Acin, 5 de junio, 2012.- Si bien la posición geostratégica de Ituango ha sido la condición para que surgieran y permanecieran en su territorio distintos grupos armados legales e ilegales, no quiere decir esto que los 27 mil habitantes que tiene el municipio participen de alguna forma con alguno de estos grupos. Más bien, el abandono sistemático del Estado, ha dejado la población a su suerte.
Si hoy fuéramos a evaluar la situación social de estas comunidades rurales, evidenciaríamos las precarias condiciones en que viven los habitantes que quedan, después de los múltiples desplazamientos forzados de que han sido víctimas, propiciados por distintas causas y actores (principalmente en las zonas más alejadas del casco urbano).
La debilidad institucional, y la falta de apoyo por parte de instancias regionales y nacionales, y la ausencia de políticas que den solución a problemas estructurales de estas poblaciones, no ha permitido enfrentar la situación de conflicto y garantizar los derechos y protección a la población civil de manera efectiva.
Frente a esta situación ¿Cuál ha sido la respuesta de la población? renunciar a sus derechos y ceder todo el espacio geográfico, político, económico y social, ante la mirada pasiva de la institucionalidad local y regional, a los distintos grupos armados legales e ilegales.
Por ejemplo en Ituango, está restringido el ingreso de alimentos e insumos agrícolas a las zonas rurales; la población está señalada y estigmatizada (lo que legitima cualquier acción en su contra); NO se puede denunciar porque no hay garantías para ello, ya que las personas que denuncian algún delito o conducta son acosadas y amenazadas, como paso recientemente con algunos comerciantes; tampoco se denuncian los actos de corrupción, porque también eso es motivo de amenaza; no se participa efectivamente, porque no hay espacios para ello; y con relación al tema organizativo, el papel de las organizaciones sociales como garantes de un sistema democrático y abierto, no está claro todavía para un grupo muy amplio de la población, que todavía las perciben como una amenaza, y frente a cualquier intervención son señaladas de tener vínculos con la subversión.
La violación sistemática de los derechos humanos y del Derechos Internacional Humanitario es flagrante y permanente, por parte de todos los actores armados presentes en el municipio, que se ve agravada con las amenazas de que fue víctima la Personara Municipal, que la obligaron a dejar el municipio (el día 21 de mayo), trasladando el despacho de forma indefinida para la ciudad de Medellín, dejando el municipio y la población a merced de los grupos armados. Después de su partida han ocurrido dos hechos violentos donde se ha visto involucrado el ejército nacional, sólo uno de ellos fue denunciado ante las autoridades. En este momento la población se encuentra amenazada e intimidada por todas estas acciones violentas, que si bien eran recurrentes en el municipio, se daban en la zona rural la mayoría.
¿Quién denuncia? ¿Quién garantiza los derechos de la población? ¿Qué organizamos, instituciones, oenegés acompañan a la población civil?
La respuesta por parte del estado, ha sido el incremento de la fuerza pública (4.000 efectivos), capturas masivas, la estigmatización y el señalamiento por parte de autoridades civiles y militares en contra de la población civil, también el año anterior apareció un blog en la web donde se publicaban informes judiciales de organismos de investigación, donde se señalaban de guerrilleros a un número importante de pobladores del municipio, sin que a la fecha haya una respuesta clara por parte de la Fiscalía frente a las denuncias instauradas por este caso.
Recrudecimiento del conflicto
Si bien el municipio lleva alrededor de 30 años sumido en un conflicto interno, que le ha representado la pérdida de más de 15 mil habitantes, la reducción de la producción agropecuaria, y el detrimento de las condiciones de vida de la población, es a partir del año anterior donde se han intensificado las acciones militares, pero también ideológicas por parte de los dos ejércitos que hacen presencia en la zona. De parte de las Farc este incremento en las acciones hace parte de su estrategia de fortalecimiento y demostración de poder frente a un posible escenario de negociación, donde no se puede llegar débil ni diezmado. En cuanto al ejército, el gobierno a través de su Plan Nacional de Consolidación, quiere retomar el control de territorios estratégicos, que históricamente han estado abandonados, o en manos de grupos subversivos, donde existen recursos naturales abundantes, para concesionárselos a empresas nacionales y multinacionales para la exploración y explotación de dichos recursos.
En este año y medio, las acciones bélicas de uno y otro lado han puesto a la sociedad civil en la mitad, sin que el estado, quien es el garante haga nada por evitar los desplazamientos forzados (17.600), las muertes, los abusos a mujeres, los excesos de la fuerza pública, las desapariciones forzadas de campesinos y el reclutamiento de menores.
También se han incrementado las estrategias ideológicas de parte de los ejércitos para ganar simpatizantes. La banalización del conflicto, la socialización de la violencia como parte de la cotidianidad, la guerra como moda, el pago de dinero por información, la vinculación de menores, son estrategias que uno y otro utilizan en terreno indiscriminadamente, el reclutamiento es un delito que también es cometido por el ejército, cuando vincula jóvenes de escasos recursos en sus tropas y sin experiencia los mete en una guerra fratricida. Las víctimas son victimas estén del lado que estén.
Si en este momento en Ituango, sus habitantes no reclaman sus derechos, no denuncian, no es porque estén vinculados a un actor armado, es porque la historia les enseño que en ITUANGO LA POBLACIÓN CIVIL NO TIENE DERECHOS.
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Fuente: Acin: http://www.nasaacin.org/contexto-colombiano/4093-ituango-producto-del-abandono-estatal
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