Servindi, 27 de marzo, 2012.- La ley que protege los recursos hídricos de la comarca indígena Ngäbe-Buglé y que prohíbe la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas en esta zona fue sancionada por el presidente panameño Ricardo Martinelli ayer, 26 de marzo.
Cuatro días antes la Asamblea Legislativa aprobó en tercer y último debate el proyecto Ley 415 sobre los recursos minerales e hídricos en la comarca, cuyos artículos fueron consensuados en las mesas de diálogo entre el Gobierno y los indígenas.
Para las autoridades estatales la norma "reúne lo consensuado por la Coordinadora Indígena y el Gobierno dentro de un diálogo que se mantuvo por varias semanas".
En efecto, los indígenas y el Gobierno habían sostenido reuniones con el fin de consensuar los artículos de la ley, semanas antes del debate en el Legislativo.
Así, el acuerdo alcanzado pone fin al proceso de diálogo iniciado a raíz de las protestas de los nativos que en el mes de febrero dejaron como saldo dos muertos y decenas de heridos entre indígenas y policías.
"El pueblo ngäbé buglé es el mejor conservador del recurso agua para todos los panameños", expresó la cacique Silvia Carrera, representante indígena en las conversaciones.
Fin de las concesiones
El proyecto de ley aprobado cancela todas las concesiones para la explotación de recursos naturales otorgadas a personas o empresas nacionales o extranjeras cuya área se encuentre dentro de la comarca.
Según la norma, el Congreso General Ngäbe Bluglé es el que deberá aprobar cualquier proyecto en la comarca y posteriormente llevar a cabo un referéndum para que las poblaciones involucradas tengan la última palabra.
“El pueblo es el que va a decidir a futuro el desarrollo de los proyectos y ponemos una serie de condicionamientos, porque antes trataban de imponer de manera inconsulta lo que querían desarrollar" agregó la dirigente.
Respecto al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que ocuparía 6.8 hectáreas de la comarca, en la provincia de Chiriquí; se acordó que una comisión técnica integrada por ambas partes revise el estudio de impacto ambiental y realice un peritaje.
A partir de ahora, todo proyecto hidroeléctrico que se acuerde en la comarca, debe dar 5% de la facturación anual a un fondo para el desarrollo de la comarca. Además, al menos el 25% del personal no especializado contratado debe ser indígena o campesino del área.
La nueva norma modifica artículos del Código de los Recursos minerales y contempla indemnizaciones previas en casos de daños, afectaciones o traslados como consecuencias de proyectos hidroeléctricos en la comarca.
Por el momento, los indígenas de la comarca esperan la firma de la ley por el presidente Ricardo Martinelli y su publicación en la Gaceta Oficial para que entre en vigor.
Los ngäbe buglés son el grupo étnico más numeroso de Panamá con más de 165 mil habitantes.
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