos sobre la tierra y el papel en la toma de decisiones de las mujeres?
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El presente trabajo forma parte del Programa de Investigación sobre Bosques, Arboles y Agroforestería del CGIAR y fue apoyado por el Departamento para Desarrollo internacional del Reino Unido, la Fundación Ford, y en América Latina Profor/Banco Mundial. La investigación original se realizó en colaboración con la Iniciativa sobre Derechos y Recursos.
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