Por Nilo Cayuqueo*
31 de diciembre, 2011.- El 2011 fue el último año del primer mandato de Cristina Fernández y recientemente reelegida con el 54 por ciento de los votos por otro periodo de cuatro años. El anterior fue de su esposo Néstor Kirchner del 2003 al 2007, fallecido abruptamente en octubre de 2010.
Con todas las contradicciones que han tenido los dos periodos presidenciales de los Kirchner, es justo y necesario remarcar aspectos positivos de ambos periodos.
Por mencionar algunos: la aprobación de una nueva Ley de Medios Audiovisuales para democratizar la información que está en manos de las empresas que manejan la economía y el destino del país (la última había sido promovida por los militares y en vigencia con pequeños cambios posteriores en la era democrática).
El juzgamiento a un número de alrededor de más de cuatrocientos militares represores del golpe militar del año 1976 ha sido muy positivo. Aunque bueno es decir que fueron varios miles los que cometieron masacres y muertes con más de 30 mil asesinados y desaparecidos.
Lamentablemente la justicia llegó un poco tarde, pues la mayoría de los represores por su avanzada edad habían muerto o estan en la etapa senil, pues habían pasado 26 años desde el advenimiento de la democracia cuando el ex presidente Kirchner decretó la anulación del perdón que había sido concedida por el ex presidente radical Raúl Alfonsín en el año 1986.
La jubilación a miles de personas que no pudieron aportar todo lo necesario para jubilarse pero que con este gobierno pudieron hacerlo.
La asignación universal por hijo de alrededor de 270 pesos (63 dólares mensuales) para madres de bajos recursos, la entrega de computadoras portátiles note books a alumnos de las escuela primarias, becas y una promocion de la cultura artistica en general.
Es importante destacar que en Argentina se ha dado el mejoramiento de la economía, fundamentalmente por las exportaciones de soja transgénica a China, Europa y Brasil, mayormente por los grandes grupos financieros del llamado ”campo”, sobre un total de 19 millones de hectáreas cultivadas de soja (nada menos que el 56 % de la tierra cultivable en Argentina).
Se prevee para el 2011-2012 una producción de 50 millones de toneladas, sin contar la exportación de aceite de soja. El valor estimado es de 21 mil millones de dólares de los cuales el gobierno retiene el 35 % por un valor aproximado de 8.800 millones de dólares.
Cabe destacar que para obtener esa producción hubo que usar alrededor de 200 millones de litros de glifosatos y otros nuevos productos desfoliantes. Este uso indiscriminado de agrotóxicos ha impactado en la pérdida de biodiversidad en gran escala, creando desequilibrios ecológicos y una alarmante aumento de las enfermedades respiratorias en los seres humanos. El cáncer ha aumentado considerablemente.
En todo este contexto y desde el punto de vista indígena y campesino, la situación no ha cambiado sustancialmente con los Kirchner en el poder. Excepto lo mencionado mas arriba, como el de recibir ciertos beneficios sociales como jubilación o planes de sustento de familias que estuvieron destinados a toda la población.
Por otro lado, la persistencia en el llamado a desarrollar altas tecnologías y “desarrollo con valor agregado” en el campo a costa de cualquier precio, la falta de una política clara con desarrollo sustentable a largo plazo y desconociendo a los principales protagonistas que son los pueblos que viven en esas áreas, ha creado muchas dudas sobre el futuro de ese llamado desarrollo.
Las alianzas estratégicas con gobernadores tradicionalemente conservadores y represores de los pueblos originarios y campesinos como en las provincias de Formosa, Jujuy, Salta, Neuquen, Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires, crea mucha incertidumbre hacia el futuro.
Las leyes que solo quedan en el papel
El irrespeto a las leyes y los acuerdos internacionales a los cuales el gobierno se comprometió a cumplir como es el caso del Convenio 169 de la OIT, fundamentalmente en el respeto a la consulta a los pueblos originarios para cualquier plan de desarrollo o extracción de recursos en sus territorios y el ejercicio de la autodeterminación a sus modos de desarrollo de acuerdo con su cultura, la Declaracion Universal de los Derechos de los Pueblos Indigenas, la Constitución misma aprobada en el año 1994 que reconoce a los pueblos oroginarios como “preexistente al estado argentino”, la ley de proteccion de los bosques, que en la práctica no se cumple porque se continúa con los desmontes para plantar soja y la ley de suspensión de desalojos que fue prorrogada por cuatro años más. Todas esta leyes y acuerdo muy rara vez se aplican.
