Servindi, 11 de octubre, 2012.- La Comisión Nacional Organizadora convoca a la Tercera Asamblea Nacional de los Pueblos y el Tawantinsuyo para los días 12 y 13 de octubre a realizarse a partir de las 9 a.m. en el Estadio de San Cosme, en el distrito de La Victoria, en Lima. A partir del medio día del 12 de octubre la asamblea se integrará a la Marcha Mundial por la Madre Tierra, por la Vida, por el Agua y por la Dignidad de los Pueblos.
La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) -entidad integrante de la Comisión convocante- autoconvocó a sus dieciocho bases regionales a participar de ambas actividades.
La Conacami informó que dicho evento es autofinanciado y por cada base y organización y el punto de reunión en el Estadio de San Cosme, distrito de La Victoria.
En este marco la Conacami tiene demandas que deben ser atendida por el Estado, en un escenario de gobierno que ha olvidado sus compromisos y de continuidad de la política económica en perjuicio de las comunidades y los pueblos indígenas con quienes existe una agenda pendiente.
A continuación la agenda propuesta por la Conacami:
Agenda pendiente del Estado con las comunidades indígenas afectadas por la minería e hidrocarburos
1. Diálogo permanente y atención a los conflictos socio ambientales presidido por el Presidente constitucional de la República.
Solicitamos una política de diálogo permanente entre el Gobierno y los representantes de las organizaciones indígenas representativas, que debe ser directamente con el Presidente que hemos elegido, para atender las demandas de los pueblos al interior del país, donde participen los representantes de las comunidades en conflicto con las empresas extractivas y el uso de los recursos hídricos.
2. Institucionalidad Indígena en la estructura del Estado
Que instaure de inmediato la representatividad institucionalizada de los pueblos indígenas en la estructura del Estado para la implementación de las políticas públicas, constituida por organizaciones indígenas con capacidad de decisión, autonomía administrativa, pliego presupuesto y transversal.
Institucionalizar la participación de los pueblos indígenas antes durante y después de la formulación de leyes y normas administrativas, planes de desarrollo y proyectos de inversión en territorios de comunidades, así como en los espacios públicos y organismos del Estado en el gobierno local, regional y central, cuya responsabilidad gravita en la formulación de políticas de desarrollo de los pueblos indígenas.
3.- Modificar los artículos inconstitucionales la Ley Nro. 29785 ley de Consulta previa
La demanda de los Pueblos indígenas al Estado Peruano por los 17 años de violación sistemática de sus derechos colectivos y EXIGIMOS el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, así mismo, que adopte y garantice la decisión de los pueblos indígenas costeros, andinos y amazónicos, quienes exigen la MODIFICATORIA de los Artículos 1, 2, 4, 7, 15, 19 y la segunda disposición complementaria de la Ley 29785.
4.- Derogatoria de las normas sobre criminalización de la protesta social
Una de las obligaciones del Estado es privilegiar y proteger la vida y dignidad del ser humano que es el fin supremo de la sociedad, consecuentemente las instituciones del Estado como el Ministerio Público, el Poder Judicial y las Fuerzas del Orden deben garantizar el cumplimiento de dicha protección.
El estado debe dotar de herramientas jurídicas y legales de protección a favor de las organizaciones y líderes sociales que defienden la vida, la biodiversidad y el medio ambiente en lugar de perseguirlos y criminalizarlos, se requiere establecer un nuevo sistema de justicia intercultural con identidad, bajo la base de los usos y costumbres de los pueblos andino-amazónico.
5. Soberanía Alimentaria y alternativas al extractivismo, implementar la Agricultura, y producción de productos orgánicos como proyectos sustentables
En concordancia con el Artículo 8J del Convenio sobre Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya, los pueblos pedimos profundizar en la protección de la biodiversidad nuestros conocimientos tradicionales y se declare al Perú como un país mega diverso libre de transgénicos y con soberanía alimentaria.
Instamos a que el estado debe coadyuvar en implementar los planes de vida de las comunidades basadas en ‘Sumaq Causay’ (buen vivir) la Agricultura, y producción de productos orgánicos como proyectos sustentables alternativas al extractivismo.
