Servindi, 8 de noviembre, 2012.- La segunda petrolera más grande de Estados Unidos, Chevron, ya no podrá disponer de sus activos en Argentina, luego que un juez de este país ordenó un embargo por hasta 19,000 millones de dólares a pedido de la justicia ecuatoriana.
La transnacional fue denunciada por graves daños contra poblaciones indígenas y el medio ambiente en Ecuador y hasta hoy solo se le ha podido embargar unos pocos activos que tiene en este país.
El pasado 15 de octubre un juez ecuatoriano ordenó embargar los bienes de Chevron por hasta 19.000 millones de dólares y dispuso se congelaran los bienes que esta empresa tiene en Colombia y Argentina.
Adrián Elcuj Miranda, juez del fuero civil de Buenos Aires, decidió acceder al pedido de la justicia ecuatoriana bajo la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, informó en una rueda de prensa el abogado de los demandantes en Argentina, Enrique Bruchou.
La orden de embargo en Argentina alcanza al 100 por ciento de las acciones de Chevron en este país, así como a la totalidad de las participaciones en yacimientos petrolíferos y oleoductos.
Aún antes de conocer el dictamen de la justicia argentina la posición de Chevron fue cuestionar el fallo judicial ecuatoriano por ser “resultado de sobornos y fraude”. Además, sostuvo que la empresa Texaco -adquirida por Chevron en 2001- remedió antes de 1992 los daños ambientales en Ecuador.
Chevron y su respuesta tras el fallo
James Craig, portavoz de la empresa, explicó que todas las operaciones de Chevron en Argentina son realizadas por empresas filiales y que los demandantes “no tienen derecho a embargar activos de las subsidiarias” ni a “perturbar la explotación por parte de Argentina de sus importantes recursos energéticos”.
El representante de la petrolera para América Latina y África sostuvo además que ningún tribunal argentino ha informado a Chevron Corporation de la presentación de la querella por parte de los demandantes ecuatorianos, ni tampoco de una orden de embargo en su contra.
Por su parte Bruchou aseveró que “el fallo del juez argentino hace punta en la preservación del medio ambiente” y precisó que el embargo alcanza al cien por ciento de las acciones de Chevron Argentina, valoradas, según dijo, en 2.000 millones de dólares, y al cien por ciento de sus dividendos y a su participación en la firma Oleoductos del Valle (14 por ciento).
Asimismo, comprende el 40 por ciento de todas las ventas de petróleo de la compañía a las refinerías y al 40 por ciento de los fondos de la empresa depositados en bancos de Argentina, por lo que el embargo permite a la compañía seguir operando.
El caso se encuentra en la Corte Nacional de Justicia de Quito, pero la sentencia ya está vigente porque Chevron no pagó una garantía que habría suspendido su ejecución mientras avanzaba el proceso.
El abogado defensor destacó en otro momento que la acción no es un reclamo contra las compañías extranjeras. "Queremos que utilicen en nuestro país y en América latina los mismos standards de protección del ambiente y de nuestra gente que aplican en su países de origen", sentenció.
Los demandantes
Los grupos indígenas ecuatorianos lograron el fallo favorable en su país en el caso ambiental, que se inició en 1964 cuando la Texaco (adquirida por Chevron en 2001) empezó a buscar petróleo en la provincia de Sucumbíos junto con la compañía Gulf.
Fue a partir de ese año y hasta 1990, cuando abandonó el país, que Texaco derramó alrededor de 16,8 millones de galones de petróleo, 18,5 millones de galones de aguas tóxicas y 235 mil millones de pies cúbicos de gas quemados al aire libre, en los territorios que hoy ocupan Sucumbíos y Orellana.
La justicia ecuatoriana sancionó a Chevron a pagar 18.000 millones de dólares por los desastres ocasionados a cerca de treinta mil pobladores y al medio ambiente pero la transnacional se negó a abonarlo e interpuso numerosas querellas que obstruyeron la justicia desde hace 19 años.
Según los demandantes la situación dejada en sus territorios tras las operaciones de Texaco fue catastrófica, se dio la contaminación y envenenamiento de 500.000 hectáreas de zona selvática del Amazonas, donde habitaban siete comunidades originarias.
Añadir nuevo comentario