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Servindi, 5 de junio, 2012.- En una reunión que sostuvieron los representantes indígenas, que encabezan la IX Marcha Indígena del Tipnis en Bolivia, con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, éstos acusaron al mandatario Evo Morales de violar los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Las acusaciones hechas en contra de Morales Ayma se dan en el marco de un conjunto de cuestionamientos que se le hacen al organismo internacional que desde este domingo celebra su 42 Asamblea General que concluirá hoy en la ciudad boliviana de Cochabamba.
El domingo 3 de junio el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) hizo público el cargo del documento en el que denuncia al gobierno de Bolivia ante la OEA por violación de derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Demandas del pueblo boliviano
En la reunión que sostuvieron los dirigentes originarios Adolfo Chávez, Fernando Vargas, Rafael Quispe y otros en un hotel de Cochabamba le explicaron a Insulza “que los derechos de los pueblos indígenas (…) están siendo violados por este Gobierno, porque nadie puede decir nada contrario porque es perseguido y enjuiciado”.
Los líderes indígenas cuestionaron así que el gobierno quiera imponer la construcción de la carretera que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y que sería ejecutado por la empresa brasileña OAS.
Por su parte, informó Vargas, Insulza les prometió pedir informes al gobierno de Morales sobre las investigaciones realizadas hasta la fecha acerca de la represión policial que sufrieron los indígenas que se oponían al proyecto en una marcha en setiembre del año pasado.
Quispe señaló que Insulza debe ser el garante de los derechos que los protegen.
El TIPNIS no sería el único caso que se cuestiona al gobierno de Morales
Conamaq en un pronunciamiento difundido este domingo que reivindica la plena integración y participación de todos los pueblos, naciones y culturas que conforman el país hacia un modelo de Estado Plurinacional Comunitario, dio a conocer los casos en los que el gobierno de Evo Morales debe dar un paso atrás.
Se cita de esta forma en el documento además del conflicto suscitado por el TIPNIS que destruirá el último refugio del pueblo moxeño, se cuenta el caso del lago sagrado Mallku Qota donde se pretende explotar minerales a costa del desplazamiento de un conjunto de comunidades originarias.
También se cuenta el caso de los pasivos ambientales generados por la empresa YPFB (empresa estatal de petróleo de Bolivia) en el Aguarangüe, que constituye el reservorio de agua dulce más importante para el pueblo guaraní, azotado por la sequía del Chaco la mayor parte del año.
Entre otros proyectos reportados por la contaminación que producen se cita al Proyecto Minero San Cristóbal, la planta hidrometalúrgica de Coro Coro, entre otro más.
Conamaq denuncia en estos casos la vulneración del derecho a la consulta previa y la nula consideración que se tiene con las poblaciones indígenas al limitar y vulnerar el derecho al dominio ancestral sobre sus territorios.
En el documento publicado por Conamaq se cuestiona también cómo “el gobierno boliviano criminaliza la acción de nuestros pueblos y utiliza el sistema de justicia para llevar a prisión a nuestras autoridades ordinarias”.
División al interior de las organizaciones
En el pronunciamiento presentado este domingo las organizaciones indígenas denuncian que el Órgano Ejecutivo a la cabeza de Morales “se encuentra en una acción de debilitamiento, fractura y cooptación de liderazgos al interior de organizaciones indígenas y originarias”.
Agrega que el gobierno utiliza en función de sus intereses coyunturales a los sectores más violentos de sus organizaciones sociales que operan como fuerza de choque al amparo de las fuerzas gubernamentales y policiales: los colonizadores.
42 Asamblea de la OEA y el debate sobre el sistema interamericano de derechos humanos
Los principales cuestionamientos a cómo ha venido funcionando el sistema interamericano de derechos humanos provienen de países como Ecuador, Bolivia y Venezuela.
Entre los puntos más controversiales está si la CIDH tenía atribuciones para dictar medidas cautelares o no.
El primero en pronunciarse sobre este punto ha sido el presidente Rafael Correa de quien se sabe siempre ha tenido una posición crítica hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Jurídico Interamericano integran el sistema de derechos humanos (ver caso de medidas cautelares a favor del diario El Universal).
Bolivia a través de su canciller David Choquehuanca dejó marcada la posición de su gobierno al afirmar que “si no logramos lanzar un mejor diseño (para la OEA) posiblemente estemos asistiendo al final de una organización que no quiso salvarse a sí misma".
De esta forma respaldó recientes declaraciones de Evo Morales que cuestionó la función del organismo internacional.
Lo que tiene que decir la OEA
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ante las últimas declaraciones hechas por los voceros de países como Ecuador y Bolivia reafirmó la “validez y vigencia” del organismo que tiene a cargo.
Destacó que hoy “son más los que acuden a ella, sabiendo que encontrarán siempre un espacio de diálogo”.
Para acceder a la denuncia hecha por el Conamaq dar clic aquí.
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