Selva amazónica ecuatoriana contaminada por explotación petrolera. Foto: Ana María Acosta
Tribunal estadunidense rechaza pedido de petrolera para bloquear sentencia de corte ecuatoriana.
Por Luis Ángel Saavedra
10 de febrero, 2012.- La petrolera estadunidense Chevron cada vez está más acorralada. Tras 19 años de litigio legal se va quedando sin opciones para evadir su responsabilidad por los daños ambientales que causó Texaco, adquirida por Chevron en el 2001, en la Amazonia ecuatoriana. Ahora incluso una corte estadunidense le ha dado la espalda al rechazar un pedido para bloquear, en cualquier país donde Chevron tenga activos, la sentencia emitida en Ecuador que la obliga a pagar US$ 9.5 millardos por los daños producidos, cifra que puede duplicarse si es que no se disculpa públicamente con las comunidades afectadas.
Tras 28 años de operaciones, con 339 pozos perforados en 15 campos petroleros, Texaco abandonó el país en 1992 luego de haber vertido unos 18 millardos de barriles de agua tóxica en la selva ecuatoriana y dejado 627 piscinas con desechos tóxicos, lo que afectó a unas 30,000 personas, entre campesinos e indígenas de cinco nacionalidades: Siona, Secoya, Cofán, Wuaorani y Kichwa.
En 1993, comunidades indígenas de la Amazonia norte del Ecuador demandaron a Texaco (ahora Chevron) en cortes de EEUU por contaminar el ambiente y afectar la salud de la gente al usar tecnología obsoleta mientras operaba campos petroleros entre 1970 y 1980. Diez años después, la justicia estadunidense se declaró incompetente de llevar adelante este juicio y concluyó que la demanda debía ser presentada en Ecuador, argumentando que los daños habían sido provocados en ese país.
Durante los ocho años que duró el juicio en Ecuador, Chevron puso una serie de obstáculos, incluyendo la recusación de jueces, con la intención de demorar una sentencia que ya se veía venir. Efectivamente, el 14 de febrero del 2011, un juzgado de primera instancia de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, sentenció a la petrolera a pagar $8.6 millardos para remediar las zonas contaminadas, más el 10% establecido por la Ley de Gestión Ambiental en favor de los demandantes, es decir, $860 millones que deben ser entregados directamente a las comunidades afectadas.
Para Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, la sentencia se convirtió en un precedente ejemplar, pues no solo se remite al pago por los daños, sino que también establece una reparación moral para las personas afectadas al establecer que la sanción puede duplicarse si no se disculpa por lo hecho.
“Si Crevron no se disculpa, lo único que demostrará es su prepotencia, demostrará un profundo racismo hacia los pueblos indígenas, hacia Latinoamérica, porque cree que acá no tenemos derechos”, afirma Fajardo.
Chevron apeló la sentencia de primera instancia, pero el pasado 3 de enero la Corte Provincial de Sucumbíos la ratificó en segunda instancia, dejando a la transnacional solo con la posibilidad de acudir a la Corte Nacional de Justicia, como en efecto lo hizo. El objetivo es que ésta anule lo que ya ha sido ratificado por la justicia provincial, lo que es muy difícil, ya que en tercera instancia únicamente se revisa si el procedimiento del juicio estuvo apegado al debido proceso.
En busca de que el juego cambie de cancha
Chevron ha hecho de todo para buscar que no se emita la sentencia o, en el caso de darse, endosar el pago por los daños al gobierno del Ecuador. En este sentido, mantiene una demanda contra el Estado ecuatoriano en la Corte de La Haya, aduciendo que la responsabilidad de la remediación ambiental la tiene el Ecuador.
La petrolera estadunidense sostiene que el gobierno y la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador, que asumió las operaciones de Texaco en 1992, aprobaron la limpieza supuestamente realizada por Texaco en la zona y que Petroecuador debía hacerse cargo del resto de la remediación y, por lo tanto, también tiene responsabilidad.
De igual forma, entre el 2010 y 2011, Chevron acusó en varias oportunidades a las comunidades demandantes y sus abogados de forjar un fraude para “enriquecerse ilícitamente”, utilizando a la justicia ecuatoriana. Alegó que los informes periciales también eran fraudulentos, e incluso acusó al gobierno del presidente Rafael Correa de “incidir en la justicia a favor de los demandantes”.
En paralelo, temiendo ya una sentencia en su contra en el Ecuador, la empresa solicitó en una Corte del Circuito de Nueva York una medida legal que impida que se ejecute en un país donde Chevron tenga activos, incluido EEUU, la sentencia en caso de haberla. El juez Lewis Kaplan, que en diversas oportunidades se ha mostrado favorable a los pedidos de Chevron, emitió una orden que bloqueaba cualquier intento por ejecutar una posible sentencia contra la petrolera, aunque luego la puso en suspenso argumentando que no era factible tomar una medida de esta naturaleza al no haber aún una sentencia. Sin embargo, al emitirse la sentencia de segunda instancia en la Corte Provincial de Sucumbíos, Chevron sufrió nuevo un revés en su propio terreno, pues la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de EEUU, que actúa como una corte de segunda instancia, desestimó el pedido de Chevron expresando su preocupación de que los jueces estadunidenses puedan interferir en la justicia de otros países.
“Cada vez que pierde, Chevron busca cambiar de cancha buscando dónde puede ganar”, aseguró Fajardo. “Primero no quiso las cortes estadunidenses, ahora no quiere las cortes ecuatorianas, pero al final Chevron no podrá ganar”, asegura Fajardo.
Mientras tanto, Chevron sigue afirmando que se opondrá a la ejecución de la sentencia. “Rechazamos cualquier intento por ejecutar una sentencia producto de un fraude”, aseguró James Craig, vocero de Chevron para América Latina.
“Chevron cree que la opinión de la Corte del Segundo Circuito de Nueva York podría cambiar al demostrar un fraude en el juicio que se llevó en Lago Agrio; sin embargo ya hemos demostrado que no lo hay y, prácticamente, ya hemos ganado también en EEUU”. afirma Fajardo.
Incluso, al conocer la decisión de la justicia estadunidense, Craig afirmó que “la opinión de la Corte del Segundo Circuito constituye un fallo procesal limitado que podría cambiar”.
Buscando ejecutar la sentencia
Por su parte, los abogados demandantes decidieron no presentar ningún otro recurso y esperar que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador ratifique la sentencia. Por el momento están definiendo las formas en que se puede ejecutar el cobro.
“Es complicado, pero es posible. Estamos investigando dónde Chevron tiene activos y cuáles son los elementos jurídicos de esos países, o legislación internacional, que nos permitirán ejecutar la sentencia”, indicó Fajardo.
Las comunidades asumen los continuos triunfos que tienen sobre Chevron como una reivindicación de sus derechos, pues más que el dinero, les interesa que se conozca que las transnacionales no pueden violar los derechos de los pueblos indígenas ni contaminar sus territorios.
“No se trata de dinero, se trata de buscar respeto”, afirmó Humberto Piaguaje, líder de la nacionalidad Secoya, de Sucumbíos.
Fajardo, por su parte, reivindica la esperanza.
“El pasado 28 de enero me reuní con 40 comunidades, y lo que vi es que se revivió la esperanza, que lo que parecía imposible se está dando, que los millones de dólares y los ejércitos de abogados no han podido con nuestra determinación de hacer respetar nuestros derechos. Seguiremos luchando hasta que pague. No hay otro camino”, señalós. Noticias Aliadas.
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Fuente: Comunicaciones Aliadas
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