Perú: Piratas del carbono

Bosque de Loreto que retiene el carbono y contrarresta el efecto invernadero.

Por Patricia Wiesse (Revista Ideele)

Desde que el Perú fue elegido por el Banco Mundial como país piloto para implementar estrategias contra el cambio climático, una nueva amenaza se cierne sobre el territorio de los pueblos indígenas. No podemos negar que se trata de una idea interesante y hasta bien intencionada: cuantificar el beneficio que nos brindan los bosques de la Amazonía y darle un valor económico a la fotosíntesis. Pero si no hay normas claras, puede convertirse en el botín de Francis Drake.

En la escuela nos enseñaron que las plantas y los árboles absorben el dióxido de carbono y emiten oxígeno. Las 70 millones de hectáreas de bosques de la Amazonía peruana son gigantescos almacenes de carbono. Cuando se deforesta, el carbono almacenado se devuelve a la atmósfera, y así contribuye al aumento de la emisión de los temidos gases de efecto invernadero que nos sancochan a fuego lento.

A partir de este elemental saber y de los acuerdos de las conferencias sobre cambios climáticos de las Naciones Unidas, el Perú se ha hecho acreedor a un fondo de 350 millones de dólares para implementar un programa nacional de REDD+ para reducir la deforestación y degradación de los bosques.

Finalmente, las grandes empresas de los países industrializados, que han recalentado el planeta por más de 100 años, respiran tranquilas: si se sobrepasan en emisiones de carbono pueden adquirir un bono equivalente al exceso. Un bono compra el derecho a enviar a la atmósfera una tonelada métrica de carbono. Suena ecológicamente correcto.

Así entran a tallar en este negocio capitales e inversionistas extranjeros, Bolsas lejanas, intermediarios y empresas. Para saber cuánto es el stock de carbono que se almacena en un bosque y cuál su valor, se debe medir la tasa de deforestación y determinar la cantidad de carbono por hectárea de bosque. Existen fórmulas, metodologías y “carbonólogos”.

En el país, quienes han ingresado a este mercado incipiente son el Estado, algunas ONG ambientalistas que trabajan en la conservación y protección de bosques, y uno que otro bandolero.

30 + 5

La política de reducción de emisiones de carbono producto de la deforestación y degradación del bosque está verde —sigue en diseño—, aunque ya existen 35 proyectos piloto en Madre de Dios, San Martín y la selva central.

Por ejemplo, cerca de la comunidad nativa Bélgica, en Madre de Dios, está funcionando una concesión maderera certificada por el Consejo de Manejo Comercial, que ya le ha vendido créditos de carbono a la empresa china Nature Holdings, fabricante de pisos de parqué. Esta empresa ha comprado 40 mil créditos de carbono el año pasado. (Detalle: Hay pueblos en aislamiento voluntario que transitan por una de las concesiones.)

Otro proyecto en funcionamiento es promovido por la ONG AIDER, administradora del Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva del Tambopata. Ellos han firmado un convenio con la empresa peruana Bosques Amazónicos, dueña de los derechos de carbono en el área protegida del Tambopata. (Detalle: Ambas áreas se superponen al territorio Ese’ Eja.)

Según Alberto Pizango, de AIDESEP, “para muchos promotores de las políticas REDD+ sigue siendo un concepto nuevo y abstracto, pero para los pueblos indígenas es ya una realidad en sus bosques y territorios”.

¿Qué peligros entraña, además de los que se desprenden de reavivar los traumas del caucho y del petróleo? Para Ana Rosa Sáenz, del Instituto del Bien Común, no hay normas que regulen el ingreso de nuestro carbono al mercado. Sostiene: “Se debe involucrar a los pueblos indígenas en estos proyectos, porque si no surgirán los mismos conflictos que en los lotes petroleros”. Pizango va más allá cuando señala que los proyectos REDD solo podrán funcionar después de una reforma de la propiedad de la tierra y su legislación, que asegure el respeto de sus derechos. “Mientras un estimado de 20 millones de hectáreas de territorio indígena permanezcan sin reconocer y el marco legislativo debilite sus derechos en vez de fortalecerlos, REDD+ es una amenaza para los pueblos indígenas”, remarca el principal líder amazónico.

