Territorios indígenas de Argentina
Por Nilo Cayuqueo (*)
El 2011 fue el último año del primer mandato de Cristina Fernández, recientemente reelegida con el 54% de los votos por otros 4 años. El anterior fue de Néstor Kirchner del 2003 al 2007, fallecido abruptamente en octubre 2010. Con todas las contradicciones que han tenido los dos periodos presidenciales de los Kirchner, es justo y necesario remarcar los aspectos positivos.
Por mencionar algunos: la aprobación de una nueva Ley de Medios Audiovisuales para democratizar la información que está en manos de las empresas que manejan la economía y el destino del país (la última había sido promovida por los militares y en vigencia con pequeños cambios posteriores en la era democrática).
El juzgamiento a un número de alrededor de más de 400 militares represores del golpe militar del año 1976 ha sido muy positivo. Aunque fueron varios miles los que cometieron masacres y muertes con más de 30 mil asesinados y desaparecidos. Lamentablemente, la justicia llegó un poco tarde, pues la mayoría de los represores por su avanzada edad habían muerto o están en la etapa senil. Había pasado 26 años desde el advenimiento de la democracia cuando el expresidente Kirchner decretó la anulación del perdón que había sido concedida por el expresidente radical Raul Alfonsín en el año 1986.
Resultan herramientas sociales positivas: a) la jubilación a miles de personas que no pudieron aportar todo lo necesario para jubilarse pero que con este gobierno pudieron hacerlo; b) la asignación universal por hijo de alrededor de 270 pesos (63 dólares mensuales) para madres de bajos recursos; c) entrega de computadoras portátiles notebooks a alumnos de las escuela primarias, becas y d) una promoción de la cultura artística en general.
Es importante destacar que en Argentina se ha dado el mejoramiento de la economía, fundamentalmente por las exportaciones de soja transgénica a China, Europa y Brasil, mayormente por los grandes grupos financieros del mal llamado unificadamente ”campo”. Ha sido así sobre un total de 19 millones de hectáreas cultivadas de soja (nada menos que el 56 % de la tierra cultivable del país). Se prevé para el 2011-2012 una producción de 50 millones de toneladas, sin contar la exportación de aceite de soja. El valor estimado es de 21 mil millones de dólares de los cuales el gobierno retiene el 35 % por un valor aproximado de 8.800 millones de dólares. Cabe destacar que para obtener esa producción hubo que usar alrededor de 200 millones de litros de glifosatos y otros nuevos productos desfoliantes. Este uso indiscriminado de agrotóxicos ha impactado en la pérdida de biodiversidad en gran escala, creando desequilibrios ecológicos y un alarmante aumento de las enfermedades respiratorias en los seres humanos. El cáncer ha aumentado considerablemente.
En todo este contexto y desde el punto de vista indígena y campesino, la situación no ha cambiado sustancialmente con los Kirchner en el poder. Excepto lo mencionado más arriba, como el de recibir ciertos beneficios sociales como jubilación o planes de sustento de familias que estuvieron destinados a toda la población.
Por otro lado, la persistencia en el llamado a desarrollar altas tecnologías y “desarrollo con valor agregado” en el campo a costa de cualquier precio, la falta de una política clara con desarrollo sustentable a largo plazo y desconociendo a los principales protagonistas que son los pueblos que viven en esas áreas, ha creado muchas dudas sobre el futuro de ese llamado desarrollo.
Crean incertidumbre las alianzas estratégicas con gobernadores tradicionalmente conservadores y represores de los pueblos originarios y campesinos en las provincias de Formosa, Jujuy, Salta, Neuquén, Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires.
Las leyes que solo quedan en el papel
La falta de respeto a las leyes nacionales y a los acuerdos internacionales que el gobierno se comprometió cumplir –como el Convenio 169 de la OIT– fundamentalmente sobre la consulta a los Pueblos Originarios para cualquier plan de desarrollo o extracción de recursos en sus territorios y el ejercicio de la autodeterminacion a sus modos de desarrollo de acuerdo con su cultura. También la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución misma aprobada en el año 1994 que reconoce a los Pueblos Originarios como “pre existentes al Estado argentino”. Todas esta leyes y acuerdos muy rara vez se aplican.
