Niño otomí de San Francisco Magú sobre montoncitos de troncos a los que se va reduciendo su bosque
Servindi, 23 de mayo, 2013.- Una delegación designada por autoridades tradicionales del pueblo Otomí expuso al relator de las Naciones Unidas James Anayala la amenaza a los derechos humanos y a la diversidad que representa el Proyecto de Desarrollo Inmobiliario “Bosques del Paraíso”.
El citado proyecto pretende edificar más de 11,000 viviendas a costa de devastar bosques, mantos freáticos, la biodiversidad asociada, la cultura milenaria y el futuro del pueblo Otomí, de San Francisco Magú, en el Municipio de Nicolás Romero, Estado de México.
Ya se han talado 12 de las 150 hectáreas comprendidas en la iniciativa inmobiliaria reduciendo encinos majestuosos de más de 300 años a montoncitos de troncos.
El bosque es un santuario de flora y fauna en el que se localizan al menos 11 especies registradas en la Norma 059 de la Secretaria del Medio Ambiente (SEMARNAT). Es además una zona de recarga de los mantos freáticos de la región de la Cuenca de Tepotzotlán.
El relator James Anaya expresó su interés y preocupación por la situación y se comprometió a dar seguimiento al caso.
Responsabilidad del gobierno
Berenice Sánchez -quién acompañó a la delegación- sostuvo que los tres niveles del gobierno mexicano y la SEMARNAT están violando los derechos colectivos e individuales así como la autonomía del pueblo Otomí.
El gobierno concedió el permiso para talar el bosque en el caso de San Francisco Magú con el compromiso de que la destrucción forestal será compensada con un pago de 3 millones de pesos al Fondo Forestal Mexicano.
Supuestamente el fondo se utilizará para el pago de servicios ambientales y reforestación en otra comunidad.
Resistencia Otomí
El pueblo Otomí de San Francisco Magú es un pueblo indígena con aproximadamente 15,000 habitantes que históricamente se ha regido por sus usos y costumbres y mantiene instituciones de administración, organización y toma de decisiones que sustentan su autonomía política, económica y territorial.
Gabino Tercero Nava, integrante del Frente de Pueblos Unidos “Sin Bosques no hay Paraíso” denunció que el gobierno otorgó permiso para un proyecto que era para un supuesto "aprovechamiento sostenible del bosque" pero que en realidad es un permiso para talar y destruir”.
“Resistimos al gobierno autoritario que aprueba planes de supuesto desarrollo arrebatando nuestros recursos para otorgar concesiones a grupos empresariales que buscan hacerse ricos con nuestro patrimonio”, denunció el Frente.
“La rebeldía de los pueblos se levanta para asegurar que el mal llamado proyecto “Bosques del Paraíso” no convierta nuestro territorio en un infierno” señala un documento entregado al relator.
La representación otomí refirió que la abuela Tomasa Rivas Nónigio, con machete en mano, dijo: “Nosotros, maguneros orgullosos, demostraremos a todos estos políticos corruptos y empresarios voraces que a nuestro pueblo no se le toca”.
Ella, quien toda su vida ha recolectado champiñones azulejos, madroños y shoritos en el bosque, subió a la montaña el Ocote para escribir en los árboles: “No me mates”.
Cuando su hermana mayor, Leonor, observó la devastación de su bosque ancestral, lloró, cayó enferma y tuvo que ser hospitalizada.
Economía Verde genera desconfianza y rechazo
La denuncia otomí llega a la sede de las Naciones Unidas en un momento en el cual representantes de diversos pueblos indígenas del mundo resisten la privatización y venta de la naturaleza promovidas por diversos mecanismos de la denominada Economía Verde.
Entre ellos se menciona al pago por servicios ambientales y los mecanismos sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD).
Para la delegación otomí la “compensación” propuesta por el proyecto "Bosques del Paraíso" genera desconfianza y rechazo.
Precisamente, la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales sobre Cambio Climático en contra de REDD+ y por la Vida denunció en la Cumbre de Río+20 que la Economía Verde es nada menos que el capitalismo de la naturaleza.
Se trata de un esfuerzo perverso de las grandes empresas, las industrias extractivas y los gobiernos para convertir en dinero toda la Creación mediante la privatización, mercantilización, y venta de lo Sagrado y todas las formas de vida, señaló la citada alianza.
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