Algunas esperanzas afloran al conocer que la Amazonía ha sido reconocida como nueva maravilla natural del mundo. ¿Qué pasará, ahora, con riquezas tan codiciadas como el oro, el petróleo y el gas?
Por Luz Virginia Rojas
35 de enero, 2012.- El operativo Aurum I ha sido el primer gran paso del Gobierno de Humala para dejar en claro que la minería informal no va en Madre de Dios. Con el amparo del decreto de urgencia 012-2010, que prohíbe el uso de dragas en los lechos de río, se desmantelaron motores y maquinarias, pequeños y grandes, utilizados en la extracción del oro (que los medios de comunicación han empezado a llamar “dragas” sin distinción de tamaño).
A la par, se realizaron operativos en los populares ‘prostibares’ donde se encontraron mujeres (algunas menores) forzadas a trabajar en las zonas mineras.
Muchos esperábamos una intervención de este tipo, pues en los años siguientes a la pavimentación de la carretera Interoceánica los bosques y lechos de los ríos sufrieron una explotación brutal y sus efectos se dejaron sentir a ojos de comuneros y agricultores. Incluso podía apreciarse a simple vista, en plena carretera, cómo se removía el bosque para remplazarlo por una especie de arena lavada rodeada de covachas, de palos y plásticos azules, donde los colores fosforescentes anunciaban los famosos ‘prostibares’.
Sin embargo, el Aurum I no trae solo buenas noticias. Los pequeños mineros (algunos en trámite y otros con título), los obreros de minería y los trabajadores que se articulan en torno a esta actividad están en quiebra, en crisis total. Muchos de ellos habían inmigrado en masa después de que fueron virtualmente expulsados de Puno, al prohibirse la extracción informal del metal por ordenanza regional.
Este hecho exacerbó la presión extractiva sobre tierras agrícolas y áreas naturales protegidas, entre las que resalta con profundo pesar la Reserva Nacional de Tambopata. Frente a los operativos, muchos de estos trabajadores han vuelto a emigrar en búsqueda de nuevas actividades. Otros, en cambio, siguen lavando oro en menor escala, a fuerza de pasar por contrabando los insumos que esta actividad requiere.
El río Madre de Dios lo agradece, muchos creemos verlo menos turbio, como si ya empezara el proceso de autolimpieza de sus aguas. Sin embargo, el problema de fondo no se resuelve: una enorme masa de trabajadores sigue pululando en búsqueda de insertarse en alguna actividad económica.
Como suele suceder en estos casos, no falta quienes buscan pescar en río revuelto. La decisión del Gobierno de poner fin a la minería en Madre de Dios aviva una antigua rivalidad interna entre el presidente regional, Luis Aguirre (un periodista aficionado que utilizó la radio como trampolín para su campaña electoral) y el congresista Amado Romero (un antiguo minero sobre el que pesan tantas denuncias como oro y testaferros tiene acumulados). El primero responsabiliza al segundo de haber “removido” el tema de la minería informal al pretender derogar el DU 012. El segundo acusa al primero de corrupción y ha pedido una auditoría al Gobierno Regional mientras mueve por debajo los hilos políticos en pro de la revocatoria.
Lo cierto es que la minería informal ha sido, en los últimos veinte años, el motor de la economía en Madre de Dios. De ahí que los efectos de la detención de esta actividad se sientan en todos los rubros económicos. El consumo de bienes y servicios se ha desacelerado de una forma alarmante.
Así las cosas, se distinguen dos grandes retos que el Gobierno debe atender: por un lado, en materia de protección ambiental, que está siguiendo su curso mediante la conformación de Mesas de Trabajo para el Ordenamiento Minero en Madre de Dios, en el marco del “compromiso de formalización con habilitación temporal y condicionada ambiental y social”, al que se ha arribado entre los operadores mineros y el Gobierno Central (con el pleno respeto de las zonas de exclusión minera).
Por el otro, la búsqueda de una salida económica viable con el fin de integrar a la enorme masa de trabajadores que no podrán formalizarse a un mercado laboral alternativo, con la perspectiva de mejorar las condiciones para el desarrollo de las capacidades sociales. Ambos retos involucran una visión integral de país e implican la toma de decisiones serias que probablemente remecerán los poderes hegemónicos.
En este contexto, es preciso recordar que el gobierno de García defendía en el DU 012-2010 las siguientes razones a favor de la conservación ambiental y el desarrollo sostenible:
- Que, de conformidad con los artículos 2, 7 y 58 de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y a la protección de su salud. El Estado orienta el progreso del país actuando principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura; Que, de acuerdo a los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Perú, el Estado determina la política nacional del ambiente; promueve el uso sostenible de sus recursos naturales; y, está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas […].
