Colombia-Perú: Trapecio Amazónico: compleja realidad, por Ricardo Soberón*

Los 1,532 km por los que fluyen las aguas del río Putumayo con destino al Amazonas separan la frontera entre Perú y Colombia, hasta llegar al denominado Trapecio Amazónico. Este territorio es el resultado de las negociaciones diplomáticas producidas en 1934 que pusieron fin a un viejo conflicto entre ambos países y que permitieron a Colombia obtener 116 km de acceso al río más caudaloso del mundo.

Más al interior de la cuenca amazónica, otros 1,643 km separan al territorio de los departamentos de Vaupés y Guainía en Colombia del estado brasileño de Amazonas, en la región denominada Cabeza de Cachorro. En ambos casos, la enormidad de las fronteras y la falta de vías de comunicación distintas a las fluviales, dificulta cualquier tipo de control aduanero, policial o migratorio y eso lo saben los traficantes de drogas y madera, las columnas guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los grupos paramilitares, los garimpeiros extractores informales de oro y contrabandistas que habitan en dicha región fronteriza.

Por el lado colombiano, la responsabilidad de control fronterizo es de la Marina colombiana, con sede en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. Ellos se encargan de la ejecución de las acciones militares del Plan Patriota, implementado por el gobierno de Uribe en agosto del 2004 y destinado a derrotar a la guerrilla en su propio centro de operaciones, en el sur de Colombia. Desde el Perú, los barcos nodriza financiados con la cooperación del Departamento de Defensa de EEUU, desde mediados de los 90, se encuentran asentados en la base de Santa Clotilde, en el río Nanay, departamento de Loreto. Tales embarcaciones se turnan en surcar el río Putumayo, en un viaje que dura 18 días, para aprovisionar los pequeños destacamentos del Ejército peruano, como para controlar a quienes navegan el río.

En Brasil, la sede administrativa de operaciones amazónicas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, se asienta en la ciudad de Manaos. Desde allí, se dirigen las operaciones del Sistema de Vigilancia Amazónica (SIVAM), complejo sistema de monitoreo amazónico. El presidente Álvaro Uribe de Colombia repetirá el plato hasta el 2010, mientras que el presidente Luiz Ignácio Lula da Silva de Brasil intentará la reelección en los comicios de octubre próximo. En cualquier caso, la posición de Brasil ha sido siempre muy cautelosa, en relación a Colombia. Por un lado, su Cancillería ha evitado apoyar una iniciativa del presidente Uribe para calificar de terroristas a las FARC, para evitar a su vez represalias de ese grupo en su territorio, y por otro lado ha mantenido las puertas abiertas para una eventual solución pacífica. Simultáneamente, ha colaborado con el gobierno del presidente Uribe decretando, además, la militarización de su frontera con Colombia: 23,000 militares en el escenario amazónico.

La tercera semana de junio, desde las selvas de Caquetá y Putumayo, Raúl Reyes, vocero de las FARC dijo en un comunicado recogido por la revista colombiana Cambio que estaba en disposición de reiniciar el diálogo de paz con el gobierno de Uribe, previo despeje de dichos departamentos, el cese de operaciones militares en todo el país y la suspensión de las 31 órdenes de captura contra sus jefes. No parece un menú digerible para Uribe.

Confluyen en esta región los límites con Brasil, país que durante mucho tiempo dio la espalda a la existencia del conflicto colombiano, así como a los impactos del narcotráfico. Ahora, frente a las posibilidades de regionalización de algunos de los efectos del conflicto, sus fuerzas armadas han tenido que modificar su doctrina de seguridad militar fronteriza, para impedir que los frentes de las FARC crucen al territorio brasileño en busca de armas y municiones, insumos químicos y descanso para sus destacamentos. Aun así, en las favelas de Rio de Janeiro se sufren las consecuencias sanitarias y de inseguridad, del intenso tráfico y consumo de cocaína y pasta de cocaína provenientes de los países andinos, manejados por el Comando Vermelho (Comando Rojo) y Amigos dos Amigos (Amigos de los Amigos) en Rio de Janeiro y Primer Comando do Capital (Primer Comando de la Capital) en São Paulo, tres de las organizaciones criminales mas poderosas y violentas del país. Cada vez más, el gobierno brasileño tiene que preocuparse de dos zonas fronterizas calientes: una, la del Trapecio Amazónico; la otra, la Triple Frontera con Paraguay y Argentina, donde confluyen problemas de drogas y criminalidad organizada.