Dotar de herramientas tecnológicas e implementar políticas de fortalecimiento y promoción de nuestros productos orgánicos con fines nutricionales y su colocación en los mercados mundiales en el marco de la seguridad alimentaria, y focalizada principalmente en los jóvenes que involucre la participación de las mujeres y ancianos en el proceso.
Se aplique la consulta y participación en el tema de Mercado de Carbono, llamado REDD, sobre territorios indígenas amazónicos. Los puntos clave a considerarse: El derecho indígena, colectivo; la cosmovisión del mundo, protección del suelo, bosque, oxígeno, agua, titulación y ampliación de territorios comunales, el registro público del territorio, el ordenamiento territorial, la zonificación económica y ecológica, el autogobierno
6. Crear una Comisión de la verdad sobre minería para que investigue la realidad actual de esta actividad en relación a las comunidades.
El objetivo es proponer medidas eficaces para cautelar los derechos humanos, preservar los ecosistemas y fuentes de agua como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, potenciar la biodiversidad sustentados en el respeto a la vida y los recursos naturales del planeta largamente vulnerados por las actividades de las industrias extractivas.
Esta comisión deberá determinar los daños ocasionados por las empresas mineras y de hidrocarburos contra comunidades indígenas y locales en el Perú des de la década de los 90, para que informe al país la violación de derechos humanos, la vida y salud de poblaciones vulnerables, así como la situación real de los impactos ambientales.
La Comisión de la Verdad sobre Minería deberá proponer medidas de reparación e indemnización para las víctimas, recomendar acciones para revertir y controlar los efectos catastróficos de las actividades extractivas, que pretenden ignorar y negar los empresarios y los sectores que las promueven, cuya fundamentación comprende acciones políticas sectoriales y concretas en los siguientes aspectos:
a. Salud humana.- La principal problemática es la violación de derechos humanos por la afectación a la vida, la salud y las condiciones insalubres al que han sido sometidos comunidades enteras, y que han cobrado la vida de miles de personas, mujeres ancianos y niños.
b. Impacto medioambiental y cambio climático.- Los sistemas frágiles que sustentan la biodiversidad han sido fracturados por las instalaciones de las industrias extractivas como la minería de tajo abierto, y han modificado el comportamiento de las condiciones climatológicas, produciendo desglaciaciones y sequias en territorios comunales.
c. Conflictos sociales.- La irrupción violenta y expropiación de los territorios comunales y el control de los sistemas naturales y culturales del servicio de los recursos hídricos ha generado la necesidad de defender la vida y sus recursos en las comunidades indígenas.
d. Vulneración de derechos colectivos.- Los derechos colectivos vienen siendo sistemáticamente despojados y violentados, por la presencia de las empresas extractivas, tras el despojo de territorios se han producido migraciones forzosas, aparición de problemas sociales y llegada de agentes costumbres que atentan la unidad comunal, la familia y las organizaciones estructurales.
e. Ordenar la Normatividad sobre Minería.- La normatividad nacional sobre minería es sumamente atentatoria a las comunidades y al Estado peruano, por la facilidad que otorga a las empresas transnacionales quienes vienen saqueando nuestros recursos naturales sin dar ningún beneficio a los verdaderos peruanos, que perjudican directamente a las comunidades al medio ambiente.
f. Tierra y Territorio.- Las propuestas de protección de los territorios comunales se ejercen tan solamente por medio de protestas y acción de masas de las propias comunidades que además son criminalizadas, el sistema jurídico otorga propiedad a las comunidades solo sobre la capa arable y falta desarrollar una serie de medidas legales y constitucionales para que las comunidades sean propietarios del suelo y subsuelo.
g. Evasión tributaria y real ganancia de la explotación.- Una práctica constante de las empresas mineras en los últimos años ha sido la constante evasión tributaria en claro perjuicio del Estado peruano, las normas de estabilidad tributaria , los programas de reinversión y otros sistemas como el impuesto a las sobre ganancias siguen sumiendo en la corrupción los funcionarios y servidores del Estado.
h. Reducción de la pobreza y pobreza extrema.- La minería no ha resuelto el problema de la pobreza en las regiones donde históricamente se han instalado, contrariamente las ha profundizado, tampoco hay un programa que permita recaudar fondos a partir de los efectos de la contaminación que producen las empresas mineras, no se tiene definidos sistemas de indemnización a las comunidades afectadas.
i. Institucionalización de la Corrupción.- Uno de los mayores flagelos es la institucionalización de la Corrupción que ha permitido tanta violación de derechos humanos principalmente a poblaciones vulnerables como las comunidades afectadas por la minería, tanto funcionarios del estado como legisladores siguen un patrón de quienes les han antecedido, a vista y paciencia de todos los peruanos.