En los últimos dos años, cuatro campesinos y originarios fueron asesinados por fuerzas policiales por oponerse a la política del avance de la soja sobre territorios ancestrales de esos pueblos. Esto se hizo con la complicidad de la llamada ‘justicia’, los gobiernos provinciales y el mirar para otro lado del gobierno nacional, sin que hasta la fecha se haya hecho real y verdadera justicia.
Más de mil líderes indígenas y campesinos en todo el país estan siendo judicializados y procesados por defender sus derechos ancestrales en contra de las industrias extractivas y el agronegocio de la soja, y es extremadamente preocupante la continua represion en contra de líderes indígenas y del campo popular en casi todo el país.
La ley de protección de los bosques –no se cumple porque se continúa con los desmontes para plantar soja– y la ley de suspensión de desalojos ha sido prorrogada por cuatro años más. A pesar de que existe esa Ley 26160 (prorrogada) que suspende el desalojo de sus territorios ancestrales y decreta hacer un relevamiento de los mismos, esto en la práctica no se respeta y decenas de comunidades han sido ya desalojadas.
El nivel de desnutrición en las comunidades, sobre todo en las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Jujuy es muy elevado, siguen muriendo niños y ancianos por falta de alimentación. Enfermedades que ya han sido erradicadas en otros lugares como tuberculosis, chagas y dengue, hoy en día están afectando a cientos de comunidades en las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Salta.
El gobierno de Cristina Fernández se ha negado sistemáticamente a discutir políticas públicas con los pueblos originarios.
Es irritante e inaceptable la intromisión en la política interna de las organizaciones de los Pueblos Originarios por parte del Estado (denunciadas por las organizaciones indígenas durante la reciente visita del relator para Pueblos Indígenas de la ONU) a través del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Pueblos Originarios del Ministerio de Medio Ambiente, intromisión estatal que apoya a las organizaciones que no se oponen a su políticas. La contratación a personas originarias (hacer grandes reuniones donde los delegados viajan en avión a cualquier parte del país con fondos del Estado) ha conseguido la dispersión y fragmentación de las organizaciones que tradicionalmente estaban unidas. Creando una honda preocupación con el consiguiente debilitamiento. Sin embargo es necesario destacar que las organizaciones y comunidades que realmente están luchando por sus derechos continúan en la lucha y es ahí donde opera la represión.
Otro tema muy importante es la polarización de los medios de comunicación entre la derecha tradicional y los medios afines al gobierno. En definitiva, los pueblos originarios, los campesinos, trabajadores y la izquierda independiente que no están de acuerdo con la política del gobierno no tienen espacio, (salvo algunos medios alternativos) para dar a conocer sus denuncias y propuestas. El Estado ha destinado muchos millones de dólares para crear nuevos medios, pero estos por lo general deben seguir el discurso oficial pues éste controla el dinero público.
La política sobre la minería
Respecto a la minería, el gobierno de Cristina Fernández ha hecho política de Estado la explotación minera en todo el país. El aumento de la explotación minera aumentó de más un de un mil por ciento en los últimos años. La presidenta misma se reunió con una de las más grandes y cuestionadas compañías mineras del mundo, la canadiense Barrick Gold, responsable de la mina de oro y plata Pascua Lama, ubicada en los límites de Chile y Argentina. Planea entrar en producción en el 2013. Esta minera producirá alrededor de 14 millones de onzas de oro durante 14 años. Trabajará a cielo abierto y para ello según los estudios de impacto ambiental provocará los deshielos de los glaciares existentes en el área, contaminará los ríos y las napas subterráneas de las aguas. Sin embargo, la presidenta vetó la ley que fue aprobada por el Congreso y que prohibía la minería en esa área de glaciares. Luego fue promulgada nuevamente y aunque esta vez no la vetó, aún no se puede aplicar porque la empresa y el gobernador de la provincia de San Juan –quien se pronuncia a favor de la mina– apelaron la decisión y sigue en los tribunales.
