Quito, 12 de junio 2006, por Oilwatch. La principal herramienta de control de las riquezas naturales desde los intereses transnacionales es la privatización. Esta privatización se ha convertido en la acción más perversa del momento en contra de los intereses ambientales, de los intereses comunitarios y por lo tanto de los intereses económicos del país. Oilwatch ha propuesto como parte de su agenda la lucha por la Soberanía Energética.
La soberanía energética plantea además del acceso a la energía, conceptos sobre el control de los recursos energéticos, incorporando además elementos sobre el tipo y calidad de la energía utilizada. Promueve las fuentes no dependientes, renovables y de bajo impacto. Para esto dos condiciones son básicas: por una parte que el Estado retome el control de sus fuentes y procesos energéticos y por otra abrir procesos de participación de las sociedades nacionales a fin de, soberanamente, iniciar un proceso de transición a un modelo no petrolero que resuelva las necesidades energéticas de las sociedades y que respete tres premisas:
Para garantizar la vida y el futuro es necesario garantizar la sustentabilidad y la salud de la naturaleza.
Un modelo independiente, autónomo y libertario debe basarse en la soberanía.
No se puede hablar de bienestar y sustentabilidad si no se habla de justicia y equidad.
En el debate por la soberanía hay dos tendencias que se enfrentan entre si. Por una parte las globales que impulsan las privatizaciones como estrategias de control de recursos y mercados y por otra, la defensa de las soberanías nacionales.
La disyuntiva privatización - soberanía, va más allá que la confrontación entre la empresa privada y el Estado, entre ellas lo que está en juego es la comunidad. ¿Quién debe tener acceso, control y capacidad de decisión sobre las riquezas naturales? ¿Quien controla finalmente los territorios en donde se encuentran estas riquezas?
Varios países han tomado medidas para recuperar al menos parcialmente, el control de sus recursos energéticos. Por una parte está la reciente decisión de Bolivia de nacionalizar sus riquezas hidrocarburíferas. La reciente caducidad del contrato de la empresa Oxy en el Ecuador resulta importante, pues era la empresa transnacional más importante del país y ahora todos sus activos revertirán al Estado. Otros pasos han sido dados en América Latina para reconstruir las empresas petroleras nacionales como es el caso de Argentina, fortalecer la inversión pública, en el caso de Brasil, cambiar los términos de los contratos, en Ecuador o gravar con impuestos a las operaciones de las empresas privadas en Venezuela. El caso de Chile, que sin tener petróleo, cada día fortalece más su empresa estatal petrolera
La principal herramienta de control de las riquezas naturales desde los intereses transnacionales es la privatización. Esta privatización se ha convertido en la acción más perversa del momento en contra de los intereses ambientales, de los intereses comunitarios y por lo tanto de los intereses económicos del país.
Las tendencias neoliberales de la privatización se tropiezan con el interés de recuperar en unos casos y en otros de fortalecer la soberanía de los Estados. Desde los países industrializados y sobre todo desde aquellos deficitarios de petróleo, se organizan campañas, se planean intervenciones, se ejercen presiones, a fin de ablandar a los gobiernos de países con estos recursos, para facilitar la privatización y control de reservas de petróleo y gas.
La industria petrolera desde sus caóticos comienzos hasta los procesos de nacionalización de las reservas en los años 70, ha enfrentado diferentes presiones por parte del sector, y permanentes intentos de privatizarlos. Las empresas privadas prácticamente ausentes hasta hace 20 años, de los países miembros de la OPEP, cobraron mucha fuerza a través de diferentes contratos. Sin embargo en el último período se presenta una nueva ola de nacionalizaciones.
Sin embargo muchas veces a nombre de la soberanía nacional se cometen atropellos porque el Estado asume la defensa de intereses transnacionales o de elites nacionales.
Un verdadero debate sobre soberanía energética, debe colocar el tema de las comunidades, sus prioridades, sus necesidades, aspiraciones y el respeto a sus derechos en el nivel más alto de importancia.
Y si bien recuperar la soberanía de los Estados es una condición básica para los países, lo es también hablar sobre los derechos de las comunidades que se resisten a la destrucción de sus territorios por el petróleo.
Seguir la línea de la privatización de las riquezas hidrocarburíferas, puede ser ilustrativo para entender los roles de las empresas, el Estado y las comunidades.
-Privatización de la prospección: El Estado concede permisos de exploración, no se queda con la información.Halliburton es la principal empresa de exploración y tiene la información de los principales yacimientos. Las comunidades pierden el control de su tierra. En Colombia por ejemplo, es dueña del Banco de Información Petrolera. Las comunidades mientras tanto pierden el control de su tierra, Cuando el Estado entrega una concesión, toda la población pierde el derecho a ingresar al área concesionada, las empresas privadas colocan estrictos controles y nadie puede ingresar sin autorización de la empresa incluso si se trata de territorios ancestrales indígenas.
-Privatización de la extracción: Para la extracción entran en juego las empresas prestadoras de servicios, que son tercerizadoras. De esta manera las empresas no se responsabilizan por los impactos ocasionados.
