La intención de crear un distrito minero en áreas protegidas como el Parque Nacional Lauca estaría detrás de la propuesta de Piñera de modificar el marco legal de la consulta y participación indígena
Servindi, 16 de abril, 2013.- Un conjunto de organizaciones aymaras de la región Arica Parinacota develaron las intenciones del gobierno de Pinera para facilitar la inversión transnacional en territorio aymara y llamaron a no validar el proceso de consulta que impulsa el gobierno.
Advierte que según el gobierno el proceso se encuentra en una “etapa de consenso”, cuando lo que existe es una mesa de acuerdo integrada en su mayoría por personas que "solo obedecen a los intereses del actual gobierno".
Señalan que la intención del gobierno de Sebastián Piñera es anular y desactivar los recursos de protección que presenten las comunidades aymaras ante los tribunales cuando se vulnere el derecho de consulta y participación.
Otra finalidad es consolidar la política de desarrollo minero y crear una región minera en base a la desafectación de 40,000 hectáreas de las áreas silvestres protegidas del Parque Nacional Lauca, la Reserva Nacional Las Vicuñas y el Monumento Salar de Surire.
Dicho propósito -rechazado por las comunidades aymaras- pone en riesgo la agricultura, los recursos naturales, la salud y la calidad de vida de la población tanto de la zona rural como urbana.
La finalidad del gobierno actual es hacer viable el Decreto 124 promulgado que deriva el marco legal de la participación indígena hacia la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente. En este marco legal la participación indígena se reduce a una “participación ciudadana” con un rol esencial de observación indican las organizaciones.
Con respecto a la Comisión Regional de Consulta creada el 28 de agosto de 2012 y que es impulsada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Chile (CONADI) regional señalan que entregó "una confusa y escasa información" a las organizaciones y comunidades aymaras de la región.
Un ejemplo fue la reunión del 28 de agosto en la que no se entregó a los participantes la propuesta del gobierno para la Nueva normativa de consulta y participación indígena.
Cabe recordar que la propuesta del gobierno ha recibido comentarios críticos de James Anaya, Relator especial de las Naciones Unidas para temas indígenas.
Las organizaciones llaman a no validar el proceso impulsado por el gobierno porque ha faltado sociabilización, difusión, transparencia, debate y reflexión en un asunto trascendental "que puede determinar el futuro del territorio, los recursos naturales, el medio ambiente, la salud, la economía, etc. del pueblo aymara".
A continuación el comunicado completo de las organizaciones aymaras:
Comunicado público
Las Organizaciones Aymaras de la Región de Arica Parinacota, abajo firmantes queremos informar a la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente:
Que RECHAZAMOS este proceso de generar una nueva Normativa de Consulta y Participación Indígena en conformidad a los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT que está llevando el actual gobierno del Sr. Sebastián Piñera. Esta nueva normativa que pretende crear el actual gobierno tiene como objetivo lo siguiente:
a)Facilitar la inversión de las empresas transnacionales, especialmente mineras en territorio aymara.
b)Anular y desactivar todos los recursos de protección que puedan presentar las comunidades aymaras en los tribunales cuando se vulnere el derecho a ser consultado previamente y a la participación indígena por parte de proyectos que buscan intervenir el territorio indígena.
c)Consolidar la Política de Desarrollo Minero en nuestra región ya que es de conocimiento publico cómo este gobierno ha legislado para poder beneficiar a los sectores económicos trasnacionales, como ejemplos tenemos la creación de la Ley de Pesca la cual solo favorece a los consorcios pesqueros trasnacionales y nacionales. También en nuestra región vemos como de las 1000 hectáreas en Pampa Concordia el actual gobierno le entrega el 50% de esas hectáreas a una empresa transgénica transnacional en desmedro de los agricultores de la región. Esta situación nos revela que este gobierno solo busca favorecer y facilitarles la inversión a las empresas trasnacionales.
d)Además el actual gobierno a tenido presiones por parte del Consejo Minero, en el cual su presidente Sr. Joaquín Villarino expresó a un medio de comunicación lo siguiente “Los derechos de estos pueblos indígenas no pueden estar sobre la legislación vigente que rige a todos los chilenos” (La Tercera, jueves/22/2013), esta situación se da en el marco del rechazo de varios proyectos mineros los cuales han sido paralizados por las organizaciones indígenas por la vía judicial en donde los tribunales chilenos están asentando jurisprudencia del cumplimiento del deber que tiene el actual gobierno de aplicar el derecho a la consulta previa y participación indígena, con los estándares que establece el convenio de lo contrario se estaría lesionando la garantía de la Igualdad ante la Ley que tienen los indígenas cuando se quiera intervenir en sus territorios para extraer los recursos naturales del subsuelo, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
e)Teniendo presente que en nuestra región el presidente Sr. Sebastián Piñera E. en junio del año 2010 vino a nuestra ciudad a impulsar una Política Minera en la región que consistía en Desafectar 40.000 hectáreas de las áreas silvestres protegidas (Parque Nacional Lauca, Reserva Nacional Las Vicuñas y Monumento Salar de Surire) para el desarrollo minero y a establecer las condiciones para convertir a esta región como una “Región Minera”, situación que fue rechazada por las organizaciones aymaras y ciudadanas de esta región debido a que no fue consultada a la comunidad y porque pone en riesgo la agricultura, los recursos naturales, la salud y la calidad de vida tanto de la zona rural como urbana.
