Servindi, 19 de agosto, 2011.- El juzgado en lo Civil y Comercial Común de la Segunda Nominación reconoció la posesión ancestral de territorios de la Comunidad India Quilmes (CIQ), establecida en Colalao del Valle, provincia de Tucumán. La resolución también suspendió el desalojo de los indígenas dispuesto por fallos judiciales previos.
En la sentencia, el juez Carlos Arraya, dispuso que "se abstenga de realizar todo acto que implique lanzamiento de los miembros de la CIQ y de todo territorio que ocupe ancestralmente de forma pacífica e ininterrumpida, desde tiempo preexistente al Estado nacional con relación al inmueble ubicado sobre la ruta 40 km 4306".
La justicia argentina basó su decisión en la Ley 26160 que implica el freno a la posibilidad de concretar desalojos en ese territorio. La normativa "ordena la suspensión de ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias del país".
El dictamen fue adoptado sobre una Acción de Posesoria presentada por la asociación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que representa a la población originaria.
Por cuarta vez en dos años, la comunidad estaba en riesgo de ser desalojada. En el último intento de expulsión de sus territorios, acaecido en abril pasado, se produjo un operativo violento sobre los integrantes de la comunidad, que incluso fueron agredidos con gases lacrimógenos y balas de goma por parte de la policía. Así lo señalan representantes de la defensa.
"El fallo echa por tierra las artimañas legales que suelen utilizar quienes pretenden adueñarse de esas tierras, esto es, el inicio de acciones legales en contra personas individuales (y no contra la comunidad indígena) para activar la vía civil y evitar así todo el derecho comunitario que asiste a las comunidades originarias en nuestro país".
“Resulta un logro democrático. El Poder Judicial Provincial venía negando sistemáticamente a nuestras comunidades, puesto que el reconocimiento de la CIQ como parte en el conflicto, en este caso con la denominada "comunidad" Aráoz Hermanos, le da a la comunidad la garantía democrática de defenderse con todo el derecho que le asiste", explicaron.
La resolución del juzgado se opone a lo dispuesto por el juzgado de Documentos y Locaciones de la Tercera Nominación, a cargo de Juan Carlos Peral, quien emitió la orden para que, a partir de un operativo, se proceda al desalojo de las tierras en cuestión.
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