Relator ve complicada la situación de indígenas. Recibe quejas sobre bajo gasto del Estado en los grupos étnicos, y falta de justicia; recomienda la reforma de leyes, entre ellas, la Carta Magna.
Por: Luisa F. Rodríguez, Martín Rodríguez P., Amafredo Castellanos, Prensa Libre, Guatemala, 17 de mayo de 2006.- El país tiene un panorama muy complejo (...) Voy a evaluar con mucho cuidado las quejas y reclamos que he recibido, dijo ayer Rodolfo Stavenhagen, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los pueblos indígenas.Después de cuatro años de haber visitado el país, Stavenhagen expresó que dirigentes de pueblos indígenas expresaron los rezagos que aún se viven en el país.
He recabado mucha información con respecto a denuncias, quejas y señalamientos, ya que los grupos indígenas consideran que los esfuerzos que se han hecho no han sido suficientes, informó el funcionario de la ONU, después de reunirse con las autoridades del Ejecutivo en la Casa Presidencial.
Stavenhagen aseguró que entre los obstáculos que le mencionaron destaca la falta de inversión social, conflictos de tierra, falta de justicia que provocan los linchamientos y limitada educación bilingüe.
Reconoció que las autoridades tomaron en cuenta las recomendaciones que dio hace cuatro años para mejorar las condiciones de los pueblos indígenas, pero hizo énfasis en que aún hacen falta acciones.
Voy a observar con mucho cuidado la postura de todos los sectores antes de llegar a una conclusión, añadió.
Eduardo Stein, presidente en funciones, aseguró que la principal preocupación del relator es la falta de certeza jurídica.
Reforma constitucional
En el Congreso, Stavenhagen indicó que hay avances que no se pueden negar, pero hacen falta reformas legales que llegan hasta la Constitución.
Hay avances, pero falta la plena aplicación del acuerdo de paz sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, leyes sobre tierras y una reforma constitucional en materia indígena, que no se ha hecho todavía, opinó el relator al terminar una reunión con integrantes de la Comisión Permanente y diputados de las salas de Asuntos Indígenas y Relaciones Internacionales.
La reunión duró media hora, y ese diálogo no tuvo compromiso ni petición en materia legal sobre asuntos de inclusión o lucha contra el racismo.
Sin avances
Sectores indígenas afirmaron que no hay avances concretos desde que el relator vino por primera vez a Guatemala, hace cuatro años.
Hay cambios en la legislación, pero no hay avances reales y concretos, como mejorar el acceso de la población indígena a todo servicio público, explicó Juana Curup, de la Asociación de Abogados Mayas.
Esta opinión fue compartida por Irma Alicia Velásquez, socióloga, para quien los indígenas sufren la violación de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Magdalena Sarat, del Movimiento de Jóvenes Mayas, de Conavigua, recordó que a diario mueren mujeres y niños en el campo por su extrema vulnerabilidad ante las condiciones de exclusión en que viven.
El relator se reunió al mediodía con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y por la tarde, con la Coordinadora Institucional Indígena, cuyos integrantes expusieron su interés por incidir en la definición de políticas públicas a favor de los pueblos indígenas desde el Ejecutivo.
Reconocen debilidades
Stein hizo énfasis en que la principal preocupación del relator es la falta de certeza jurídica en el país y comentó que el problema no es la falta de inversión, sino la forma como se invierte.
Frank La Rue, director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), reconoció que los problemas de la población persisten y que las mayorías aún están marginadas de los servicios básicos, como la educación y salud.
Por su parte, Manuela Alvarado, de Copredeh, aseguró que la visita de Stavenhagen hace que se incremente el compromiso por mejorar la situación de los pueblos indígenas y las acciones gubernamentales.
Ven mejor coordinación
Las autoridades del Ejecutivo presentaron al relator de la ONU un informe detallado sobre las acciones que han promovido para disminuir la discriminación y mejorar las condiciones de los pueblos indígenas.
El informe, que tiene más de 100 páginas, fue redactado por funcionarios de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh) con el aporte de otras instituciones.
El documento resalta el trabajo en conjunto que han logrado tener los tres organismos que integran el Estado para mejorar la aplicación de la justicia.
La creación de programas de atención integral a la población como Creciendo Bien y el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Alimentaria.
Aseguran que se ha incrementado el número de profesionales indígenas en la administración pública y la Defensoría de la Mujer Indígena ha ampliado su cobertura en siete departamentos.
Las autoridades también destacan que han fortalecido la participación de los consejos indígenas a través de los Consejos de Desarrollo y destacan la creación del consejo asesor indígena.
También ven como positiva la aprobación de la Ley de Registro de Información Catastral, el fortalecimiento de la Secretaría de Asuntos Agrarios y la resolución de conflictos agrarios, hechos que benefician a los indígenas.
Acciones
Estos son algunos avances que ve el Gobierno:
- Más presupuesto para inversión social.
- Atención integral a la mujer indígena.
- Ampliación de la cobertura de educación bilingüe y resolución de varios conflictos de tierra.
- Mayor inversión para infraestructura en población indígena que no contaba con servicios básicos.
Desventajas: Se quejan por racismo
La falta de acceso a la justicia, la extrema pobreza y la exclusión, que se traducen en muerte de niños, despojo y falta de oportunidades, son algunos de los rasgos que sectores indígenas identifican como efectos del racismo en Guatemala.
Carmela Curup, de la Asociación de Abogados Mayas (AAM), dijo que la justicia es un derecho civil que no existe para la población indígena.
El sistema de justicia funciona en español. No hay jueces bilingües ni fiscales bilingües. Apenas hay algunos abogados bilingües. El sistema es monolingüe y monocultural, señaló Curup.
Agregó: No hay garantías para la población indígena. Se designan traductores, pero sólo en la vía penal. En la rama civil y laboral no hay nada, dijo.
Magdalena Sarat, del Movimiento de Jóvenes Mayas, aseguró que la extrema pobreza se manifiesta con rigor en especial en el área rural, donde a diario mueren niños y mujeres por no tener acceso a la salud.
Son víctimas de la corrupción y de la política excluyente del Estado, aseveró.
Juana Tipaz, del Movimiento Nacional de Víctimas, expresó que el racismo se fomenta en los espacios de decisión política, tales como el Congreso e instituciones de Gobierno, donde a los indígenas se les excluye.
Sin avances
Sectores mayas concluyen que el racismo sigue vigente; estos son algunos argumentos:
La población indígena es excluida de las decisiones políticas.
La extrema pobreza se extiende entre la población rural.
A diario mueren niños y mujeres por falta de acceso a la salud y nutrición, y existe despojo porque la justicia sólo se aplica en español.
Fuente: Prensa.Libre.com Un periodismo independiente, honrado y digno
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