Conflicto por consulta previa para comunidades andinas se agudiza al interior del Ejecutivo

La Mula, 2 de mayo, 2013.- La situación se pone color de hormiga con respecto a la Consulta Previa y los conflictos entre el Ministerio de Energía y Minas y el Viceministerio de Interculturalidad.

Luego de las declaraciones del presidente de la República, Ollanta Humala, quien afirmó que las comunidades indígenas a ser consideradas eran fundamentalmente amazónicas y el anuncio de una posible renuncia del viceministro Iván Lanegra, LaMula.pe recibió información de que la tensión habría alcanzado a los directores generales y los funcionarios de línea de dicha institución, quienes tomarían una medida similar por el “triunfo” de la posición del sector minería sobre la exclusión de comunidades indígenas de la sierra y la costa en el proceso de consulta.

El martes trascendió por fuentes de Reuters la intención de renuncia del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra luego que se agudizaran las tensiones dentro del Poder Ejecutivo, especialmente con el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Como se sabe, uno de los temas más difíciles de la agenda minera del gobierno ha sido llevar adelante el proyecto minero Cañariaco de la empresa canadiense Candente Copper en el distrito de Cañaris, Lambayeque, donde se encuentran comunidades quechua que han reclamado sus derechos como pueblo indígena, acogiéndose al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley del Derecho a la Consulta Previa.

Este escenario ha llevado al propio Viceministerio de Interculturalidad (VMI) a momentos de tensión con el titular del Minem, Jorge Merino, como cuando se hizo público un altercado entre el ministro y Lanegra en una reunión de trabajo en la que se exponían las comunidades que formarían parte del la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas. Esta situación habría puesto en alerta a los funcionarios del VMI por la negativa del Minem a la inclusión de los pueblos quechua de la sierra y los pueblos indígenas ubicados en la costa en la base de datos, e incluso en su definición como titulares del derecho a la consulta, generando un ambiente de incertidumbre.

Es de conocimiento que la postura del Minem ha sido excusar, como ha señalado Alicia Abanto de la Defensoría del Pueblo, el no desarrollar procesos de consulta previa en Cañaris, por ejemplo, escudándose en la falta e publicación de esta Base de Datos, la cuál sería retrasada en buena parte por sus observaciones. Esta situación ha merecido críticas importantes y evidenció, una vez más, la tensión dentro del Ejecutivo sobre este tema por la respuesta de Lanegra a esa argumentación señalando que la falta de esa herramienta no exime al Minem de desarrollar un proceso de consulta previa. Al respecto, además, se supo que tanto Lanegra como Paulo Vilca, director general de Interculturalidad, habrían defendido la incorporación de la comunidad de San Juan de Cañaris como pueblo indígena, razón por la que en la última convocatoria para intérpretes y traductores para la consulta previa se solicitó candidatos para la lengua indígena “Quechua de Lambayeque”, situación incómoda para otros sectores puesto que de esa manera se reconoce la pertenencia de las comunidades quechua de Lambayeque como pueblos indígenas. Una medida audaz pero que tiene un costo político importante.

Lamentablemente, luego de las declaraciones del propio presidente de la República, Ollanta Humala, quedaría en evidencia cuál es la postura que se habría sobrepuesto. Al parecer, cuando el presidente señala que “en la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias producto de la reforma agraria”, haciendo alusión a que las comunidades indígenas solo serían amazónicas, no estaría incurriendo en un error por la falta de asesoramiento, sino que se trataría de un mensaje claro con respecto a este tema en particular cuya presión vino de parte del propio Merino, quién se “habría dado cuenta de que la ley hacia que el Gobierno se dispare en el pie al retrasar los proyectos mineros” como señaló una fuente de la industria minera a Reuters. En ese sentido, como ha afirmado David Rivera, se revelaría la orientación “proempresarial” del actual gobierno sobre la consulta, que habría cedido ante la presión de estos sectores sobre una ley que su propio gobierno aprobó.

“Merino ha convencido al presidente que las comunidades quechuas deberían ser excluidas. Parece que Merino ha ganado (…) Creo que es un gran error y todos nosotros pagaremos al final del día”, afirmó la ex funcionaria que solicitó no ser identificada. “Cuando estas comunidades estén molestas van a atacar justo debajo de nuestras narices, las minas”, señaló una importante ex funcionaria a Reuters.

En estos días trascendió, por información a la que tuvo acceso LaMula.pe de fuentes en el Ministerio de Cultura, que este “triunfo” de la posición de Minería y otros sectores en esta disputa habría terminado por resquebrajar el trabajo al interior de la institución pues a los ojos de los funcionarios sería contraproducente para la implementación de este derecho pues excluiría a un sector que sí habría sido considerado como un pueblo indígena y por lo tanto titular del derecho a la consulta previa. Ante esta situación, funcionarios importantes dentro del VMI habrían tomado la decisión de retirarse siguiendo los pasos de Lanegra, aunque se espera que el equipo técnico pueda mantenerse el tiempo necesario para no dejar los proyectos a la deriva. En ese sentido, es necesario recordar que la comunidad de San Juan de Cañaris ha anunciado su intención de apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si la vulneración de su demanda continúa.

Ahora que la situación se pone color de hormiga, vale recordar que este conflicto con el Minem encontró al Viceministerio de Interculturalidad cuestionado por a las propias organizaciones indígenas y otras instituciones dedicadas a la defensa de los derechos indígenas quienes demandaron a este sector un mayor determinación en su trabajo y celeridad en la elaboración de las herramientas necesarias para la implementación del derecho. Este sector avanzó notablemente con las capacitaciones de intérpretes, líderes indígenas y funcionarios del gobierno central y los gobiernos regionales, así como con la elaboración y publicación de la Guía Metodológica, aunque también ha sido criticada; sin embargo, estos avances se han dado en un ambiente que ha sido criticado por la lentitud, “una papa cocinada a fuego lento” según Marco Sifuentes, pues no se ha podido hasta el momento publicar la Base de Datos por las fuertes disputas que genera tanto en el Ejecutivo, como en las organizaciones.

Dato:

El Defensor del Pueblo de Colombia, donde ya se han realizado procesos de consulta, recomendó al Perú la inclusión de las comunidades campesinas como titulares del derecho.

Los intérpretes de la lengua indígena “Quechua de Lambayeque” ya habrían sido seleccionados y estarían esperando ser capacitados en la primera semana de agosto, tal como lo señala el cronograma de capacitaciones publicado por el Ministerio de Cultura.