En los últimos dos años cuatro campesinos y originarios fueron asesinados por fuerzas policiales por oponerse a la politica del avance de la soja sobre territorios ancestrales de esos pueblos. Esto se hizo con la complicidad de la llamada justicia, los gobiernos provinciales y el mirar para otro lado del gobierno nacional, sin que hasta la fecha se haya hecho justicia.
Mas de mil líderes indígenas y campesinos en todo el pais estan siendo judicializados y procesados por defender sus derechos ancestrales en contra de las industrias extractivas y el agro negocio de la soja.
A pesar que existe la ley 26.160 (prorrogada) que suspende el desalojo de sus territorios ancestrales y decreta a hacer un relevamiento de los mismos, esto en la practica no se respeta pues decenas de comunidades han sido ya desalojadas.
El nivel de desnutrición en las comunidades, sobre todo en las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Jujuy es muy elevado. A consecuencia de esto siguen muriendo niños y ancianos por falta de alimentación. Enfermedades que ya han sido erradicadas en otros lugares como son la tuberculosis, chagas y dengue hoy dia estan afectando a cientos de comunidades en las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Salta.
Es irritante e inaceptable la intromision en la politica interna de las organizaciones de los pueblos originarios (denunciadas por las organizaciones indigenas durante la reciente visita del relator para pueblos indígenas de la ONU) a traves del Instituto de Asuntos Indigenas, INAI y la Secretaria de Pueblos Originarios del Ministerio de Medio Ambiente, apoyando a aquellas organizaciones que no se oponen a su politicas.
La contratacion a personas originarias, grandes reuniones donde los delegados viajan en avión a cualquier parte del país con fondos del Estado ha conseguido la dispersión y fragmentación de las organizaciones que tradicionalemnte estaban unidas, creando una honda preocupación con el consiguiente debilitamiento de las mismas.
Otro tema muy importante es la polarización de los medios de comunicación entre la derecha tradicional y los medios afines al gobierno, donde el mismo ha destinado muchos millones de dólares para crear nuevos medios pero que lamentablemente estos, por lo general, deben seguir el discurso oficial sin hacer mayores críticas. En definitiva, los pueblos originarios, los campesinos y la izquierda independiente no tienen espacio (salvo algunos medios alternativos) para dar a conocer sus denuncias y propuestas.
Respecto a la minería, el gobierno de Cristina Fernández ha hecho política de estado la explotación minera en todo el país. El aumento de la explotación minera aumentó en más un de un mil por ciento en los ultimos años. Cabe mencionar que la presidenta misma se reunió con una de las más grandes y cuestionadas compañías mineras del mundo como es la canadiense Barric Gold responsable de la mina de oro y plata Pascua Lama que está en los límites de Chile y Argentina y que planea entrar en producción en el 2013.
Esa minera producirá alrededor de 14 millones de onzas de oro durante 14 años. Trabajará a cielo abierto y para ello, según los cientificos, provocará los deshielos de los glaciares existentes en el área, contaminará los ríos y las napa subterránea de las aguas.
Cabe agregar que la presidenta vetó la ley que fue aprobada por el Congreso y que prohibía la minería en esa área de glaciares. Luego fue promulgada nuevamente y aunque esta vez no la vetó, aun no se puede aplicar porque la empresa y el gobernador de la provincia de San Juan -quien está a favor de la mina- apelaron la decisión y está en los tribunales.
Pero minas y proyectos mineros hay por casi todo el pais. El relator de las NU visitó la comunidad de Salinas grande en Jujuy que está siendo afectada por la mineria de litio. Lo mismo ocurre en varias provincias como la de Río Negro donde a pesar de que la lucha de la gente obligó al gobierno anterior a aprobar una ley que prohibe la mineria a cielo abierto, durante esta semana el nuevo gobernador peronista logró revertir esa ley y ahora se podrá explotar minas a cielo abierto en esa provincia.
Un poco de la historia reciente
La muerte de Nestor Kirchner en octubre del 2010 creó un panorama de imprevisibles consecuencias políticas y estuvo marcado por la incertidumbre de lo que ocurriría a partir de ese acontecimiento.
Ante la dispersión de los partidos y organizaciones progresista, el peronismo se volvio a ratificar como la alternativa política para esos millones que votaron nuevamente a Cristina Fernández.