En el escenario del Trapecio Amazónico se cruzan tres realidades complejas. Allí sobreviven diversos pueblos indígenas tikunas, secoyas, omaguas y huitotos , que habitan ancestralmente las riberas de los principales ríos y caños de agua, pero que ahora tienen que soportar eventualmente las consecuencias del conflicto armado colombiano con su secuela cada vez mas evidente de desplazados y muertos por la violencia. Luego, tenemos la escasa atención estatal que es más evidente en la localidad peruana de Santa Rosa que en el lado brasileño de Tabatinga o en la ciudad de Leticia, en el departamento colombiano de Amazonas. Por último, está la presión de los colonos y taladores informales, que atentan contra los derechos territoriales de los diversos pueblos amazónicos, amenazando la integridad de su territorio y sus recursos. Otro de los problemas de los grupos indígenas, es que tienen que atravesar los controles cada vez más rigurosos, de la Policía de Brasil, de Colombia y del Perú para visitar comunidades vecinas o familiares. Esto afecta sus derechos fundamentales reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo .

A pesar de ser también una zona de disputa entre los actores armados, la del Trapecio Amazónico no es una frontera que reciba la misma atención de la comunidad internacional, más allá del monitoreo que realizan organizaciones humanitarias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos, o, Médicos sin Fronteras. A fines de junio, la oficina de ACNUR en Bogotá señaló que habían 60,000 colombianos que vivían como refugiados en distintas partes del mundo, principalmente EEUU, Ecuador, Venezuela y Costa Rica. Brasil, pese a su tradición favorable al asilo político, por cuestiones geográficas e idiomáticas, es el último país para los refugiados colombianos: entre el 2003 y el 2005 ha recibido a 105 refugiados de esa nacionalidad. La mayoría de los solicitantes de asilo colombianos se dirigen por vía aérea a las principales ciudades brasileñas Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo o Manaus para de allí, dirigirse a un tercer país. Son pocos los que llegan por vía fluvial desde Leticia, en el departamento de Amazonas; de estos últimos, la mayoría se queda en la misma región.

Colombia es epicentro de uno de los mayores desastres humanitarios en el mundo, con más de 2.5 millones de desplazados internos según el propio ACNUR. La intensidad del fenómeno del desplazamiento transfronterizo en los tres departamentos de la Amazonia colombiana Guainía, Vaupés y Amazonas, que tienen límites de más de 3,000 km con Brasil y Perú , alcanza ribetes distintos a los que puede ocurrir en otras regiones de frontera, por ejemplo en los escasos 280 km de frontera con Panamá. Aún así, según la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en los últimos dos años el desplazamiento en los nueve municipios del departamento fronterizo de Guainía, en los ocho de Vaupés y 11 de Amazonas se mantiene bajo en términos nacionales, pero afecta a la población más vulnerable y excluida, como los indígenas. El confinamiento de las comunidades nativas a partes muy restringidas de su territorio y, el sembrado indiscriminado de las minas antipersonal por los senderos en la floresta, son parte del problema.

Así pues, en los centros políticos y militares de los tres países concernidos, constituye una preocupación fundamental cómo los efectos del conflicto colombiano se dejan sentir en el centro mismo de la cuenca amazónica.

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*Abogado, M.A. en Política Internacional y Seguridad. Consultor en Seguridad, Drogas y Amazonia.

Fuente: Noticias Aliadas

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