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Bolivia: Cidob define siete demandas para marcha

Servindi, 12 de abril, 2012.- El respeto de la Ley 180 que protege el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) y la derogatoria de la Ley 222 de consulta es la primera de las siete demandas que conforman la plataforma de lucha de nueva marcha indígena.

La jornada de movilización se denomina “Novena Marcha Indígena por la defensa de la vida y dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente y las áreas protegidas, el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y el respeto de la democracia”.

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) definió el miércoles 11 el pliego de demandas para la movilización que partirá el 25 de abril desde la localidad de Chaparina en el Beni, previa concentración en San Borja, hasta llegar a la ciudad de La Paz.

El dirigente Adolfo Chávez dio a conocer el nombre de la marcha luego de la IV Comisión Nacional de la Cidob desarrollado en Santa Cruz y calificó de "engaño" el anuncio del Gobierno de anular el contrato con OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Consideró que el proyecto a través del TIPNIS no variará y la prueba es que la consulta previa que impulsa el Ejecutivo sigue en marcha.

Para el ministro Álvaro García Linera no habría razones para marchar ya que no hay empresa para construir la carretera al Beni.

“Pueden marchar, pero ya no tiene que ver con la carretera y el parque. Si marchan tiene que ver con otro tipo de temas que yo considero que son de carácter político”, indicó.

García Linera ratificó que la consulta “previa” en el TIPNIS sigue en marcha en cumplimiento de la Ley 222. “Oponerse a la consulta es oponerse a la Constitución (…) Marchar contra la consulta es marchar contra la Constitución”, dijo.

Estas son las demandas de la novena marcha indígena:

1. Respeto de la Ley 180 que protege el TIPNIS y la derogatoria de la Ley 222 de consulta previa en la zona protegida.

2. Cumplimiento efectivo de la Constitución y de las leyes 1715 del INRA y 3545 de Reconducción Comunitaria, además de la titulación inmediata de todos los procesos de saneamiento de las Tierras Comunitarias de Origen a favor de los pueblos y comunidades indígenas.

3. Cumplimiento de los derechos al ambiente, a la biodiversidad y de la madre tierra. Administración y manejo directo de las 22 áreas protegidas y respeto a las reservas forestales.

4. Sanciones para los responsables de la represión de la octava marcha indígena (25 de setiembre de 2011) y de las intervenciones a otros pueblos indígenas que apoyaron esa movilización con bloqueos.

5. Cumplimiento de acuerdos y actas firmados por el Gobierno con dirigentes de la octava marcha.

6. Modificación de las leyes de Régimen Electoral, del Tribunal Supremo Electoral y de Deslinde Jurisdiccional y el tratamiento del proyecto de ley de consulta propuesto por la Cidob y Conamaq y del proyecto de ley integral de la amazonía.

7. Respeto a la determinación y autogobierno de los pueblos indígenas ante la “intromisión” del Gobierno en las organizaciones.

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Con información del diario El Tiempo.

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