7.-Focalizar identificar y priorizar la atención integral a los niños y niñas indígenas de las comunidades afectadas por la minería e hidrocarburos en el marco del programa nacional de salud y educación bilingüe Intercultural
Se debe priorizar la creación de un programa nacional de atención especializada de la salud de las personas afectadas por metales pesados y agentes contaminantes en suelos, aguas y medio ambiente que responder a la necesidad de atender una población altamente afectada por contaminación.
Focalizar identificar y darle seguimiento a las niñas y niños indígenas de las pueblos andinos y amazónicos, comunidades ubicados en la zona de influencia directa e indirecta de las industrias extractivas minería e hidrocarburos y que se les priorice los beneficios de los programas nacionales del ministerio de educación.
Priorizar la atención integral e incorporación en el programa nacional sobre la Educación Bilingüe Intercultural de los Pueblos Indígenas desde la perspectiva de la identidad cultural con participación indígena.
8.- Implementar un programa de monitorio sobre Cambio climático
Crear el programa de monitoreo de Cambio Climático que debe recoger datos científicos acerca de la afectación del medio ambiente que aceleran el problema global de calentamiento del planeta, específicamente determinar el grado de impacto que tienen las minerías a tajo abierto en la desglaciación de los andes en Sud-América y el Perú.
A partir del cual se viabilicen las políticas públicas para la mitigación y adaptación de los pueblos y comunidades indígenas, así como el involucramiento de los pueblos en las acciones y medidas con ese fin.
La Agenda de la Mujer Indígena elaborada de manera articulada entre mujeres andinas y amazónicas, debe ser atendida con prontitud en el que existen propuestas sobre desarrollo, identidad, empoderamiento, violencia de género, participación política, entre otros, recogidas y elaboradas desde la visión de las mujeres de las propias comunidades.
Esta agenda que plantea la construcción de una sociedad más justa sin violencia y con propuestas propositivas, así mismo la promoción de la mujer en los espacios públicos y de decisión, ha sido presentada en su oportunidad a las diferentes instancias de gobierno y de Estado.
10. Reconocimiento constitucional de la propiedad territorial, otorgando titularidad del suelo y sub suelo a las comunidades indígenas locales.
Se debe iniciar reconocer constitucionalmente la propiedad territorial a las comunidades otorgándoles titularidad del suelo y sub suelo, cuya propiedad y gestión de sus territorios comunales datan de sus antepasados que han pre-existido a la instalación de los estados.
El saneamiento físico legal y registral de los territorios comunales indígenas es una agenda postergada y se encuentra pendiente que debe implementarse a la luz de la vigencia de los derechos internacionales y jurisprudencia nacional e internacional, en materia de autonomía y derechos territoriales.
Restituir de los derechos a la inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad de los territorios de las comunidades de los pueblos indígenas e incorporar y Planes de Vida (gobernabilidad, ordenamiento de la territorialidad, identidad cultural y economía, RRNN), a corto, mediano y a largo plazo en los pueblos indígenas.
11. Crear el programa nacional de zonificación económica y ecológica de los territorios comunales.
Este programa nacional de zonificación económica y ecológica de los territorios comunales, debe ser con participación directa de las propias comunidades locales, responder a las necesidades de declarar intangibles las cabeceras de cuenca, las zonas de reserva hídrica y parques naturales de preservación de la biodiversidad.
12. Institucionalización de la Comunicación Indígena y Radios Comunitarias.
Hoy en día el espectro radioeléctrico se encuentra en manos de un puñado de empresarios la Televisión y la Radio solo por lo que se necesita institucionalizar la comunicación indígena, traducido en Licencias comunitarias para Radio y televisión para los pueblos, y que el acceso al espectro radioeléctrico debe democrático para todos los peruanos.
Así mismo el acceso a la televisión estatal RTP y Radio nacional deber contar con comunicadores indígenas en su programación y agenda.
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