En estos momentos hay un sinnúmero de empresas mineras a los largo y ancho de todo el país. Mientras el Estado argentino sigue dando concesiones a más compañías mineras y facilitando el camino legal, como el caso de la mina de Esquel donde el gobierno provincial a través del Parlamento derogó la ley que prohibía explotar a cielo abierto. En todos estos casos la opinión de la gente que es mayoría no es tenida en cuenta, actuando el Estado con toda impunidad.
En casi todos los lugares donde operan las minas, los pueblos se oponen movilizándose pues es ya sabido el enorme daño a la ecología, la salud de la población, el agua y el exiguo beneficio que las minas dejan para el país y la gente misma. Hay lugares como en Famatina en la provincia de La Rioja en el noroeste y Esquel en la provincia sureña provincia de Chubut donde los pueblos casi en su totalidad se han movilizados, recibiendo como respuesta la represión por parte de las policías provinciales.
Minas y proyectos mineros hay por casi todo el país. El relator de las NU visitó la comunidad de Salinas Grandes en Jujuy, afectando a varias comunidades del pueblo Kolla por la minería de litio quienes denunciaron la inconsulta explotación en sus territorios.
Un poco de la historia reciente
La muerte de Néstor Kirchner en octubre del 2010 creó un panorama de imprevisibes consecuencias políticas y estuvo marcado por la incertidumbre de lo que ocurriría a partir de ese acontecimiento.
Ante la dispersión de los partidos y organizaciones progresistas, el peronismo se volvió a ratificar como la alternativa política para los millones de votantes que apoyaron nuevamente a Cristina Fernández.
Exigiendo derechos durante la celebración de la Independencia
En el mismo año y anterior a la muerte de Kirchner, Argentina celebró en el mes de julio del 2010 los 200 años de independencia. El gobierno promovió una gran celebración con varios semanas de fiesta y un impresionante desfile y espectáculo artistíco en la avenida 9 de julio.
Los pueblos originarios y las organizaciones campesinas aprovecharon la oportunidad para organizar una gran marcha a Buenos Aires de todas partes del país y en un número de alrededor de 20 mil llegaron a la histórica Plaza de Mayo (frente a la Casa de Gobierno) para demandar justicia, reparación histórica por los genocidios y el cese de la sistemática negación de nuestros derechos ancestrales.
La presidenta los recibió en la Casa de Gobierno, sí. Pero no sólo no se comprometió a solucionar los graves problemas por los que atravesamos sino que ante la presentación de documentos con propuestas, respondió que estaba de acuerdo con algunos temas pero en otros “no estaba de acuerdo para nada”. Esto no fue un buen indicio ya que ese esperaba otro tipo de recepción y creó cierta desazón por la falta de respuestas concretas a las históricas demandas.
Por qué no hay respuestas
La razones de fondo a la falta de respuestas a las demandas concretas de los Pueblos Originarios y campesinos es que el Estado mismo y sus gobernadores aliados tienen una clara política extractivista y de explotación indiscriminada de los llamados “recursos naturales”. La mayoría de esos recursos –minas, petróleo, bosques– están ubicados donde viven los pueblos originarios.
Percibimos concretamente muy poco resguardo del medio ambiente y menos resguardo de nuestro derecho a vivir en paz en los territorios donde hemos vivido por siglos o miles de años. Los gobiernos provinciales y nacional consideran que los territorios ancestrales de los pueblos orginarios son tierras “fiscales”, sin tener en cuenta las legislaciones nacionales e internacionales. Así, están convirtiendo esos territorios ancestrales en grandes “desiertos verdes” de soja transgénicas, minería, tala bosques y desalojo de sus habitantes. Todas estas políticas son una práctica casi constante en la vida de nuestros pueblos.