Las empresas privadas, a las que por lo general las instancias del gobierno no controlan, suelen extraer el recurso a la mayor velocidad posible porque lo único que les interesa son los ingresos económicos. Las consecuencias de esta sobreexplotación de los yacimientos perjudican económicamente al Estado y al ambiente pues producen mayor cantidad de desechos que normalmente se arrojan a las fuentes de agua, contaminando los ecosistemas lo cual afecta enormemente a las comunidades locales.
-Privatización del transporte: La construcción de tuberías, presentada muchas veces como inversiones, es realmente la manera de tomar control del transporte de crudo o gas. Las comunidades pierden el control de sus territorios y recursos por el paso de los ductos.
En Ecuador existe un Oleoducto de Crudos Pesados manejado por siete empresas transnacionales que también son explotadoras de crudo. Estas empresas al controlar el transporte son las que manejan y controlan también la producción de crudo pesado en el país.
-privatización de la refinación: La capacidad de refinación esta en manos privadas. Las comunidades pierden la salud de ellos y de sus ecosistemas, por la contaminación y destrucción de los bosques y por afectar el equilibrio ecológico.
-Privatización de la distribución: La distribución pertenece a las redes privadas. Ellas controlan los derivados del petróleo. A nombre de la economía las empresas empujan los precios de los derivados en los mercados locales, siendo en la mayoría de países del tercer mundo, estos más altos que los de Estados Unidos. Las comunidades urbanas pierden control de sus sitios de vivienda, se convierten en zonas de peligro y de contaminación.
-Privatización del consumo: desde el punto de vista de la sociedad hay una serie de derechos que tiene la población, sin embargo la privatización de todo convierte a estos derechos en servicios y de allí se pasa a que los ciudadanos sean realmente clientes.
-Privatización de la limpieza: una vez develados los severos impactos de la actividad petrolera, y de que se imponen por decisiones nacionales o por presión comunitaria la limpieza y remediación, empiezan a establecerse procedimientos que privatizan todo trabajo de remediación.
Cuando ocurre un derrame de crudo, a las empresas privadas les interesa limpiar su imagen antes que limpiar el derrame por esto empiezan por militarizar la zona para que nadie tome fotos de la contaminación y como nadie las controla realizan trabajos de limpieza deficientes. Luego se dan el lujo de decir que en sitios de operación no ocurren derrames.
-Privatización de la gestión ambiental. Varios de los controles ambientales son ejercidos hoy por las empresas, ellas son auditoras de sus propias funciones, no hay transparencia y las comunidades y el propio Estado pierde la capacidad de control, veeduría o auditoría.
En el contexto de las estrategias privatizadoras, la soberanía adquiere no sólo actualidad, sino que es una propuesta que está en el corazón de todas las agendas.
La nacionalización de los hidrocarburos es un paso fundamental para reorganizar las agendas nacionales. Se han creado las condiciones para hablar de la necesidad de redistribución de las riquezas y también de la urgencia de impulsar la reapropiación de estas.
Se ha colocado con fuerza el discurso de la soberanía. Pero la soberanía tiene una doble dimensión, por una parte la del rol del Estado y por otra la de los derechos de las comunidades sobre sus territorios y riquezas naturales.
La soberanía debe incluir la condición de devolver a las comunidades el control sobre los recursos y el rol del Estado en este contexto debe ser el papel de velar por respeto de los derechos colectivos y ambientales.
Que el Estado recupere la soberanía sobre sus riquezas, significa reapropiarse de éstas e impedir que las empresas que han provocado contaminación, destrucción de las riquezas o violaciones a los derechos, queden en la impunidad..
Sin recuperar la soberanía es imposible garantizar la conservación del ambiente, parar la destrucción de los ecosistemas o restaurar aquellos ya destruidos. Tampoco se puede pensar en la sustentabilidad, ni en la administración de las riquezas naturales, garantizando la existencia de las generaciones futuras.
La soberanía es la recuperación del control desde las comunidades sobre sus riquezas y al mismo tiempo es la expresión de independencia del Estado frente a intereses de las transnacionales Es el único camino para satisfacer las necesidades y es una oportunidad para buscar, inteligentemente aquellas formas de satisfacer necesidades sin sacrificar otros recursos.
Fuente: www.ecoportal.net
Oilwatch: La red OILWATCH está conformada por más de 100 organizaciones de África, Asia y América Latina. Se constituyó hace 10 años impulsada por la necesidad de desarrollar estrategias globales para las comunidades afectadas por las actividades petroleras y de apoyar sus procesos de resistencia en la lucha contra estas actividades. Oilwatch se esfuerza por hacer crecer, a nivel global, la conciencia medioambiental, exponiendo los impactos de la actividad petrolera en bosques tropicales y en sus poblaciones locales, estableciendo también las relaciones de esta actividad con la destrucción de la biodiversidad, el cambio climático y la impune violación de los derechos humanos y de los pueblos.
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