En una actitud ejemplar, que debería ser imitada por otras instituciones similares, la Universidad Nacional de Costa Rica aprobó un pronunciamiento sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos - Centroamérica - República Dominicana y adoptó un acuerdo en su sesión extraordinaria del 22 de mayo del presente año en el cual expresa su firme oposición a la aprobación de dicho tratado.
El pronunciamiento fue elaborado por encargo del Consejo Universitario a un grupo de distinguidos académicos, luego del cual la universidad acordó manifestar a la Asamblea Legislativa su firme "oposición a la aprobación del texto actual del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos - Centroamérica - República Dominicana" y señalar a la sociedad la necesidad impostergable de que el país se "aboque a resolver sus problemas estructurales".
El pronunciamiento es muy rico en el análisis jurídico, laboral y ambiental y su lectura es altamente recomendable en momentos en que existen fuertes presiones e intereses por cerrar el tratado en diversos países pero sin un análisis mesurado de sus implicancias. Poer aún, cuando las instituciones académicas con capacidades para efectuar una reflexión se abstienen de hacerlo.
El documento se inicia desvirtuando el argumento según el cual el instrumento dará seguridad jurídica a las relaciones comerciales con EEUU. Al respecto señala que existe una "potencial posibilidad de incumplimiento de los Estados Unidos a través de una reforma unilateral" debido a que en ese país el TLC se aprueba por medio de una Ley de Implementación, cuya jerarquía es menor a la Constitución, las leyes federales e incluso estatales, mientras que "en el caso costarricense se trata de un Tratado y, en consecuencia, de rango superior a nuestras leyes".
El estudio observa que el Tratado permite la posibilidad de someter los casos a la jurisdicción internacional "en vez de agotar los recursos internos del país" lo cual estimulará a los inversionistas extranjeros a recurrir a tribunales internacionales para cuestionar la aplicación de una ley o regulación legítima "pasando por encima de las autoridades jurisdiccionales a nivel doméstico".
El pronunciamiento es muy rico en el análisis jurídico, laboral y ambiental. En lo que se refiere a éste último aspecto destaca que el tratado prioriza un sentido comercial y contiene muchas ambiguedades que quedan a la interpretación y que abren paso "a potenciales efectos graves, irreversibles y dañinos al ambiente y los recursos naturales del país"
Es particularmente preocupante que el Tratado "no establece la preeminencia de los acuerdos ambientales internacionales" y llama la atención que mientras en el tema de propiedad intelectual se obliga a respetar acuerdos existentes y suscribir nuevos en el tema ambiental no se establece "ningún tipo de obligación, quedando por fuera convenios internacionales ambientalistas tan importantes como el de Biodiversidad y el de Cambio Climático". La Universidad señala que esto "genera un claro favoritismo del comercio, en detrimento del ambiente, máxime en el caso de Estados Unidos, que es uno de los países más contaminantes y no ha ratificado convenios internacionales".
Precisamente, Estados Unidos ha presionado por que los países suscriban la última versión del acuerdo de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) que favorece su estrategia para establecer patentes sobre los seres vivos. Esta presión por patentar "podría poner en peligro el conocimiento tradicional de grupos étnicos o campesinos tradicionales y afectaría el intercambio de semillas, con implicaciones sobre la seguridad alimentaria".
El Tratado "no otorga protección para los conocimientos de nuestros pueblos indígenas" y "podría significar la posibilidad de patentar la información genética de organismos vivos hasta por 20 años, con posibilidad de ampliación en caso de algún retraso en la aprobación de la patente; seríamos, por tanto, extranjeros en nuestro propio territorio, ya que nuestra biodiversidad tendría dueños extranjeros".
Un cuestionamiento sustancial al tratado es que no cumple el requisito de "libre comercio" pues según los propios economistas liberales o neoliberales el libre comercio de considerar una nula o mínima interferencia estatal y ausencia de poder de mercado por parte de las empresas participantes. Sin embargo, los productores agropecuarios de Estados Unidos reciben ayudas directas de alrededor de 200 millones de dólares diarios. "El comercio mundial no puede caracterizarse de libre comercio; es más bien un comercio administrado (...) por las grandes empresas transnacionales, que controlan el 70% del comercio mundial".
"En el contexto histórico actual, la globalización es un proceso inevitable, y los tratados comerciales son uno de sus instrumentos principales. Pero los mecanismos de intercambio comercial a que dé lugar deben ser equitativos, incluyentes de los intereses de todas las partes y, por tanto, no pueden decretarse sobre la base de la asimetría entre las naciones, o sin una consideración y adecuación a las necesidades nacionales" indica el pronunciamiento.
"En el siglo XIX, las transformaciones liberales, que despojaron de sus propiedades a comunidades indígenas del continente, generaron odios y sembraron el siglo XX de revoluciones y guerras civiles en casi toda América Latina. Este tipo de errores no debe repetirse, para no sembrar de conflictos el siglo que se inicia" afirma el documento.
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