El Plan Estratégico de Desarrollo Alimentario
La presidenta Cristina Fernández presentó en octubre del 2011 un Plan Estratégico de Desarrollo Alimentario por diez años. Producirá hacia el año 2020 un aumento del 50 % de la producción que actualmente está sobre 100 millones de toneladas de granos. En su informe no mencionó específicamente cómo se va a llegar a ese espectacular aumento de producción. Sí afirma que se avanzará sobre 9 millones de tierras más para hacerla cultivables. Tampoco mencionó los recaudos para la protección del medio ambiente o sobre la soberanía alimentaria –vital para los Pueblos Originarios y campesinos y también para la población en general–. En estos momentos son las empresas las que deciden qué tipo de alimentación se debe producir, pues el mayor objetivo es tener producción (sin importar los niveles de agrotóxicos para producir los alimentos, mayormente transgénicos).
Para las organizaciones originarias y campesinas es un anuncio angustiante pues por la manera de producir más puede dar como consecuencia más desalojos de los territorios con la consiguiente represión, más desmonte, y más contaminación.
La visita del Relator de la ONU
En noviembre del 2011 el Relator para la Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Dr. James Anaya, visitó la Argentina ante la solicitud de las organizaciones originarias por la violación de sus derechos y la creciente falta de respuesta del Estado argentino ante sus demandas. Cabe mencionar que el gobierno argentino debió formalizar la invitación pues ese es el protocolo de las Naciones Unidas: el relator tiene que estar invitado por un Estado Miembro.
El Relator visitó las provincias de Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Formosa, donde más violaciones a los derechos de los Pueblos Originarios se cometen. En Formosa visitó una comunidad del Pueblo Originario Qom (llamada ‘Primavera’ por el Estado) donde hace un año y en forma muy arbitraria y cruel, un juez afín al gobernador Gildo Infrán ordenó sin motivo alguno un violento allanamiento a la comunidad, asesinando a un dirigente e hiriendo a varios varios más. Todo ocurrió en el territorio ancestral de los Qom.
Dio una conferencia de prensa en Buenos Aires, en la que expresó preocupación por la política extractivista del Estado argentino y por el escaso resguardo por los derechos ancestrales de los Pueblos Originarios.
Por otro lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las ONU, DESC, en un reciente informe del mes de diciembre de este año, cuestionó al Estado argentino por los desalojos y la violencia en contra de las comunidades indígenas. Denunció la violación de la Constitución, el avance minero sobre territorios indígenas, los desmontes, la soja transgénica y el uso de agrotóxicos en territorios indígenas. El documento, de varias páginas muy críticas, insta al Estado argentino a revertir esas políticas.
La Ley Antiterrorista y la Ley de Tierras recientemente aprobadas antes de fin de año
Para terminar el año el gobierno de Cristina Fernández mientras estrena un nuevo Congreso con mayoría absoluta, los legisladores oficialistas votaron a la medianoche, casi sin discusión y con una verticalidad sorprendente, dos leyes aunque diferentes, muy controvertidas y contradictorias enviadas por el Poder Ejecutivo.
La Ley de Tierras
Dado que muchos extranjeros –americanos, asiáticos y europeos– han comprado grandes extensiones de tierras, especialmente en los últimos nueve años, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que limita la compra de tierras por extranjeros a una cantidad no mayor de mil hectáreas en zonas fértiles.
La ley fue considerada insuficiente por los miembros de las organizaciones de Pueblos Originarios y campesinas, pues la misma no va al verdadero trasfondo que es el acaparamiento y uso de sus territorios en Argentina, ya sea por argentinos o extranjeros.
En ningunos de los párrafos se menciona la restitución de las tierras usurpadas a los Pueblos Originarios y campesinos o el agro-negocio que usa la tierra como una mercancía y no como un bien común.
De todos modos esta ley ha abierto el debate para el futuro que es la posesión, tenencia y uso de la tierra.
