Servindi, 20 de marzo, 2012.- El último reporte mensual de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo registró que durante el mes de febrero surgieron 5 nuevos conflictos sociales, sumando un total de 229.
Nuevamente, la mayor cantidad de conflictos son de carácter socioambiental: 133 en total (58,1%), es decir, se registraron 4 conflictos más de ese tipo para el mes de febrero. Por otro lado, 152 se encuentran en calidad de "activos" (66,4%) y 77 en estado "latente" (33,6%).
La mayor cantidad de conflictos se registraron en la región Áncash: con un total de 22 conflictos sociales. Le siguen las regiones de Puno (21), Cajamarca (17) y Cusco (16). Se registraron 20 casos de conflictos por asuntos de Gobierno Nacional (8.7%), 19 casos por problemas con gobiernos locales (8,3%), y 7 de diversa índole.
Por otro lado, el documento brinda información referente a cinco conflictos sociales nuevos; tres de ellos por problemas socioambientales y dos por asuntos de Gobierno Nacional.
Los que deben resolver los problemas
Quien tiene mayor competencia para atender los conflictos sociales sigue siendo el Gobierno Nacional quien es el principal responsable para resolver 146 casos (63,8%); los Gobiernos Regionales lo son en la atención de 50 casos (21,8%); y los Gobiernos Locales son responsables lo son en 25 casos (10,9%).
El Reporte Mensual de Conflictos Sociales (Nº 96), correspondiente al mes de febrero del 2012, fue dado a conocer por la Defensoría del Pueblo el pasado martes 13 de marzo.
Áncash: 8 conflictos de Antamina
De los 22 conflictos sociales registrados en Áncash, 15 son de índole socioambiental. De ellos, 8 conflictos socioambientales son ocasionados por la actividad de la Compañía Minera Antamina.
Uno de estos problemas socioambientales ocurre en la provincia de Huari, donde la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEP) convocó una paralización contra las empresas mineras Antamina y Nyrstar, por incumplimiento de sus compromisos sociales y por la contaminación ambiental.
Contra la empresa Antamina también se registró un nuevo conflicto socioambiental en Áncash: pobladores del caserío de Chipta señalan que existe una controversia de titularidad de terrenos con dicha compañía.
Un informe elaborado por Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) indica que existe contaminación ambiental por plomo, conforme a la muestra obtenida de un grupo de pobladores.
En febrero de este año, pobladores de Chipta denunciaron que la empresa Antamina, en su afán por construir un poste de alta tensión en sus territorios, solicitó la ayuda de la dirección de operaciones especiales de la Policía Nacional (Dinoes), quienes ingresan a sus territorios y los agreden.
Otro conflicto socioambiental vinculado a Antamina ocurre en la provincia de Huarmey, donde la Asociación de Pescadores, Armadores Artesanales de San Pedro de Puerto Huarmey y pobladores de la zona denuncian el incumplimiento de las actas de compromiso por parte de la compañía minera.
Además, la población de la cuenca del río Ayash denuncia que el río se encuentra contaminado por el vertimiento de relaves por parte de Antamina.
Asimismo, pobladores de Racrachaca, provincia de Bolognesi, exigen a Antamina la suscripción de un convenio marco de relación institucional para recibir apoyo de la compañía, ya que se encuentran en el área de influencia de la mina.
La Defensoría reportó que pobladores de la comunidad campesina de Ango Raju y del centro poblado Carhuayoc, provincia de Huari, demandan compensación y apoyo al desarrollo social por parte de la compañía.
También los pobladores del caserío de San Antonio de Juprog en el distrito de San Marcos reclaman a Antamina el cumplimiento de acuerdos y que asuma la contaminación ambiental provocada en el poblado.
Otro de los conflictos tiene que ver con la minera Barrick Misquichilca, a quien la comunidad campesina Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca en el distrito de Jangas exige que los compense por el cierre del camino tradicional que conducía a sus localidades.
La comunidad de Pampas, provincia de Pallasca, señalan que las empresas mineras Dynacor Exploraciones y Málaga generan contaminación de los ríos la Plata y Huaura con arsénico, plomo y grasa.
Por otro lado, pobladores del distrito de Huallanca, provincia de Bolognesi, piden que la Empresa minera Greenex suspenda el proyecto minero de una planta flotadora de minerales, puesto que ya se está construyendo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán.
Puno
La Defensoría del pueblo registró 15 conflictos socioambientales en Puno. La gran parte de ellos, relacionados con la minería, las comunidades solicitan ser consideradas en procesos de consulta previa.
El Frente amplio de defensa de los intereses de la provincia de Lampa exige la cancelación de las concesiones mineras en la provincia, ante la ausencia de consulta previa y de información.
Por otro lado, pobladores de la comunidad campesina Jilatamarca, provincia de Puno, demandaron la paralización de la minera Aruntani por la posible contaminación de la laguna Surani.
Comunidades de las provincias de Moho, Huancané, Azángaro, Chucuito, el Collao y Puno solicitan la nulidad de las contrataciones de los Lotes 155 y 156 porque afectarían el medio ambiente.
Por su parte, pobladores del Distrito de Orurillo manifestaron rechazo hacia las actividades mineras de la Empresa Minera CIEMSA La Poderosa en la zona, en tanto no han sido objeto de consulta.
La comunidad campesina de Condoraque, provincia de San Antonio de Putina, denunció que sus captaciones de agua están contaminadas por los relaves de la minera Sillustani S.A.
Añadir nuevo comentario