Recordemos que en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet fue promulgado el Decreto 124 el cual regula el Art. 34 sobre la participación indígena de la ley Indígena 19.253 que establece “que los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce la ley”.
Este decreto lo que hace es derivar la participación indígena hacia la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente en donde solo se contempla una “participación ciudadana” que se traduce en una mera reunión informativa en donde las organizaciones aymaras no tienen injerencia, ni tampoco pueden incidir en el proyecto, actuando solamente como meros observadores.
Ahora se busca hacer lo mismo con el derecho de Consulta y participación indígena que establece el Art. 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, que tienen los pueblos indígenas en relación a cuestiones que puedan afectarles, en este sentido el Gobierno actual presento una propuesta de esta nueva normativa, la cual pone en riesgo la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, en el cual en su Art. 5 con respecto a los proyectos de inversión en territorios indígenas, deriva el derecho de consulta y participación indígena hacia la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente y al Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental SEIA.
Además el relator sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas Sr. James Anaya objetó la propuesta del gobierno referente a regular el derecho de consulta y participación indígena, argumentando que los articulados de dicha propuesta vulneran los derechos fundamentales que tienen los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT.
Con respecto a la Comisión Regional de Consulta creada el 28 de Agosto del 2012 impulsada por la CONADI regional, consideramos que ha entregado una confusa y escasa información hacia las organizaciones aymaras y comunidad de la región. Debido a que las organizaciones aymaras deben entender a cabalidad la real situación de lo que pretende el actual gobierno con respecto a crear una normativa para poder regular el derecho de consulta y a participación indígena que establece el Convenio 169 de la OIT.
Por ende ha faltado una mayor sociabilización, difusión, transparencia, debate y reflexión en un asunto tan trascendental que puede determinar el futuro del territorio, los recursos naturales, el medio ambiente, la salud, la economía, etc. del pueblo aymara. Como ejemplo de no proporcionarse toda la información podemos citar que en la reunión del 28 de Agosto no se entregó la propuesta del gobierno para la Nueva normativa de consulta y participación indígena de conformidad a los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, de manera de poder tener una posición frente a esta propuesta y conocimiento de la verdadera intención del gobierno.
También consideramos que a la Comisión Regional de Consulta carece de representatividad en relación al último censo del 2012, por lo tanto No tiene la Potestad y la Legitimidad de tomar decisiones que puedan afectar directamente al pueblo aymara de la región. Además no esta tomando lo que dice el Convenio 169 de la OIT con respecto a los requisitos esenciales para ser consultados, los cuales son
a)Debe proporcionarse la información completa y adecuada
b)Debe realizarse mediante procedimientos apropiados acordado en tiempo, temas, plazos y lugares acorde a cada realidad de las comunidades.
c)Debe efectuarse de manera apropiada en nuestro idioma aymara, modalidades de dialogo, participación y adopción de acuerdos
d)A través de sus instancias representativas de todo el pueblo aymara.
e)Establecer un dialogo de buena fe entre los interesados de todo el pueblo aymara.
f)Con la finalidad de poder llegar a un consenso amplio de todo el pueblo aymara, sin excepciones.
Estos requisitos esenciales tienen una connotación jurídica especial que no es reducible a “Reuniones Informativas” o procedimientos comunes.
Hacemos un llamado a todos los aymaras de la región a NO validar el proceso actual de Consulta que lleva adelante el gobierno y que hoy se encuentra en una “Etapa de Consenso”, en donde se ha conformado una MESA DE ACUERDO en que sus integrantes, en su mayoría solo obedecen a los intereses del actual gobierno. El pueblo aymara debe avanzar en su participación política y representativa de manera autónoma, de autogobierno y bajo el derecho de la libre determinación buscando el consenso de todos los aymaras de la región.
10 de abril, 2013
- Gino Grunewald Condori, Consejo Nacional Aymara de Mallku y Talla de la comuna de Arica Urbano.
- Cesar Huanca Chambe, Presidente Consejo Territorial de Chapiquiña.
- Richard Fernández Chávez, Coordinador Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales.
- Francisco Salvo, Asamblea por el Arica de Arica Parinacota.
- Lisset Mamani Carlos, Presidente Asociación Indígena de Mujeres del Valle de Lluta “Warmi Chamampi”.
- José Luis Gamboa Morales, Presidente de la Asociación Indígena Wila Pampa.
- Yamila Flores, Presidenta Asociación de Estudiantes de Pueblos Originarios (AESPO).
- Julio Huanca Sarco, Parlamento Aymara del Pueblo Qullana Aymara.
- Florencio Choque Chambe, Presidente de la Comunidad Indígena de Chapiquiña.
- Papoveda Ocaña, Presidente de la Junta Vecinal de Chapiquiña.
- Fernanda Santos Ticlle, Centro de Investigación de las Artes y Cultura de los Pueblos Originarios.
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