La Ley Antiterrorista
Casi nadie conocía, causó mucha sorpresa pues en Argentina no existe el terrorismo. A pesar del discurso anti hegemónico, el gobierno cedió ante la presion del GAFI, Grupo de Acción Financiero Internacional, (GAFI) como condición “para considerar a Argentina como un destino seguro de Inversiones Externas Directas”.
Sin definir lo que es terrorismo y sin informar de qué se trataba la ley, el Congreso aceleró el tratamiento por la madrugada e inclusive distorsionó el eje central de la ley al mencionarla como “Ley en contra del lavado de dinero”. Para tal efecto se modificó el Código Penal y en algunos de sus párrafos menciona al “derecho del estado a reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes lo financien”. Así, incorpora una nueva agravante penal para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno de abtenerse de tomar determinada decisión” (…).
Aunque algunos legisladores trataron de explicar que esta ley no se aplicará a las protestas sociales, para los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales que rechazaron esta ley, implica agravar la amenaza de persecusión penal para las personas que luchan por sus derechos y aquellos que apoyan, generando las condiciones para la criminalización de la protesta. (…) "Para el respetado juez de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Raúl Zaffaroni, esta ley es un disparate, una extorsión" (…) El GAFI se toma atribuciones que no le corresponden.
Por otro lado, el gobierno argentino abogó por ser incorporado al “Grupo de los Veinte” de las economías o corporaciones más poderosas que gobiernan el mundo hoy día. El discurso de apoyo a la unidad regional y sus postulados de luchar contra la hegemonía de los organismos del norte, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras potencias económicas internacionales es contradictorio. Solicitar y lograr ser parte del Grupo de los Veinte países que son los que imponen sus políticas económicas de dominación a los otros 171 países que integran la ONU, es una política difícil de entender en términos de unidad sudamericana (¿será entendible para el resto de los gobiernos sudamericanos?). Por otro lado promueve la integración económica a través del MERCOSUR junto a Brasil y con sus hermanos “menores” del sur.
En conclusión, algo anda mal en la llamada democracia. La participación de la gente se reduce solo a votar cada cuatro años. Es como firmar un “cheque en blanco” para que sus representantes decidan por todos los temas que afectan a sus vidas y la existencia de un planeta que es de todos y no solo de los elegidos para gobernar.
La política de pregonar una cosa y hacer otra tiene sus límites y en algún momento se va a tener que ir al fondo de los problemas si se quiere realmente forjar un país saludable, participativo y democrático. El asistencialismo hace al pueblo dependiente y conduce a la debilitacion del Estado mismo.
Pero no todo es nubarrón en el futuro, hay muchas organizaciones y personas que apoyan al gobierno que son conscientes y de muy buena voluntad y que, ojalá tomen conciencia que apoyar a un gobierno no es decir que todo está bien, sino que hay que señalar aquellas medidas que perjudicarán a mediano y largo plazo a todo el pueblo en general. Aún estamos a tiempo.
La presidenta y su gobierno tienen la oportunidad y la responsabilidad histórica de hacer justicia con los Pueblos Originarios y campesinos y reparar el enorme daño causado por las sucesivas colonizaciones, que aún en este inicio del siglo XXI no se detienen.
Es tiempo de reconsiderar esta democracia impuesta con un modelo político-económico capitalista desde hace doscientos años y dar paso a una Asamblea Constituyente o lo que el pueblo decida. Esto debería ser una tarea primordial para un futuro cercano.
Refundar y reencaminar el país al que muchos consideramos que vive en un sistema fuera de época, obsoleto, encaminarlo hacia una sociedad más participativa, pluralista, democrática, respetar la diversidad cultural y estrechar con hechos concretos los lazos con los hermanos de la llamada latinoamérica, son el gran desafío y la gran tarea pendiente de los pueblos.
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* El autor es mapuche, vicepresidente de la Comisión Mapuche La Azotea, Los Toldos. Miembro Abya Yala Nexus. Mundo Indígena Internacional
Comentarios
que Vivan los Pueblos Originarios ! un saludo desde Uruguay
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