Daniel, el matsés

La historia del pueblo matsés y las catorce comunidades al borde del río Yaquerana que colindan con Brasil está siendo escrita por el profesor Daniel Manquid:

“Tiempo atrás, los mestizos se robaban a los niños y a las mujeres. Mi papá es hijo de mestiza. Antes andábamos desnudos, después usábamos jicras, que es como falda. Ahora polo y pantalón. En 1969 llegó el Instituto Lingüístico de Verano. Vimos pasar un avión y matsés se escondía. Hasta que nos hablaron en matsés por unos parlantes porque habían estudiado nuestro idioma. Así entraron a nuestras comunidades. Nos trajeron medicinas, sal, ropa, machetes. El ILV gestionó la escuela primaria. Libros en matsés ya no hay, usamos unos viejitos y a veces el Ministerio nos manda unos que hay que corregir. No tomamos masato fermentado, ni hacemos fiesta porque también nos trajeron religión evangélica. Todavía matsés tiene dos o tres esposas. Seguimos hablando nuestro idioma.”

Este pueblo, de fuerte identidad, cuenta con el título indígena más extenso del Perú. Su territorio reconocido abarca 500 mil hectáreas. Los matsés están especialmente alterados porque sus tierras han sido concesionadas a cuatro empresas petroleras, sin consultarles. En los lotes 135 y 137, la firma canadiense Pacific Stratus Energy está lista para iniciar la exploración.

En esta mala hora se les acercó David Nilsson, un pirata del carbono pelirrojo y con sombrero de cowboy.

Existen varias denuncias contra Nilsson. En un artículo publicado en 1996 en el diario australiano Courier Mail, el congresista de Fitzroy, Jim Pearce, lo denunció ante el Parlamento de su país por una estafa a un grupo de inversionistas de Singapur, que pagaron un millón 500 mil dólares por siete lotes de cien acres en una zona costera. Según Pearce, esos lotes no existen. La Corporación Nilsson fue liquidada tras las acciones legales interpuestas por los acreedores.

"La sensación que tienen las organizaciones indígenas se resume en una frase que pronunció Emerson Sandi, el presidente de ORPIO, la central indígena regional con base en Iquitos. Él dijo: “Los occidentales nos están vendiendo”."

David Nilsson con indígena de Loreto.

Con el olfato desarrollado para encontrar negocios prósperos y embaucar a incautos, Nilsson puso su puntería en la Amazonía peruana, en este mercado virgen, y se trazó la meta de ser el precursor de los negocios ambientales.

El australiano inscribió en Hong Kong su nueva empresa Sustainable Carbon Resources Limited (SCRL), y se instaló en la ciudad de Iquitos. Al poco tiempo llegó su socio, el maderero estadounidense James Luis King, quien fundó otra empresa, la Amazon Holding Limited.

El contrato con el que quisieron engatusar a los matsés era un joint venture, una sociedad que SCRL controlaría por un periodo indefinido. Los socios buscaron contactarse con instituciones y dirigentes indígenas de Loreto. Convocaron a una reunión a la que asistió Daniel Manquid. Él relata lo que sucedió a partir de ese momento:

“Nilsson explicó sobre carbono. Como no hablaba español, tenía un traductor. Dijo que va a vender certificados de carbono y que ese dinero iba a ser 50% para él y 50% para comunidad. El contrato iba a registrarlo en Inglaterra y si había problema teníamos que ir allí a solucionar. Como explicó bonito, estábamos contentos porque siempre necesitamos ingreso.”

“Un profesor le preguntó qué tal si matsés pide 60% y 40% para él. Nilsson se molestó y dijo que entonces no haría trato con nosotros. También le preguntamos cómo íbamos a saber cuánto dinero estaba ingresando. Nos dijo que nos mostraría cuántos certificados estaba vendiendo.”

“Le hemos invitado a la comunidad San José de Anuishi para que explique a todos y que queríamos firmar el contrato en la comunidad. Unos días después, un amigo me mostró los documentos de sus antecedentes en Australia y otros países. Entonces yo fui a Defensoría porque quería que lo investigaran. También di declaraciones en diario La Región.”

