Por Cecilia Remón
Noticias Aliadas, 25 de noviembre, 2011.- “¿Qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro. Que no venga la minera a agarrar los colchones acuíferos”, decía el pasado abril durante la campaña electoral el entonces candidato presidencial Ollanta Humala a miles de personas reunidas en la norandina ciudad de Cajamarca.
El 16 de noviembre, casi cuatro meses después de haber asumido la presidencia, Humala pareciera haber cambiado de discurso tras las violentas protestas contra la explotación minera ocurridas en cuatro departamentos del país, incluido Cajamarca.
En una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario afirmó que “el gobierno no acepta el ultimátum de nadie”, en relación a la presión de las comunidades contra la minería. “Como gobierno vamos a proteger los recursos naturales pero también las actividades productivas”.
“No somos antimineros”, agregó. “No queremos entrar a posiciones extremas y eso tenemos que hacerle entender a la población. Queremos el agua y el oro”.
Humala se refería específicamente a Conga, un proyecto de US$4.8 millardos para extraer oro y cobre que se encuentran debajo de tres lagunas ubicadas en la parte sureste de Cajamarca y que desarrollará Minera Yanacocha, de propiedad de la empresa estadunidense Newmont Mining, la peruana Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional (IFC), afiliada al Banco Mundial.
El proyecto, que está ubicado en una cabecera de cuenca, prevé trasvasar las aguas de las lagunas a reservorios artificiales, lo cual provocó la ira de la población.
“No queremos que afecten nuestras aguas”
No es la primera vez que la población de Cajamarca protesta contra la minería a gran escala que amenaza sus recursos hídricos. Hace siete años, masivas protestas obligaron a Yanacocha a abandonar su pretensión de explorar el Cerro Quilish, considerado sagrado y fuente de agua para las comunidades locales, en busca de oro.
El nuevo conflicto social estalló a mediados de octubre, cuando las comunidades aledañas bloquearon la carretera que lleva al campamento minero e incendiaron maquinaria perteneciente a un contratista de la empresa. Los comuneros afirman que el proyecto amenaza los recursos hídricos.
“Dicen que somos antimineros y que no queremos el desarrollo, pero no es así”, dijo en entrevista con el diario La República Daniel Gil Terrones, poblador del caserío El Lirio. “Lo que no queremos es que afecten nuestras aguas que usamos para nuestro consumo y el de nuestro ganado. Queremos que se conserven nuestras lagunas naturales”.
Estas comunidades, dedicadas a la agricultura y la ganadería, se encuentran entre las más pobres del país. Ocho de cada 10 pobladores de ellas viven en la pobreza, según el gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).
La visita a principios de noviembre de tres ministros —Miguel Caillaux, de Agricultura, Carlos Herrera, de Energía y Minas, y Ricardo Giesecke, del Ambiente— no calmó los ánimos de la población. El 9 de noviembre los residentes de Cajamarca volvieron a protestar contra el proyecto.
Lo que actualmente está en la mira es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga, aprobado en octubre del año pasado y que garantiza que el proyecto se va a desarrollar.
Según un funcionario gubernamental que pidió mantener su nombre en reserva, “Yanacocha presentó el EIA en febrero del 2010 y fue aprobado en octubre del 2010, en sólo ocho meses, todo un récord. El proceso de aprobación de un EIA en el Perú demora dos años en promedio”.
El Ministerio del Ambiente se encuentra revisando el EIA de Conga y hasta el momento ha encontrado una serie de vacíos, incluyendo la ausencia de un estudio hidrogeológico, indispensable para entender el funcionamiento de las lagunas, y no haber valorizado los servicios ambientales que prestan esos ecosistemas.
“Las lagunas cumplen un servicio ambiental, de captación y redistribución del agua; implica cantidad, calidad y disponibilidad del recurso”, explicó Julia Cuadros, directora de la organización no gubernamental CooperAcción. “No es posible reemplazar un sistema natural por uno artificial, así este tenga más agua. Lo que hay que proteger son las zonas de recarga hídrica. Conga es una muestra de todo lo que no se debe hacer”.
“Los principales yacimientos mineros del país se encuentran en las alturas de los Andes donde hay cabeceras de cuencas y zonas de recarga hídrica”, dijo.
Para Cuadros, “es necesario ordenar el territorio, dónde se puede desarrollar minería y dónde no, y no dividirlo en cuadrículas (concesiones), a través de una decisión administrativa del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). No hay un mecanismo técnico para determinar si esa cuadrícula debe ser concesionada”.
Uno de los problemas de fondo es que los EIA son realizados por consultoras contratadas por las empresas mineras y se hacen “a gusto del cliente”, señaló Cuadros. Además, la evaluación del EIA, realizada por el MINEM, no puede estar en manos de mismo sector que otorga las concesiones.
Conflictos socioambientales en todo el país
Actualmente existen 217 conflictos sociales en el país, 50% de ellos socioambientales, de los cuales 70% son mineros, según la Defensoría del Pueblo.
Entre octubre y noviembre, además de Conga, estallaron otros conflictos relacionados con minería en los departamentos de Ancash, Apurímac y Madre de Dios, lo cual es considerado por muchos como el “fin de la tregua” que le dieron a Humala las comunidades afectadas por la minería y que votaron mayoritariamente por él.
Cuadros considera que el manejo de conflictos del actual gobierno es “más de lo mismo”.
El funcionario gubernamental y Cuadros coinciden en que no existe una política de prevención de los conflictos sociales; no se resuelven, sino que se adecúan.
Cuadros dice que no se abordan las causas estructurales de los conflictos: política de concesiones, expansión minera, disputa por tierra y agua con comunidades locales y el trato antidemocrático del Estado y las empresas hacia las poblaciones cuyas opiniones son pasadas por alto.
“Lo que está en juego son los derechos que no son tomados en cuenta”, sostiene.
Aunque un sector del gobierno considera que existe un grupo de izquierda radical que está detrás de los conflictos sociales, interesado en golpear al gabinete, el funcionario gubernamental cree que cada conflicto tiene su propia dinámica.
“Los actores son sumamente débiles como para pensar que todo lo que está pasando tiene una estrategia común, de que hay un grupo político detrás de los conflictos”, dijo. “Creo, más bien, que estamos en una nueva etapa política, un momento de giro muy complicado”, añadió, en referencia a las declaraciones presidenciales defendiendo las inversiones mineras.
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