Foto: La Razón de Bolivia
Servindi, 25 de setiembre, 2012.- Hace exactamente un año un contingente de al menos 500 policías atacó el campamento de la VIII marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en la comunidad de San Miguel de Chaparina, en el departamento del Beni, sin que hasta el momento se haya juzgado a los responsables de los hechos violentos.
Los marchistas que aquel 25 de setiembre de 2011 se encontraban en las afueras de La Paz a la espera de encontrar un modo de superar el cerco de policías y de leales al gobierno (colonizadores) padecieron los estragos de las bombas lacrimógenas y la violencia que ejercieron las fuerzas del orden que no distinguieron entre hombres, mujeres y niños.
A doce meses de la represión ejercida en contra de la marcha pacífica que tenía como fin defender la integridad del TIPNIS de la construcción de una carretera, las organizaciones indígenas no han querido dejar pasar esta oportunidad para recordar al Gobierno que los responsables de los abusos no han comparecido ante la justicia hasta hoy.
Sacha Llorenti y la justicia en el país de Evo
Para los indígenas que formaron parte de en aquel entonces la VIII marcha en defensa del TIPNIS la violencia tenía origen conocido: Sacha Llorenti, el entonces ministro del Interior de Bolivia, el mismo que habría actuado con la venia del presidente Evo Morales.
Sacha Llorenti lejos de ser investigado y sancionado por los hechos de violación de derechos humanos gozó de la gracia de los fiscales que llevaron el caso, los mismos que lo excluyeron del proceso penal. Recientemente Llorenti recibió un premio mayor: fue nombrado embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Hasta el momento casi nada se ha avanzardo en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en setiembre de 2011 a pesar de existir reportes, tal como lo dio a conocer el Defensor del Pueblo, y testimonios e informes de investigación que evidencian la brutal agresión.
Sin embargo, parece que otros ya tienen claro el panorama. Es el caso del dirigente del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado, quien responsabilizó al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera y los acusó de encubrir a los responsables de la represión y la construcción de la carretera.
Del Granado cuestionó que a un año de los hechos, solo se hayan tomado ocho declaraciones por parte de los fiscales Jaime Ponce y Patricia Santos; y que de otro lado se haya excluido de la investigación a Sacha Llorenti pese a que el MSM presentó una impugnación por dicha exclusión.
En su momento el decano del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Von Borries, culpó al Ministerio Público por la demora legal en el caso Chaparina y criticó que no se haga cumplir los mecanismos jurídicos de rigor en la investigación.
Cabe recordar que los únicos imputados tras los hechos de setiembre de 2011 fueron el exsubcomandante nacional de la Policía, general Óscar Muñoz Colondro, quien recientemente declaró que hizo todo lo posible para detener la intervención policial, y el ex viceministro de Régimen del Interior, Marcos Farfán.
Por su parte, la organización Amnistía Internacional (AI) volvió a condenar lo sucedido en Chaparina e instó a las autoridades bolivianas a asegurar que los responsables de los abusos contra indígenas sean llevados a la justicia sin dilaciones.
Hoy martes se celebrará tal como lo anunció la presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM – B), Bertha Bejarano, un “acto de desagravio” contra la represión policial que sufrió la VIII marcha indígena hace un año.
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