“Recién cuando me pasaron una copia del contrato me di cuenta que estaba en inglés. Nilsson decía que el Banco Mundial solo aprueba contratos sobre carbón si están en ese idioma. Lo mandé a AIDESEP y ellos lo hicieron revisar en Noruega. Después vinieron los dirigentes a nuestra comunidad y nos explicaron. Nilsson nos dijo que contrato era por veinticinco años, pero era más. Decía que no podíamos cortar ni un solo árbol. ¿Cómo íbamos a hacer chacra y plantar yuca?”

“Ahora nuevo Apu no va a firmar el contrato. No queremos perder nuestro territorio.”

Daniel Manquid fue denunciado por el empresario. Lo acusó penalmente de delito informático y apropiación ilícita. La Fiscalía Mixta resolvió que no había pruebas para iniciar la investigación fiscal. Nilsson interpuso una queja ante la Fiscalía Superior.

Ángel, el yagua

La cuenca del río Apayacu es zona de dengue y malaria. La constituye una suma de comunidades indígenas yaguas, con un promedio de cincuenta familias en cada una. Tiene un área de conservación de la que pueden sacar madera y cazar. Ya casi no queda cedro en los bosques; se cuentan con los dedos los peces de las cochas y, según el diario La Región, más del 80% de los niños sufre de anemia perniciosa por desnutrición. Se las ingenian vendiendo hojas de irapay, una palmera que cubre los techos de las casas. En este territorio solo una familia habla yagua. La lengua se ha perdido.

Ángel Yaicate es el hijo del ex Apu de la comunidad Cuzco, y fue secretario de la Federación Indígena del Apayacu, hasta que lo revocaron. Éste es su relato:

“Me han llamado traidor, que no quiero el desarrollo de mi pueblo. Me sacaron de mi cargo por oponerme a la firma del contrato con la AHL, de James King. Maltrataron a mi familia. A mi papá lo han apartado de ser Apu.”

“El Presidente de la Federación ha firmado solo. Yo como secretario he tratado de alertar. Cómo vamos a firmar si no hemos visto ni leído contrato. Me fui a Iquitos a pedir contrato el día que se firmó en el auditorio del Gobierno Regional. El abogado de la empresa me dijo que no me lo podían dar. Después nos han hecho llegar el resumen en una hoja.”

“En Sabalillo, Nilsson se presentó como representante del Banco Mundial y de la ONU. En Cuzco nos dijo que iba a pagarnos un salario de 70 soles diarios por trabajar en nuestro bosque de 6 mil hectáreas.”

Nilsson y King ofrecieron suculentas ofertas a las comunidades. Durante los dos primeros años les darían motosierras, víveres y gasolina para negociar veinte especies de madera en Hong Kong, hasta que el proyecto del carbono viera la luz. ¡A cambio, la empresa sería la intermediaria, y administraría los bienes y las ganancias por cien años!

Las cuatro comunidades no tienen una misma posición en relación con el contrato. Cuzco y Apayacu dudan, a pesar de que lo ratificaron. El ex teniente gobernador de Cuzco, Lizardo Greffa, sostiene que “el convenio todavía está para debatir y que han aceptado por necesidad”. Sabalillo cerró filas en torno al australiano y su socio. José Mayurami, el secretario comunal, dijo en su defensa: “Se han asesorado por los mejores abogados del mundo. El contrato ha sido supervisado por el Banco Mundial”.

Yanayacu, la comunidad de las catorce cochas, es la única que se ha mantenido firme en su negativa. “Cuando vino King a querer que firmemos la ratificación del contrato, nosotros no hemos aceptado. Uno: ¡Cómo vamos a firmar algo que no hemos leído! Dos: ¡No podemos firmar un contrato por cien años!”, exclama Eliades Vásquez, el Apu de la comunidad.

La sensación que tienen las organizaciones indígenas se resume en una frase que pronunció Emerson Sandi, el presidente de ORPIO, la central indígena regional con base en Iquitos. Él dijo: “Los occidentales nos están vendiendo”.

El Gobierno Regional también les ha dado la espalda. Wilfredo Panduro, de la Gerencia de Recursos Naturales, sostiene que primero se deben establecer las condiciones para entrar en este negocio. Lo último que sabemos es que Nilsson ha salido del país y que James King ha fallecido de un infarto fulminante. La única cara visible de estas empresas en Iquitos es el abogado Gerardo Arrieta, que no quiso dar declaraciones.

Nilsson no las tiene todas consigo: no sabía que el bosque tiene guardianes.

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Fuente: Revista Ideele