Por Ricardo Herrera Farell
Noticias Aliadas, 12 de octubre, 2012.- Datos contradictorios e incertidumbre caracterizan la consulta a las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que se inició el pasado 29 de julio y que hasta el 7 de diciembre definirá si se ejecuta o no el camino de casi 200 kilómetros que unirá Villa Tunari, en el céntrico departamento de Cochabamba, con San Ignacio de Moxos ubicado en el nororiental departamento del Beni.
Mientras las autoridades de gobierno aseguran que 44 de las 69 comunidades del TIPNIS aprueban la construcción de la carretera que atravesará el corazón de esa región y desisten de su intangibilidad, la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que agrupa a los pueblos amazónicos del país, insiste en que 32 de esas poblaciones no fueron consultadas y se resisten a la construcción de la vía, según han podido comprobar las comisiones que ellos desplegaron para la verificación de la controvertida consulta.
La consulta previa a los habitantes del TIPNIS está establecida en la Ley 222, que fue aprobada en febrero de este año por la Asamblea Legislativa gracias a la mayoría con la que cuenta el oficialismo y a instancias del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), que representa a más de una decena de poblaciones de la región en conflicto.
La norma fue un recurso para contrarrestar la Ley 180, que establece la intangibilidad del TIPNIS y que en octubre del 2011 fue la principal conquista de la marcha que desde Trinidad, capital del Beni, hasta la ciudad de La Paz movilizó a cerca de 700 indígenas agrupados en la CIDOB y que contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
Desde 1990 la CIDOB ha organizado marchas reclamando las reivindicaciones sociales y territoriales de los pueblos indígenas del oriente. En abril organizó su novena marcha, esta vez para que se derogue la Ley 222. La movilización recorrió el mismo trayecto, pero tuvo que enfrentar no sólo el rechazo y trabas del gobierno, sino también dificultades climáticas, desorganización y la muerte de cuatro personas en un accidente.
El 11 de julio, luego de dos semanas en La Paz en las que no se les permitió llegar hasta el palacio de gobierno y que el presidente Evo Morales se negara a recibirlos, los indígenas decidieron retirarse y emprender una nueva batalla, esta vez desde la misma reserva natural.
“Así como el gobierno impidió a los hermanos de la IX marcha dialogar y [se negó a] escuchar los reclamos, así también las comunidades del TIPNIS están rechazando la consulta y no dejarán que se desarrolle”, dijo a Noticias Aliadas Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB,
Juez y parte
La consulta está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas que ha desplegado 15 brigadas móviles que tienen como misión consultar a los más de 12,000 indígenas que habitan las Tierras Comunitarias de Origen si quieren que esa región tenga carácter de intangible y si están de acuerdo que el tercer tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el núcleo del parque.
El papel de juez y parte del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas ha sido cuestionado por la representación de los indígenas del oriente del país.
“Existen muchas irregularidades en la consulta. Les hacen las preguntas a dos o tres familias pagadas por el gobierno y luego aparecen como si fuera toda una comunidad. Además se registran pueblos fantasmas, porque la comunidad de Cachuela que aparece registrada no existe, es apenas un rancho”, afirmó Chávez.
Cabe indicar que la CIDOB siempre ha sostenido que en el TIPNIS sólo existen 64 comunidades. Sin embargo en el documento del protocolo de la consulta se registraron 69 comunidades de manera oficial.
En el TIPNIS cuatro organizaciones son las que se dividen su representatividad. Por un lado están las subcentrales TIPNIS, Sécure Alto, Sécure Bajo y el CONISUR. Cada una de ellas ha establecido alianzas y proyectos individuales, lo que ha perjudicado sobre todo para frenar a los colonos, en su mayoría cocaleros que en los últimos años han ido ganando espacio en la región y que ya no se conforman con las 100,000 Ha que tienen en el denominado Polígono Siete, que es el área destinada a colonización en el saneamiento de tierras que concluyó en el 2009. Para los indígenas que se oponen a la nueva carretera, serán los colonos los principales beneficiados con la obra.
Sin embargo la Subcentral Sécure Alto y el CONISUR consideran que la nueva vía les dará acceso a mejores servicios sociales y se han convertido en los principales aliados del gobierno, que los ha retribuido con motores fuera de borda, generadores de energía eléctrica y sistemas de comunicación, actitud que ha criticado la Conferencia Episcopal Boliviana en su comunicado “Caridad y Verdad”, publicado el 17 de setiembre, porque considera que divide más a las comunidades de la región y no busca un diálogo franco para una salida razonable al conflicto.
“Hemos seguido con atención y preocupación el curso de la consulta en el TIPNIS contando con la visión de agentes de pastoral que trabajan en esa región y con la opinión de algunos delegados que han realizado una visita y han entrado en contacto con representantes de las diferentes comunidades. La mayor inquietud que ellos expresan es la división que se ha suscitado entre los habitantes del lugar, entre los que apoyan la consulta y aquéllos que la resisten”, dice la declaración de los obispos.
“Esta división ha sido fomentada a través de ‘regalos’ o ‘reconocimientos’ a comunidades que apoyan la consulta, o por el establecimiento de dirigencias paralelas de las organizaciones indígenas, hecho que amenaza cada vez más la armonía y convivencia pacífica de esas comunidades. Esta situación nos interpela como pastores llamados a pregonar y velar por la unidad y ayudar a evitar toda división”.
Proceso turbio
Carlos Fabricano, presidente de la Subcentral Sécure Alto, aseguró que “la participación ha sido exitosa, por lo tanto tenemos más del 60% de avance de la consulta y son 44 las comunidades que han dicho sí a la carretera. La CIDOB está falseando los datos e informando mal. En los únicos lugares donde no han dejado ingresar a las brigadas son comunidades como la de Gundonovia, donde algunos dirigentes se han atrincherado y hablan a nombre de toda la comunidad”.
Pero a la imprecisión de los datos y la evidente división que genera la consulta se ha agregado una propuesta del Ejecutivo que promete enturbiar más las ya oscuras aguas del tema. Se trata de un posible traslado de pobladores de algunas comunidades a Trinidad, para que allí se les haga la consulta debido a que se ha rechazado la presencia de los brigadistas en esas poblaciones.
“Eso sería una violación a los derechos de los indígenas y una violación a los convenios internacionales a los que está suscrito Bolivia, pero fundamentalmente estaría en contra de la propia Ley 222 que ellos han dictado y que establece que la consulta será en las mismas comunidades de los tres pueblos: chimanes, yuracares y moxeños trinitarios. En ese sentido tendrían que crear otra ley más para disimular la falta”, ironizó Chávez.
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Fuente: Comunicaciones Aliadas: http://www.comunicacionesaliadas.org/
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