- Que, según el artículo 28 de la Ley Nº 26821, los recursos naturales deben aprovecharse en forma sostenible. El aprovechamiento sostenible implica el manejo racional de los recursos naturales teniendo en cuenta su capacidad de renovación, evitando su sobreexplotación y reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente, de ser el caso. El aprovechamiento sostenible de los recursos no renovables consiste en la explotación eficiente de los mismos, bajo el principio de sustitución de valores o beneficios reales, evitando o mitigando el impacto negativo sobre otros recursos del entorno y del ambiente.
- Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente-Ley Nº 28611, establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y, el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.
- Que, según el artículo 103 de la Ley Nº 26842-Ley General de Salud, la protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de los estándares para preservar la salud de las personas; Que, según el artículo 22 de la Ley General del Ambiente-Ley Nº 28611, el ordenamiento territorial es un objetivo de la descentralización en materia de gestión ambiental. […] El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Autoridad Ambiental Nacional y en coordinación con los niveles descentralizados de gobierno, establece la política nacional en materia de ordenamiento territorial, la cual constituye referente obligatorio de las políticas públicas en todos los niveles de gobierno.
La lectura de estas leyes resulta esperanzadora, pero dista mucho de la realidad. Al cierre de este artículo, el Gobierno ha autorizado que los mineros informales reanuden la extracción en Madre de Dios. Toda la población conoce ya los efectos que esto tendrá en materia ambiental (contaminación de ríos con mercurio, pérdida del suelo fértil, afectación de cultivos, deforestación, etcétera) y social (migración, prostitución, corrupción, exposición a enfermedades, precariedad laboral, etcétera).
¿Cuál es el plan estratégico del Gobierno para evitar o mitigar estos impactos? ¿Cuál es la estrategia para canalizar las demandas de la población que no podrá acogerse a la formalización? Porque cabe precisar que un sector importante no entrará en este proceso, sea por sus limitados recursos económicos para pagar los permisos y estudios de viabilidad ambiental, sea porque no podrán continuar laborando en zonas de exclusión minera.
Al mismo tiempo, se abre una interrogante de mayor alcance: ¿Acaso toda esta exposición legal de motivos no se aplica también a las demás zonas mineras de nuestro territorio nacional que vienen siendo seriamente afectadas? La tarea es grande e incluye, necesariamente, una verdadera transformación integral e integradora.
El Gobierno Regional de Madre de Dios ve limitado su esfuerzo a la ejecución de algunos proyectos específicos de fortalecimiento institucional de la DREM (Dirección Regional de Energía y Minas) y de capacidades en los productores mineros con miras a la formalización.
Por su lado, las ONG plantean, además del desarrollo de capacidades, la promoción de una política que apoye el proceso de formalización (SUNAT, MTyPE, DREM), el impulso empresarial, implementar áreas de prevención de conflictos regionales, planes de relaciones comunitarias, promover principios de consulta y fiscalización, impulsar la integración de áreas mineras para desarrollar herramientas colectivas de manejo técnico y ambiental, entre otros.
Mientras las nuevas autoridades en materia ambiental y sectores afines se articulan para elaborar planes y proyectos a favor del desarrollo sostenible, deberán asumir también el reto de resolver la incertidumbre jurídica producto de la descentralización y de la creación del Ministerio del Ambiente. La fiscalización, monitoreo y supervisión ambientales deberían ser ejercidos de manera sistémica, incluyendo a todos los niveles de gobierno y a sus sectores. Sin embargo, el esquema de sectorialización administrativa de la gestión ambiental planteado en el decreto legislativo 757 no ha logrado ser superado aún, lo que genera incertidumbre jurídica respecto del ámbito de competencia correspondiente a cada nivel de gobierno y sus diferentes instituciones de fiscalización, monitoreo y supervisión ambiental.
Junto con las acciones por la preservación del ambiente, se esperan resultados tangibles para el desarrollo de labores económicas alternativas. Entre las actividades tradicionales de Madre de Dios, que pueden desarrollarse en armonía con el ambiente, está la agroforestería, junto con la extracción de shiringa, castaña y madera, siempre al amparo de planes de manejo exigentes.
A la par, es importante recuperar la tierra devastada para uso piscícola y, según los más optimistas, para uso agrícola. No es cierto que las ganancias de la minería sean mucho mayores que las que proveen otras actividades; la diferencia recae más bien en que la minería empieza a dar ganancias de inmediato. Sin embargo, la agricultura tecnificada representa una actividad próspera que requiere algo de capital para empezar a rendir ingresos considerables en algunos meses. Vale la pena que un equipo de especialistas se plantee la tarea de elaborar propuestas de actividades alternativas. Después de todo, en un país tan pobre, no podemos darnos el lujo de perder un área enorme y rica en recursos productivos, reconocida Capital Mundial de la Biodiversidad.
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Fuente: Revista ideele: http://www.revistaideele.com/content/el-dorado-un-infierno-en-el-coraz%C3%B3n-de-una-maravilla-natural
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