Exigiendo derechos durante la celebración de la Independencia
En el mismo año y anterior a la muerte de Kirchner, Argentina celebró en el mes de julio del 2010 los 200 años de indepnedencia, El gobierno promovió una gran celebracion con varios semanas de fiesta y un impresionante desfile y espectáculo artístico en la Avenida 9 de julio.
Los pueblos originarios y las organizaciones campesinas aprovecharon la oportunidad para organizar una gran marcha a Buenos Aires de todas partes del país y en un número de alrededor de 20 mil llegaron a la histórica Plaza de Mayo (frente a la casa de gobierno) para demandar justicia, reparación histórica por los genocidios y la sistemática negación de sus derechos ancestrales.
La presidenta los recibió en la casa de gobierno pero no solo no se comprometio a solucionar los graves problemas por los que atravesaban sino que ante la presentación de documentos con propuestas, respondió que estaba de acuerdo con algunos temas pero en otros “no estaba de acuerdo para nada”. Esto no fue un buen indicio ya que se esperaba otro tipo de recepción y creó cierta desazon por la falta de respuesta concreta a las históricas demandas.
Por qué no hay respuesta
La razones de fondo a la falta de respuestas a las demandas concretas de los pueblos originarios y campesinos es que el Estado mismo y sus gobernadores aliados tienen una clara política extractivista de los llamados recursos naturales. La mayoría de esos recursos, como minas, petróleo, bosques, estan donde viven dichos pueblos.
Con muy poco resguardo del medio ambiente y el derechos de esos pueblos a vivir en paz en sus territorios donde han vivido por siglos o miles de años, el gobierno ya sea provincial o nacional y al ser tierras “fiscales”, es decir que pertenecen al Estado estan convirtiendo esos territorio ancestrales en grandes sembradíos de soja transgenicas. Por lo tanto, la tala bosques y el desalojo de sus habitantes son una practica casi constante en la vida de esos pueblos.
El Plan Estratégico de Desarrollo Alimentario
La presidenta Cristina Fernádez presentó en octubre de 2011 un Plan Estrategico de Desarrollo Alimentario por diez años. Este plan producirá hacia el año 2020 un aumento del 50 por ciento de la producción que actuamente está sobre 100 millones de toneladas de granos.
En su informe no mencionó específicamente cómo se llegará a ese espectacular aumento de producción, pero sí menciona que se avanzará sobre 9 millones de tierras más para hacerla cultivables. Tampoco mencionó los recaudos para la protección del medio ambiente o sobre la soberanía alimentaria que es vital para los pueblos originarios y campesinos, pero tambien para la poblacion en general pues en estos momentos son las empresas las que deciden que tipo de alimentación se debe producir, pues el mayor objetivo es tener producción sin importar los niveles de agrotóxicos para producir los alimentos, mayormente transgénicos que se usan para el consumo de la población.
Para las organizaciones originarias y campesinas fue un anuncio preocupante pues la manera de producir más puede ser a costa de más desalojos de sus tierras, más desmontes y contaminación.
La visita del Relator de la ONU
Recientemente, en noviembre de 2011 el Relator para la Cuestiones Indigenas de las Naciones Unidas, Dr. James Anaya, visitó la Argentina ante la solicitud de las organizaciones originarias por la violación de sus derechos y la creciente falta de respuesta del Estado argentino ante sus demanda . Cabe mencionar que el gobierno argentino debió formalizar la invitación pues este es el protocolo de las Naciones Unidas, y el relator tiene que estar invitado por un estado miembro.
El Relator visitó las provincias de Neuquen, Río Negro, Salta, jujuy y Formosa que es donde más violaciones a los derechos de los pueblos originarios se cometen.
En Formosa visitó la comunidad Qom, llamada Primavera, donde hace un año y en forma muy arbitraria y cruel, un juez afin al gobernador Gildo Infran ordenó sin motivo alguno un violento allanamiento a la comunidad asesinando a un dirigente e hiriendo a varios varios más. Todo esto, en el territorio ancestral de los Qom.
También dio una conferencia de prensa en Buenos Aires donde expresó preocupaciones por la política extractivista del Estado argentino y que tiene muy poco resguardo por los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
Por otro lado, el Comité de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de las ONU, DESC, (ver en internet) en un reciente informe del mes de diciembre de este año, cuestionó al Estado argentino por los desalojos y la violencia en contra de las comunidades indígenas.
