Servindi, 27 de setiembre, 2011.- 53 nativos de la región San Martín se encuentran sentenciados con penas privativas entre 10 y 35 años por diversos delitos sin que la justicia ordinaria haya contemplado otras medidas diferentes al encarcelamiento y sus condiciones económicas, sociales y culturales tal como lo dispone el Convenio 169 de la OIT.
Son indígenas de varios pueblos como el achuar, cocama, ticuna, shapra, kechwa, yagua, bora, huitoto, shawi, chayahuita, kandozi y awajún, que purgan condena en los penales de Tarapoto, Iquitos y Huancayo.
Israel Tuanama, apu kechwa de la comunidad nativa Kopai Sacha, de la provincia El Dorado, denunció que varios de sus hermanos indígenas son denunciados por el delito contra el honor sexual a menores de edad cuando para la comunidad se trata de relaciones consentidas por la mujer y su familia de acuerdo a su cultura.
A consecuencia de ello, se separa a los integrantes de la nueva familia, perjudicando a la futura madre que deberá criar y alimentar sola a sus hijos. Mientras tanto, el varón permanece en prisión 25 ó 35 años.
Segundo Hernández, asesor de las comunidades, lamentó que la justicia ordinaria no contemple el artículo 10 del Convenio 169 de la OIT que dispone que se “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
Además, dijo, muchos de los casos debieron ser vistos por la jurisdicción indígena, como robos u otros.
Solo en el penal de Tarapoto existen 29 condenados por honor sexual y 4 por homicidio. En Iquitos hay 19 condenados y 13 procesados por honor sexual. Por homicidio hay dos condenados y 7 procesados.
Por su parte, Marcial Alegría García, en representación del apu de la comunidad nativa Alto Vista Alegre Shitariyacu dijo que durante los procesos no se cuenta con abogados defensores, intérpretes y peritos antropológicos que perjudica evidentemente a los nativos.
Cuando el juez les pregunta si ellos ratifican los cargos por los que se les acusa, no entienden esa palabra, y la confunden con “rectificar”.
Gestión en Lima
Los líderes nativos recorrieron varias dependencias del Estado para gestionar una modificación de las penas.
Visitaron el ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, a algunos congresistas, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación e Indepa.
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