Denunció la violacion de la Constitucion, el avance minero sobre territorios indigenas, los desmontes, la soja transgénica y el uso de agrotóxicos en territorios indigenas. El documento de varias páginas muy criticas, insta al Estado de Argentina a revertir esas politicas.
La Ley Antiterrorista y la Ley de Tierras aprobadas recién a fin de año
Para terminar el año el gobierno y estrenando un nuevo congreso con mayoría absoluta, los legisladores oficialistas votaron en dos días maratónicos, casi sin discusión y con una disciplina vertical pocas veces vista, dos leyes aunque difgerentes, muy controvertidas y contradictorias enviadas por el Poder Ejecutivo.
La Ley de Tierras:
Dado que últimamente muchos extranjeros, especialmente americanos y europeos, han comprado tierras el Poder Ejecutivo decidió enviar al Congreso un proyecto de ley para limitar la extranjerizacion de tierras en Argentina.
La nueva norma también votada en la misma noche, limita la compra por extranjeros a una cantidad no mayor de 1000 hectareas en zonas fértiles.
La ley fue considerada insuficiente por los miembros de las organizaciones de pueblos originarios y campesinas, pues la misma no va al verdadero trasfondo que es el acaparamiento y uso de las tierras en Argentina, ya sea por argentinos o extranjeros.
En ningunos de los parrafos se menciona la restitución de las tierras usurpadas a los pueblos originarios y campesinos o el agro negocio que usa la tierra como una mercancía y no como un bien común.
De todos modos, esta ley ha abierto el debate para el futuro que es la posesión, tenencia y uso de la tierra.
La Ley Antiterrorista
La Ley Antiterrorista que casi nadie conocía, causó mucha sorpresa pues en Argentina no existe el terrorismo. Se aprobó cediendo ante la presion del Grupo de Accion Financiero Internaciona (GAFI) como condición “para considerar a Argentina como un destino seguro de Inversiones Externas Directas”.
Sin definir lo que es terrorismo y sin informar de qué se trataba la ley, el Congreso aceleró su tratamiento por la madrugada e inclusive distorsionó el eje central de la ley al mencionarla como “Ley en contra del lavado de dinero”. Para tal efecto se modificó el Codigo Penal y en algunos de sus parrafos menciona al “derecho del estado a reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes lo financien”, “incorpora una nueva agravante penal para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la poblacion o de obligar a un gobierno de abtenerse de tomar determinada decision” (…).
Aunque algunos legisladores trataron de explicar que esta ley no se aplicará a las protestas sociales, para los organismos de derecho humanos y las organizaciones sociales que rechazaron esta ley, implicaría agravar la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por sus derechos, generando las condiciones para la crimilización de la protesta.” (…)
Para el respetado juez de la Corte Suprema de Justicia Dr. Raul Zaffaroni, esta ley es un disparate, una extorsión pues el GAFI se toma atribuciones que no le corresponde.
Por otro lado, el gobierno argentino que abogó por ser incorporado al “Grupo de los Veinte” de las economías o corporaciones más poderosas que gobiernan el mundo hoy dia, (tener en cuenta que los países nucleados en la ONU son 191) tiene una política difícil de entender en términos de unidad sudamericana (será entendible para el resto de los gobiernos sudamericano ?) porque por otro lado promueve la integración económica a traves del MERCOSUR junto a Brasil y con sus hermanos “menores” del sur.
Conclusion
En conclusion, la política de pregonar una cosa y hacer otra tiene sus límites y en algún momento se tendrá que ir al fondo de los problemas si se quiere realmente forjar un país saludable, participativo y democrático.
La presidenta y su gobierno tienen la oportunidad y la responsabilidad histórica de hacer justicia con los pueblos originarios y campesinos y reparar el enorme daño causado por la colonización.
Refundar y reencaminar el país al que muchos consideramos que vive en un sistema fuera de época u obsoleto y encaminarlo hacia una sociedad mas participativa y democrtica, respetando la diversidad cultural y estrechar con hechos concretos los lazos con los hermanos de la llamada latinoamerica son el gran desafío pendiente.
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*Nilo Cayuqueo es un reconocido escritor y activista del pueblo Mapuche de Argentina, vicepresidente de la Comision Mapuche La Azotea. Los Toldos. Es miembro de la asociación Abya Yala Nexus / Mundo Indigena Internacional.
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